Por Patricia Escobar

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MISIONES (3/10/2026).- El proyecto de ley de modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Misiones, que propone elevar del 15% al 25% el umbral de pendiente para determinar qué superficies quedan comprendidas dentro de la categoría de protección de bosques nativos, suma nuevos cuestionamientos desde el sector ambiental. Fue presentado el miércoles por el diputado provincial Miguel Nuñez, por iniciativa de productores y empresarios agroforestales, ganaderos y propietarios de bosques nativos.

El representante legal de la Asociación Civil Orembae, el abogado Martín Ferroni, en contacto con ArgentinaForestal.com advirtió que la iniciativa impulsada por el diputado provincial Miguel Núñez sería «inconstitucional» en sus planteos, y por otro lado, podría habilitar cambios de uso de suelo actualmente restringidos por el OTBN.

Ferroni sostuvo que, en su formulación actual, «el proyecto resulta inconstitucional y vulnera el principio de no regresión ambiental».

El pronunciamiento introduce una nueva dimensión al debate abierto en la Cámara de Representantes de Misiones: cuál debe ser el equilibrio entre la conservación del bosque nativo, el derecho de los propietarios sobre sus tierras y la necesidad de ampliar las posibilidades productivas de pequeños y medianos productores.

El proyecto del diputado Nuñez plantea modificar las leyes provinciales XVI-N° 105, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, y XVI-N° 53, de Bosques Protectores y Fajas Ecológicas. De aprobarse, los bosques ubicados en terrenos con pendientes de entre el 15% y el 25% dejarían de quedar automáticamente comprendidos en la Categoría II —Amarillo— y podrían pasar a la Categoría III —Verde—, donde determinadas actividades productivas pueden ser autorizadas bajo condiciones establecidas por la normativa, siempre con evaluación técnica y aprobación del Ministerio de Ecología de Misiones.

Desde el sector productivo agroforestal que impulsa la modificación se sostiene que «el actual umbral del 15% resulta restrictivo frente a la topografía misionera y deja fuera de la actividad productiva superficies que podrían ser aprovechadas de manera sostenible».

También se plantea la necesidad de revisar la situación de propietarios que mantienen bosques en sus predios sin contar, según los fundamentos del proyecto, con mecanismos de compensación adecuados.

Orembae plantea una interpretación diferente sobre las consecuencias de la reforma.

Orembae: “Lo que hoy está prohibido pasaría a estar permitido”

Desde organización ambiental sostiene que el cambio propuesto implicaría una reducción del nivel de protección actualmente vigente para una superficie que considera significativa del territorio provincial.

Según argumenta el abogado especialista en Derecho Ambiental, los bosques ubicados en laderas con pendientes de entre el 15% y el 25% pasarían de una categoría donde el desmonte está prohibido a otra en la que podría autorizarse el cambio de uso de suelo.

También advierte que, en determinadas superficies, desaparecería la prohibición de transformar el bosque para destinarlas a cultivos.

Para Orembae, el problema central no radica solamente en modificar un porcentaje de pendiente, sino en recategorizar áreas de bosque nativo sin contar previamente con estudios técnicos específicos que permitan dimensionar las consecuencias sobre los suelos, el agua y la biodiversidad.

La entidad sostiene que Misiones presenta una topografía caracterizada por lomadas y pendientes y que sus suelos rojos son susceptibles a procesos erosivos. En ese contexto, considera que cualquier modificación del régimen de protección debería estar respaldada por evidencia técnica y ambiental.

El debate jurídico: protección ambiental y cambio de uso de suelo

Uno de los principales argumentos de Orembae es que la modificación del OTBN debería realizarse respetando los procedimientos establecidos por la legislación nacional de protección de bosques nativos.

La organización sostiene que la Ley Nacional 26.331 exige que las modificaciones del ordenamiento territorial contemplen criterios técnicos y procesos participativos, y cuestiona que el proyecto establezca una recategorización general de determinadas áreas para luego disponer la actualización de la cartografía.

También plantea objeciones vinculadas con la participación ciudadana y la consulta a comunidades indígenas, y considera que la iniciativa podría entrar en tensión con las restricciones establecidas para los bosques incluidos en las categorías de mayor protección.

En ese marco, Orembae invoca el principio de no regresión ambiental, según el cual los niveles de protección alcanzados no deberían reducirse sin una justificación suficiente, y menciona como antecedentes jurisprudenciales los casos “Majul”, “Salas” y “Mamani” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Un Estado que retrocede en la protección de sus bosques sin estudios y sin escuchar a su pueblo deja de ser un Estado Ambiental de Derecho”, afirmó Martín Ferroni, coordinador legal de Orembae.

El abogado sostuvo además que el bosque ubicado en laderas cumple funciones vinculadas con la protección del agua y los suelos y planteó que su conservación no debería ser considerada un obstáculo al desarrollo productivo.

La compensación a los propietarios, otro eje de la discusión

El planteo de Orembae también aborda uno de los argumentos centrales de los sectores productivos: la situación de los propietarios privados que mantienen superficies de bosque nativo bajo categorías de conservación y encuentran restringido su uso productivo.

La organización reconoce que existe una problemática vinculada con los pequeños y medianos productores, pero sostiene que la respuesta no debería ser reducir la protección ambiental.

En ese sentido, señala que el Decreto 67/2011, reglamentario de la Ley XVI-N° 105, contempla mecanismos de compensación para quienes conservan bosques comprendidos en las Categorías I y II mediante planes de conservación o manejo sostenible financiados con fondos provinciales y nacionales.

“Si esa compensación no llega a los productores, la solución es hacerla funcionar y financiarla, no eliminar la protección”, plantea la entidad.

Un debate que recién comienza

Orembae solicitó a los legisladores provinciales que no avancen con el tratamiento del proyecto sin contar previamente con un estudio técnico que permita cuantificar la superficie alcanzada por la modificación y evaluar sus posibles impactos sobre suelos, agua y biodiversidad.

También pidió la convocatoria a una audiencia pública y la realización de la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas.

Finalmente, reclamó al Poder Ejecutivo provincial que haga efectiva la compensación prevista para los propietarios que conservan bosques nativos y anticipó que, si la iniciativa fuera sancionada en su forma actual, promoverá acciones judiciales.

La posición de Orembae se incorpora así a una discusión que trasciende la modificación de un umbral de pendiente. El debate plantea una cuestión de fondo para el desarrollo territorial de Misiones: cómo definir qué superficies pueden incorporarse a la producción, bajo qué criterios técnicos y ambientales, y qué mecanismos deben garantizar simultáneamente la conservación del bosque nativo y la sustentabilidad económica de los productores que mantienen esas superficies en sus propiedades.

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Fuente: Agencia CAF 

COLOMBIA (13/10/2026).- CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— destinará inicialmente USD 1.000 millones para apoyar a los países de la región en la preparación y respuesta ante un posible “súper Niño” durante 2026-2027, un episodio de intensidad excepcional que podría generar impactos económicos, sociales, ambientales y fiscales de gran magnitud.

La entidad trabajará junto a gobiernos nacionales y locales, bancos de desarrollo, el sector financiero y empresarial y otros actores para fortalecer las capacidades de anticipación, prevención y respuesta frente a los efectos del fenómeno climático.

Según las estimaciones científicas citadas por CAF, El Niño 2026-2027 podría alcanzar una intensidad excepcional y provocar impactos heterogéneos entre países y territorios.

El escenario climático de el niño contempla sequías, altas temperaturas, inundaciones y un incremento de las precipitaciones, con posibles consecuencias sobre servicios públicos esenciales, entre ellos el abastecimiento de agua y energía.

A estos efectos se sumarían riesgos para la salud pública y la seguridad alimentaria, además de impactos sobre la actividad económica derivados de pérdidas agrícolas, ganaderas y pesqueras, daños en infraestructura, menor productividad e interrupciones en las cadenas de suministro y logística. También podría producirse un incremento de los precios de los commodities.

De acuerdo con estimaciones de la CEPAL, un episodio de estas características podría ocasionar pérdidas equivalentes al 2% del PIB regional y aumentar la pobreza en 4,8 millones de personas.

“Este Niño tiene el potencial de ser el más fuerte de los últimos 100 años, lo que amenaza directamente el bienestar y los medios de vida de millones de personas y comunidades que ya enfrentan condiciones difíciles”, señaló Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

En ese contexto, presidente de la entidad destacó que los recursos anunciados buscan permitir que los países se anticipen a los impactos, protejan a sus poblaciones y respondan ante eventuales emergencias.

“La resiliencia de América Latina y el Caribe es nuestra prioridad y hace parte integral de nuestra estrategia. Estamos acompañando las necesidades inmediatas y las prioridades de largo plazo de nuestra gente por diferentes canales y en distintas modalidades”, sostuvo Díaz-Granados.

Ministros de Economía analizarán la gestión financiera de desastres

Como parte de esta estrategia regional, el Foro CAF América Latina y el Caribe realizará en Panamá, los días 27 y 28 de enero de 2027, la primera Reunión de Ministros de Economía de América Latina y el Caribe dedicada a la gestión financiera de desastres y al fortalecimiento de la institucionalidad fiscal.

El encuentro tendrá entre sus ejes los desafíos asociados al fenómeno de El Niño y el intercambio de experiencias, buenas prácticas e instrumentos destinados a preparar, gestionar y transferir riesgos, así como a atender situaciones de emergencia.

La iniciativa apunta a incorporar la gestión financiera de los desastres como parte de las estrategias de preparación de los países, frente a eventos que pueden generar impactos simultáneos sobre las cuentas públicas, la infraestructura y las economías regionales.

CAF también impulsará la elaboración de un Libro blanco con recomendaciones y buenas prácticas para acompañar a los países en la gestión de las particularidades multisectoriales del fenómeno en sus territorios.

El documento incluirá herramientas orientadas a la preparación, la gestión de riesgos y la atención de emergencias ante desastres. A su vez, la entidad prevé desarrollar programas de asistencia técnica y ayuda humanitaria, además de plataformas para facilitar el intercambio de información entre sectores y países.

Estas acciones buscan fortalecer el diálogo interinstitucional y complementar la oferta de financiamiento de CAF con conocimiento y apoyo técnico, con el objetivo de mejorar la preparación y la capacidad de respuesta de América Latina y el Caribe frente a los posibles impactos de El Niño 2026-2027.

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Por Patricia Escobar

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MISIONES (3/10/2026).- Representantes de la AMAYADAP, APICOFOM, y referentes de sectores productivos, ganaderos, foresto-industriales y agropecuario de la provincia debatieron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca flexibilizar y adecuar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) a la realidad topográfica local.

La iniciativa plantea modificar los Artículos 6° de la Ley XVI – N° 105 y 1° de la Ley XVI – N° 53, elevando del 15% al 25% el umbral de pendiente a partir del cual las tierras son consideradas bosques protectores bajo la Categoría II (Amarillo).

El proyecto fue presentado por el diputado Miguel Núñez a partir de un planteo de productores agropecuarios y forestales. Según los fundamentos, el objetivo central es recuperar capacidad productiva sin descuidar la protección ambiental ni distorsionar los criterios de la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

La reunión inicial contó con la presencia de representantes gremiales y empresarios. Por la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y del Norte de Corrientes (APICOFOM) asistieron su vicepresidente, Germán Rockenbach, junto a los asociados Sebastián Teza, Christian Lamiaux y Wilfriedo Glesmann. En representación de la Asociación Misionera de Aserraderos y Afines (Amayadap) estuvieron presentes Cristian Gruber y Alfredo Gruber, acompañados por propietarios de reservas privadas, productores rurales y ganaderos del norte provincial.

Restricciones en el esquema productivo

Bajo el marco normativo actual, los suelos con pendientes iguales o superiores al 15% quedan comprendidos de manera automática en la Categoría II (Amarillo), lo que implica una prohibición expresa de desmonte y de cambio de uso de suelo.

Desde la perspectiva del sector productivo y según se explicita en la fundamentación de la norma, esta limitación -concebida originalmente con fines conservacionistas- generó en la práctica la inmovilización de una porción significativa de tierras útiles.

Dado el relieve caracterizado por lomadas y pendientes pronunciadas en la geografía misionera, se argumenta que el límite del 15% excluye de las actividades económicas a superficies que, mediante evaluaciones técnicas, admiten un aprovechamiento racional y sostenible sin degradar las cuencas ni los servicios ambientales.

Asimismo, la presentación señala que la normativa vigente impone una carga desproporcionada sobre los propietarios privados, quienes financian un servicio ambiental público sin contar con mecanismos de compensación económica ni contraprestaciones por la imposibilidad de trabajar sus predios, afectando el derecho a usar y disponer de la propiedad privada garantizado en el Artículo 17 de la Constitución Nacional.

Un debate que cruza el uso del suelo y la propiedad privada

La discusión generada en este primer encuentro no se limita únicamente al manejo del bosque nativo, sino que atraviesa de manera directa el debate sobre la propiedad privada y el uso de la tierra en Misiones. Por un lado, los propietarios reclaman poder disponer de una mayor porción de sus predios; por el otro, se encuentra una legislación construida expresamente para limitar la transformación de la cobertura boscosa. Este encuentro marca apenas el inicio de una serie de debates legislativos sobre el grado de flexibilización de las restricciones ambientales.

Según fundamenta el legislador Miguel Núñez, existe la convicción de que la adecuación del umbral de pendiente «constituye una medida justa, que amplía las posibilidades productivas de los pequeños y medianos productores misioneros sin resignar el compromiso de esta Provincia con la conservación de sus bosques nativos y sus servicios ambientales».

Los fundamentos técnicos, económicos y jurídicos del proyecto

El texto argumentativo que acompaña la propuesta legislativa detalla en profundidad los motivos por los cuales se considera imperioso actualizar los parámetros vigentes:

1. La distorsión provocada por el umbral del 15%
La Ley XVI – N° 105, en su redacción actual, establece que los suelos con pendientes iguales o mayores al 15% son considerados automáticamente bosques protectores y quedan comprendidos en la Categoría II (Amarillo), lo que conlleva la prohibición expresa de desmonte y de cambio de uso de suelo.

En los fundamentos se advierte que esta restricción, concebida con legítimos fines conservacionistas, ha derivado en la práctica en la inmovilización de una porción significativa del territorio productivo de la provincia. Misiones cuenta con una topografía caracterizada por la presencia generalizada de lomadas y pendientes pronunciadas; en este contexto, el umbral del 15% resulta excesivamente restrictivo para las condiciones reales del territorio, excluyendo del uso productivo a superficies que, desde una evaluación técnica y ambiental, admiten un aprovechamiento racional sin comprometer los servicios ambientales del bosque nativo ni la integridad de los suelos y cuencas hidrográficas.

2. Impacto socioeconómico sobre los productores rurales
El resultado concreto de la norma actual es que miles de familias de pequeños y medianos productores se ven impedidas de desarrollar actividades agropecuarias en fracciones de sus predios que técnicamente podrían ser aprovechadas de manera sostenible. A esto se suma que no cuentan con ningún mecanismo de compensación económica por dicha restricción legal.

Los fundamentos señalan que «se genera así una carga desproporcionada sobre el sector productivo privado, que financia con sus tierras un servicio ambiental de carácter público sin recibir a cambio ninguna contraprestación adecuada». Dado que la actividad agropecuaria —en particular la ganadería, la agricultura familiar y los cultivos regionales— representa la base de sustento de miles de familias del interior, el crecimiento económico provincial se ve limitado por una traba que no encuentra correlato en la realidad técnica del terreno.

3. Marco constitucional y derechos de propiedad
El proyecto recurre al Artículo 17 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a usar y disponer de la propiedad privada, remarcando que este derecho no puede ser restringido más allá de lo estrictamente necesario para la protección del interés público. Los fundamentos explican que cuando la restricción ambiental recae sobre suelos que técnicamente admiten uso productivo sin generar un daño ambiental significativo, su mantenimiento resulta injustificado y genera un perjuicio directo sobre los sectores más vulnerables del campo misionero: los pequeños y medianos productores que carecen de alternativas económicas ante la imposibilidad de trabajar sus tierras.

4. Compatibilidad con la Ley Nacional N° 26.331
La iniciativa no propone eliminar la protección de los bosques nativos ni desconocer los principios de la Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Los autores destacan que la reforma resulta plenamente compatible con el régimen federal, ya que la Ley N° 26.331 atribuye a cada provincia la facultad y responsabilidad de realizar el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos y fijar las categorías de conservación según criterios de sustentabilidad. La determinación precisa de qué gradiente de pendiente corresponde a cada categoría es una decisión delegada expresamente en las jurisdicciones provinciales.

Al elevar el umbral a una medida técnicamente razonable para Misiones, se sostiene que todos los demás mecanismos de protección ambiental permanecen intactos.

Garantías de protección que se mantienen intactas:

El proyecto aclara expresamente que la reforma no altera las demás salvaguardas ambientales fijadas por la normativa provincial. Continuarán bajo el mismo régimen estricto de protección vigente:

·         Los bosques en márgenes de cursos de agua y nacientes.

·         Las divisorias de cuencas y bañados.

·         Las fajas ecológicas y áreas naturales protegidas.

El único cambio sustantivo consiste en la franja de pendiente comprendida entre el 15% y el 25%, la cual pasa de la Categoría II (con prohibición de desmonte) a la Categoría III (Verde), habilitando su uso sostenible.

Qué busca modificar el texto de la ley (Articulado)

El proyecto de ley consta de cuatro artículos centrales que modifican las Leyes Provinciales XVI – N° 105 y XVI – N° 53:

·         ARTÍCULO 1° (Modificación de la Categoría II – Amarillo en la Ley XVI – N° 105): Redefine la Categoría II para comprender a los Bosques Nativos en Propiedades Privadas (como Reservas Privadas de Usos Múltiples y predios dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí), así como a los bosques protectores de suelos con pendientes iguales o mayores al 25% medidos en tramos de 100 metros en la línea de máxima pendiente. Mantiene las franjas de protección de cursos de agua (no inferiores a 10 metros), fajas ecológicas y áreas de interés especial. Asimismo, establece que la Autoridad de Aplicación podrá, por acto fundado y razones de interés público, determinar que los bosques protectores con pendientes iguales o mayores al 25% (o 30% según el texto fundante) queden comprendidos en esta categoría.

·         ARTÍCULO 2° (Modificación de la Categoría III – Verde en la Ley XVI – N° 105): Redefine la Categoría III para incluir a las áreas con bosques nativos que por aptitud de suelo puedan utilizarse para actividades productivas sostenibles. Se exige que no afecten áreas pobladas por Comunidades Indígenas, ni corredores biológicos, ni especies protegidas, cumpliendo estrictamente con la prohibición de desmontar bosques protectores de cursos de agua, nacientes, divisorias de cuencas, bañados y suelos con pendientes iguales o superiores al 25%, respetando además las fajas ecológicas perimetrales.

·         ARTÍCULO 3° (Modificación del Artículo 1° de la Ley XVI – N° 53): Sustituye en el inciso 1) el umbral del «20%» (o el 15% según el régimen de adecuación) por el «veinticinco por ciento (25%)», ratificando como bosques protectores a:

1.      Aquellos donde la pendiente del terreno sea igual o mayor al 25%, medida en tramos de 100 metros.

2.      Los que formen galerías en cursos de agua (el triple del ancho del curso, con un mínimo de 5 metros por margen).

3.      Los que cubran vertientes en un radio de 50 metros.

4.      Suelos no aptos para agricultura o reforestación que protegen cuencas hidrográficas (incluyendo suelos 6 «B» del mapa edafológico).

5.      El 50% de la superficie de las islas.

6.      Perímetros de embalses y lagunas en un ancho mínimo de 100 metros.

7.      Terrenos anegados o bañados.

8.      Márgenes de canales artificiales (ancho no menor a 20 metros).

9.      Masas boscosas en zonas urbanas, suburbanas o rurales que sirvan para control ambiental o preservación del paisaje a la vera de caminos.

·         ARTÍCULO 4° (Actualización Cartográfica): Establece un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días desde la promulgación de la ley para que la Autoridad de Aplicación actualice la cartografía oficial del OTBN provincial y refleje la nueva reclasificación.

Con la presentación formal de la iniciativa, la Cámara de Diputados de Misiones abrió un canal de debate legislativo que medirá las pretensiones de expansión de las actividades agropecuarias y forestales frente a los marcos de protección de la biomasa nativa en la provincia.

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Fuente: Fundación Vida Silvestre Argentina 

MISIONES (Viernes 2 de octubre de 2026).- Durante un monitoreo de arañas realizado en la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, que administra la Fundación Vida Silvestre Argentina se registraron cuatro especies que no contaban hasta el momento con registros científicos formales publicados para Argentina: Metazygia yobena, Micropholcus fauroti, Ocrepeira covillei y Syntrechalea boliviensis.

La Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, de 3.243 hectáreas, es uno de los espacios donde, hace casi 30 años, Fundación Vida Silvestre Argentina trabaja para proteger y conocer la biodiversidad de la selva misionera.

El trabajo, realizado por investigadores del CONICET del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN) y curadores de ArgentiNat permitió reunir información y evidencias que pueden respaldar científicamente estos registros y ampliar el conocimiento sobre la distribución de estas especies.

Los especialistas destacaron que esto no significa que sean especies nuevas para la ciencia, sino que son especies ya conocidas y registradas en otros países, pero cuya presencia en Argentina no estaba formalmente documentada en publicaciones científicas.

“En la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í recibimos de manera permanente a investigadores que realizan estudios sobre distintos grupos de especies. Uno de los objetivos del área es justamente promover el conocimiento científico y facilitar las condiciones para que estos trabajos puedan desarrollarse”, señaló Sebastián Fermani, director de conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina.

En la selva misionera muchas especies pasan inadvertidas. Algunas son diminutas, otras viven entre las hojas del suelo y muchas son difíciles de observar incluso para quienes estudian la biodiversidad. Es por ello que, en la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, administrada por Fundación Vida Silvestre Argentina, se reciben periódicamente a biólogos e investigadores para conocer mejor esta diversidad.

“Aunque muchas personas les tienen miedo a las arañas, la gran mayoría de las especies no representa peligro a los seres humanos y son importantes controladoras de las poblaciones de insectos. Mundialmente, se conocen unas 50.000 especies de arañas, pero cada año se descubren unas 1000 especies inéditas; muchas de estas se encuentran buscando en hábitats crípticos, como la hojarasca, o en áreas naturales protegidos y bien preservados, como la Reserva Urugua-í», destacó Iván Magalhaes, investigador asistente de CONICET en la División Aracnología del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.

Una araña con nombre de Iguazú

El relevamiento también permitió registrar Neochelas iguazu, una especie descrita recientemente por la ciencia y descubierta en el Parque Nacional Iguazú por investigadores del MACN junto a colaboradores internacionales. Su nombre hace referencia a Iguazú y su registro en Urugua-í aporta nueva información sobre la diversidad de arañas argentinas.

Entre las especies encontradas también se destaca una del género Deinopis, una araña con una particular estrategia de caza. En lugar de esperar a sus presas en una tela, construye una pequeña red de seda que sostiene entre sus patas delanteras y utiliza para capturarlas durante la noche.

La investigación permitió además observar pequeñas arañas de entre 1 y 3 milímetros que viven entre la hojarasca, como Hexapopha m-scripta, Stemmops belavista, Thymoites puer y Neoxyphinus termitophilus.

Debido a su diminuto tamaño y a que pasan gran parte del tiempo ocultas entre las hojas del suelo, son difíciles de observar y fotografiar. El relevamiento permitió obtener imágenes de ejemplares vivos, aportando información sobre estas especies poco conocidas.

También se registraron Loxosceles hirsuta, conocida popularmente como araña del rincón, y Phoneutria nigriventer, conocida como araña bananera, ambas especies de importancia médica.

“Este relevamiento demuestra que todavía hay mucho por conocer en la selva misionera. Y conocer qué especies la habitan es un paso fundamental para entenderla y trabajar en su conservación”, finalizó Fermani.

El estudio también dejó preguntas abiertas. Algunos ejemplares presentan características similares a especies conocidas, pero todavía no pueden ser identificados con certeza. Será necesario realizar nuevos estudios para determinar si corresponden a especies ya conocidas o si podrían tratarse de algo diferente.

Los resultados muestran que la biodiversidad de la selva también está en aquello que casi nunca vemos: especies diminutas, escondidas entre las hojas y bajo la vegetación. Conocerlas permite comprender mejor los ambientes que habitan y aporta información necesaria para conservarlos.

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Por Patricia Escobar

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BUENOS AIRES (2/10/2026).- La Travesía Capricornio dio un nuevo paso en su consolidación como producto turístico del Norte Grande Argentino con la presentación de su Catálogo de Oferta Turística durante la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, realizada en Buenos Aires.

Más que una nueva presentación del corredor, el catálogo representa un avance en la construcción de una herramienta concreta para conocer, promocionar y recorrer los atractivos que integran la Travesía, transformando la propuesta territorial en una oferta turística organizada.

El corredor comprende 3.200 kilómetros, desde la Puna en Jujuy hasta las Cataratas del Iguazú en Misiones, atravesando seis ecorregiones y articulando destinos, paisajes, áreas protegidas, espacios rurales y comunidades de las provincias del Norte Grande.

La presentación contó con la participación de autoridades nacionales y provinciales, agencias de turismo nacionales e internacionales y público general, además del acompañamiento institucional de referentes de los destinos que forman parte de esta propuesta.

Del corredor turístico a una oferta organizada

El desarrollo del catálogo constituye una nueva etapa para la Travesía Capricornio: ordenar y visibilizar la oferta existente para facilitar su promoción como un producto turístico integrado.

La herramienta reúne los principales atractivos y experiencias que pueden formar parte del recorrido, vinculando territorios con diferentes características ambientales y culturales bajo una misma propuesta de turismo sostenible, de naturaleza y comunitario.

De esta manera, la Travesía busca acercar al visitante a una diversidad de paisajes y experiencias que incluyen la Puna jujeña, los territorios de Salta y Formosa, el Impenetrable Chaqueño, los Esteros del Iberá en Corrientes y el Parque Nacional Iguazú, entre otros destinos y espacios de interés.

El objetivo es que estos atractivos no sean considerados solamente como puntos aislados dentro de un mapa, sino como parte de una experiencia territorial integrada, capaz de conectar destinos consolidados y emergentes.

Una marca de producto para el turismo de naturaleza

La construcción de la marca destino y el desarrollo de la propuesta se realizan en articulación con los organismos de turismo de las seis provincias involucradas, mediante un trabajo colectivo y participativo que viene siendo gestionado por Fundación ProYungas, en el marco del Proyecto Impacto Verde, financiado por la Unión Europea en Argentina.

El catálogo permite avanzar así en uno de los aspectos centrales para consolidar la Travesía: contar con una identidad común y una oferta identificable, que pueda ser comunicada y promovida ante viajeros, agencias y operadores turísticos.

La propuesta se orienta especialmente hacia el turismo de naturaleza, comunitario, de observación y de aventura, segmentos vinculados con viajeros que buscan experiencias auténticas, inmersivas y relacionadas con el patrimonio ambiental y cultural de los territorios.

En este sentido, el catálogo funciona como una herramienta para mostrar la diversidad de opciones que ofrece el corredor y, al mismo tiempo, fortalecer la identidad de la Travesía Capricornio como producto turístico.

Seis provincias, una propuesta territorial

Durante la presentación en la FIT 2026 acompañaron la iniciativa Federico Posadas, ministro de Turismo de Jujuy; Leopoldo Baranda, director de Desarrollo Turístico de Chaco; Alejandra Boloqui, presidenta de la Cámara de Turismo de Corrientes; Mercedes Alegre, directora de Turismo de Corrientes; Luis Zerpa, director de Turismo de Maimará; Maly Casares, directora de Turismo de Carlos Pellegrini, Corrientes; y Laura Scimone, coordinadora de Desarrollo de Destinos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo y Deportes de la Nación.

La articulación entre los organismos provinciales constituye uno de los componentes centrales del proceso, ya que permite integrar en una misma propuesta territorios que conservan sus propias identidades, atractivos y dinámicas turísticas.

Con el catálogo, la Travesía Capricornio busca avanzar desde la concepción de un corredor turístico hacia una oferta concreta y reconocible, capaz de orientar al visitante sobre qué lugares conocer y qué experiencias encontrar a lo largo del recorrido.

La propuesta busca, además, que el desarrollo turístico contribuya a fortalecer las economías locales, promover la inclusión social y acompañar la conservación de la biodiversidad.

El corredor integra áreas protegidas, espacios rurales y destinos turísticos consolidados y emergentes, acercando territorios de alta valoración ambiental, productiva y cultural.

En este sentido, la Travesía Capricornio plantea una mirada en la que turismo, producción y conservación pueden coexistir, utilizando el patrimonio natural y cultural como parte de una estrategia de desarrollo territorial.

La presentación del catálogo marca así un nuevo avance en la construcción de la Travesía Capricornio como marca y producto turístico del Norte Grande, con una herramienta destinada a transformar la diversidad de atractivos de seis ecorregiones en una propuesta organizada para quienes buscan recorrer, conocer y experimentar estos territo.

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BUENOS AIRES (3 de octubre de 2026).- Cada 5 de octubre se conmemora el Día Internacional del Aguará Guazú (Chrysocyon brachyurus), el cánido de mayor tamaño en Sudamérica y una de las figuras más fascinantes —aunque a menudo incomprendidas— de los pastizales, sabanas y humedales del Cono Sur. En Argentina, este animal solitario de patas largas y pelaje rojizo habita en las provincias de Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero y Misiones.

A nivel nacional, el aguará guazú se encuentra categorizado en estado Vulnerable, mientras que la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo clasifica como Casi Amenazado.

La transformación y fragmentación de su entorno natural por la expansión agrícola y urbana, sumadas al impacto constante de los siniestros viales, constituyen sus principales peligros.

Las estadísticas de la Dirección de Manejo Sustentable de Fauna Silvestre de Santa Fe revelan una realidad dramática: en los últimos siete años se registraron 211 ejemplares muertos por atropellamientos en carreteras, y apenas el 0,9% de los animales rescatados tras un accidente logra ser rehabilitado con éxito para regresar a la naturaleza.

A este panorama se añaden la captura ilegal de cachorros para el mascotismo y la persecución derivada de creencias erróneas. A diferencia de los prejuicios populares que lo vinculan con el ataque al ganado, el aguará guazú es inofensivo para los animales de cría, sosteniendo una dieta omnívora compuesta de frutos silvestres, insectos, pequeños roedores y anfibios.

Como dispersor de semillas, el Aguará guazú desempeña una función insustituible en la regeneración de la vegetación y la salud ambiental de las cuencas.

El coordinador del Programa de Especies Amenazadas de Fundación Temaikèn, Guillermo Delfino, resalta la importancia de la conservación integral: «El aguará guazú es una especie clave para el equilibrio de los ambientes donde vive, y a la vez una de las más golpeadas por los atropellamientos y la pérdida de hábitat. Por eso trabajamos hace más de 20 años combinando investigación, rehabilitación y generación de datos que hoy usamos para tomar mejores decisiones de conservación.»

El valor del aguará guazú trasciende además la ecología para entrelazarse con la identidad cultural del norte argentino. Para comunidades de pueblos originarios como los Toba y Mocoví, representa una figura mística de protección, mientras que en el folclore criollo su silueta dio origen a la leyenda del Lobizón.

“Desde la Fundación Temaikèn se trabaja en la conservación del aguará guazú desde hace más de 20 años, a través de un programa integral que combina investigación en salud y en ecología, rescate y rehabilitación, reinserción en la naturaleza con  monitoreo mediante collares satelitales con tecnología GPS, los primeros implementados en el país para esta especie”, detallan desde la ONG.

El programa se completa con el trabajo conjunto con comunidades, productores y autoridades locales, y con la generación de información que hoy se utiliza para mejorar las medidas de conservación.

A nivel internacional, la Fundación co-lidera el programa S.A.F.E. (Saving Animals From Extinction) de la Asociación Americana de Zoológicos y Acuarios (AZA) y coordina el manejo poblacional bajo cuidado profesional desde la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA), lo que la posiciona como referente regional en la conservación de la especie.

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Fuente: FIDA 

CIUDAD DE PANAMÁ (2 de octubre de 2026).- El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) organizó en la capital panameña el encuentro regional «El futuro comienza en las zonas rurales: invirtiendo en los jóvenes, los mercados y la innovación», reuniendo a más de 80 representantes de 15 países entre autoridades gubernamentales, entidades financieras, empresas y líderes jóvenes.

La cumbre cobra una trascendencia estratégica para los productores agroforestales al establecer que elevar la inversión en el campo es la única vía para blindar la seguridad alimentaria, impulsar la competitividad de las economías rurales y contrarrestar el bajo crecimiento regional frente a la volatilidad económica y el riesgo climático.

Infraestructura, valor agregado y alianzas con el sector privado

Durante las deliberaciones del foro, la Directora Regional del FIDA para América Latina y el Caribe, Rocío Medina Bolívar, sostuvo que el dinamismo de las comunidades rurales determina directamente la estabilidad de los países. Al fortalecer los sistemas productivos de base, la sociedad en su conjunto se beneficia al contar con mayor resiliencia ante crisis económicas y climáticas.

En esa misma línea, el Viceministro de Finanzas de Panamá, Fausto Fernández, remarcó que el desarrollo territorial debe integrarse a una agenda más amplia de productividad, generación de empleo y diversificación hacia la agroindustria, la logística y los servicios.

Los participantes identificaron que el crecimiento sostenible de los productores depende de resolver cuestiones críticas en la cadena de valor:

-Acceso a financiación y mercados: Creación de esquemas de crédito adaptados para garantizar la adquisición de insumos, equipamiento y tecnología.

-Agregación de valor en origen: Promoción de inversiones en plantas de procesamiento, capacidad de almacenamiento y canales directos de comercialización.

-Apalancamiento del capital privado: Las estadísticas presentadas por el FIDA revelan que una participación privada sólida en proyectos rurales puede multiplicar hasta por cuatro los ingresos de los trabajadores del campo.

-Innovación aplicada (Iniciativa Innovatech): Programa cofinanciado junto a la Unión Europea donde más de 30 empresas emergentes (startups) colaboraron con 1.000 organizaciones de pequeños productores para desplegar herramientas de educación financiera, servicios de comercialización y tecnologías de producción sostenible.

Juventud rural y el modelo financiero de apalancamiento masivo

Un eje prioritario del debate abordó la urgencia de generar oportunidades reales para frenar la migración de la juventud del campo hacia los grandes centros urbanos o el exterior. Yeisully Tapias, fundadora de la Asociación de Jóvenes Emprendedores, enfatizó ante los tomadores de decisión que las nuevas generaciones deben actuar como protagonistas hacedores en la toma de decisiones. Tapias remarcó que la energía, la innovación y la continuidad de las actividades agrotecnológicas dependen de que las instituciones dirijan capitales hacia los jóvenes del territorio.

El encuentro se celebró como parte de la Decimocuarta Reposición de Recursos del FIDA (FIDA14), el proceso mediante el cual los Estados Miembros estructuran las contribuciones presupuestarias para financiar los programas del organismo entre 2028 y 2030. La institución, reconocida por poseer una calificación crediticia AA+ y por ser el único fondo de las Naciones Unidas autorizado para emitir bonos sostenibles en los mercados de capitales (con más de 1.000 millones de dólares emitidos desde 2022), expuso la eficiencia operativa de su modelo:

• Efecto multiplicador: Por cada dólar recibido como contribución básica de los Estados, el FIDA logra movilizar aproximadamente seis dólares de inversión directa sobre el terreno mediante esquemas de cofinanciación.
• Trayectoria en la región: Desde su fundación en 1977, ha canalizado más de 9.000 millones de dólares en América Latina y el Caribe a través de 525 proyectos de desarrollo.
• Cartera vigente: Actualmente ejecuta 25 proyectos regionales valorados en 2.500 millones de dólares.

La articulación de capitales de inversión para la economía rural representa una exigencia ineludible para garantizar la viabilidad del sector agroforestal y la estabilidad social de la región. Elevar la competitividad de las familias rurales mediante innovación, acceso al crédito y procesamiento en origen no solo asegura el abastecimiento alimentario en tiempos de incertidumbre climática, sino que transforma la producción primaria en una opción de vida próspera para las nuevas generaciones.

Para los tomadores de decisión en todos los estratos del Estado, canalizar recursos hacia la infraestructura rural y facilitar la participación del sector privado es la estrategia más efectiva para dinamizar las economías locales, elevar los ingresos de los productores y consolidar un desarrollo territorial equitativo a largo plazo.

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Fuente: Perfil NEA 

CORRIENTES (1/10/2026).- El empresario forestal correntino y presidente del Consorcio del Parque Foresto Industrial de Santa Rosa, Juan Ramón Sotelo, trazó un duro diagnóstico sobre la coyuntura política y económica del país. El dirigente industrial afirmó que las promesas de campaña del presidente Javier Milei no se cumplieron y advirtió sobre el impacto del receso en las pymes, asegurando que la recesión y la contracción del consumo ya provocaron el cierre de miles de emprendimientos en todo el territorio nacional.

Sotelo calificó la situación actual de «caótica» y cuestionó que las medidas del Poder Ejecutivo recayeran de forma directa sobre la estructura productiva en lugar de los sectores políticos tradicionales.

Críticas al ajuste y el impacto en las pymes

Al analizar la orientación del programa económico, el referente maderero cuestionó el discurso oficial sobre la distribución de las cargas del ajuste. «Una es la de la casta, que es una de las mentiras. Nosotros vemos que el aguante lo están haciendo las industrias, las pymes, y hoy la muestra está en que hay más de 30.000 pymes cerradas en Argentina. Eso es una de las muestras de que el ajuste se hizo por las pymes y no por la casta», sentenció Sotelo.

Asimismo, lamentó la paralización total de las obras públicas y de los programas de infraestructura para el sector.

En relación con los indicadores de precios, si bien reconoció la desaceleración de la inflación, advirtió sobre los efectos secundarios de la política monetaria implementada por el Gobierno nacional. «La baja de inflación también se hizo en base a sacar todos los pesos de la plaza, pero falta la reactivación, faltan créditos», explicó a We! News.

Falta de crédito y preocupación por la continuidad del receso

El empresario remarcó la urgencia de contar con financiamiento bancario accesible para sostener los niveles de producción e inversión. Según expresó, el sector fabril se encuentra «pidiendo a gritos ayuda de los bancos» sin encontrar respuestas crediticias acordes a las necesidades de la industria nacional.

Por último, al evaluar las proyecciones del presupuesto oficial y la ratificación del esquema de recortes, el titular del consorcio industrial expresó su temor por la pérdida de puestos de trabajo y el quiebre de empresas colegas. «El ajuste que nosotros estamos pasando ya es muy severo y a mí no me gusta ver que caigan mis colegas, no me gusta ver que cierren empresas», afirmó, destacando el esfuerzo de los empresarios de Corrientes que continúan sosteniendo sus plantas operativas y el empleo de sus colaboradores.

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Fuente: PEFC Argentina 

BUENOS AIRES Y MISIONES (1/10/2026).- En un mercado donde la trazabilidad y la verificación del origen de los productos adquieren creciente importancia, siete pequeñas y medianas empresas forestoindustriales de Misiones y Corrientes encontraron en la asociatividad una herramienta para abordar ese desafío de manera conjunta.

A través de APICOFOM Sustentable, las empresas comparten una estructura de certificación PEFC de Cadena de Custodia, que les permite implementar requisitos de trazabilidad, respaldar declaraciones sobre el origen de los materiales que utilizan y contar con nuevas herramientas para vincularse con clientes y mercados.

La experiencia fue presentada en agosto durante un encuentro sectorial en Posadas y comienza ahora una nueva etapa, donde al Aserradero Valerio Oliva, Forestal y Ganadera Indumarca, Forestal Guaraní, y Aserradero San José SRL, suman la incorporación de Mercopallet y De las Misiones a las cinco empresas que ya integraban el grupo.

El grupo reúne empresas con recorridos, escalas y actividades diferentes dentro de la cadena forestoindustrial. La diversidad de productos no impide compartir una necesidad común: poder demostrar de dónde proviene la madera utilizada y cómo se gestiona a lo largo de los procesos productivos.

Mercopallet, con más de cuatro décadas de experiencia, se especializa en la fabricación de pallets de pino y productos de madera destinados al embalaje y transporte. Cuenta con instalaciones para el secado de madera y, según la información de la empresa, posee certificación de calidad ISO 9001:2015 y certificación de tratamiento térmico conforme a la norma fitosanitaria NIMF 15, relevante para los embalajes utilizados en el comercio internacional.

Por su parte, De las Misiones desarrolla actividades de venta, distribución, manipulación y asesoramiento en productos para la construcción. Su incorporación suma al grupo otra actividad vinculada con la llegada de los materiales al mercado y su aplicación en proyectos constructivos.

Entre las cinco empresas que ya formaban parte de APICOFOM Sustentable también conviven distintos modelos de negocios.

Forestal y Ganadera Indumarca, con planta en Concepción de la Sierra, trabaja con madera proveniente de bosques implantados de la región y elabora productos destinados a la construcción y al equipamiento de viviendas.

Forestal Guaraní integra actividades que van desde la producción forestal en Corrientes hasta la fabricación de componentes para construcción industrializada en madera. Entre sus soluciones se encuentran paneles de entramado ligero, vigas multilaminadas y servicios técnicos para proyectos constructivos.

San José SRL representa otra experiencia de agregado de valor. Se trata de una empresa familiar que comenzó como aserradero y encontró en la fabricación de muebles una alternativa para aprovechar piezas de madera que tenían menor salida comercial. Esa transformación dio lugar a una producción que incluye sillones, mesas y otros artículos de mobiliario.

A su vez, Aserradero Puerta de Misiones, de San José, tiene una trayectoria familiar vinculada con la transformación de madera de plantaciones de pino y eucalipto. Su producción comprende tablas, tirantes, machimbres y otros productos utilizados en construcción, terminaciones y fabricación de muebles.

Finalmente, Valerio Oliva Forestal suma una extensa trayectoria en la elaboración e industrialización de madera, con productos como machimbres, molduras, madera cepillada y piezas destinadas a distintas aplicaciones. La empresa cuenta, además, con antecedentes de comercialización en mercados externos.

Desde los productos de un aserradero hasta un mueble terminado, un componente estructural o un embalaje, cada empresa mantiene su propia actividad y mercado. El punto de encuentro está en contar con procedimientos que permitan identificar y comunicar el origen de los materiales que procesan.

La certificación como herramienta para competir

La Cadena de Custodia PEFC es un sistema que permite a las organizaciones identificar y gestionar los materiales forestales que ingresan a sus procesos y realizar declaraciones verificables sobre el origen de los productos que comercializan.

El estándar contempla materiales procedentes de bosques con gestión forestal certificada PEFC, materiales reciclados y fuentes controladas, de acuerdo con los requisitos y métodos aplicables.

Para una PyME, implementar estos procedimientos puede representar un desafío tanto técnico como organizativo. En ese contexto, el modelo grupal impulsado por APICOFOM ofrece una alternativa para abordar parte de ese trabajo dentro de una estructura compartida, intercambiar conocimientos y facilitar el acceso a la certificación.

Una de las particularidades del esquema es que las empresas no necesitan tener el mismo tamaño, fabricar los mismos productos ni atender a los mismos mercados para formar parte de una estructura común.

“La certificación en grupo permite que las PyMES accedan a herramientas que, de manera individual, muchas veces resultan más complejas o costosas. Compartir experiencias, conocimientos y recursos fortalece la competitividad de las empresas y genera nuevas oportunidades comerciales en un mercado donde la sostenibilidad y la trazabilidad tienen cada vez mayor peso”, destacó Florencia Chavat, directora ejecutiva de PEFC Argentina.

PEFC es el Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal, una organización internacional, no gubernamental y sin fines de lucro dedicada a promover la Gestión Forestal Sostenible mediante la certificación de tercera parte independiente.

A nivel mundial, más de 296 millones de hectáreas de bosques están certificadas bajo estándares PEFC, incluyendo proyectos forestales en América Latina, Europa, Asia y Oceanía.

PEFC cuenta con más de 80 miembros en todo el mundo, entre ellos ONG, sindicatos, empresas, asociaciones empresariales, asociaciones de propietarios forestales y otros actores vinculados con la gestión forestal sostenible. Más de 50 países son miembros de la alianza PEFC, representados por organizaciones nacionales independientes que desarrollan, implementan y administran el sistema en cada país.

Además, PEFC cuenta con 30 miembros internacionales que incluyen empresas, organizaciones y asociaciones comprometidas con la gestión forestal sostenible.

Según la información institucional, más de 19.800 industrias han obtenido hasta la fecha la certificación PEFC de Cadena de Custodia, que ofrece decenas de miles de productos certificados por PEFC en todo el mundo.

En Argentina, el Sistema Argentino de Certificación Forestal (CERFOAR) fue completado y adoptado por la Asociación CERFOAR en agosto de 2013 y enviado al Consejo PEFC para su evaluación y convalidación internacional. Luego de una evaluación realizada por expertos internacionales, que incluyó una consulta a las partes interesadas locales y globales, el CERFOAR fue homologado con el Esquema PEFC el 29 de julio de 2014. Esta decisión fue ratificada en forma unánime por la Asamblea General del Consejo PEFC en mayo de 2022.

Asociatividad para abrir nuevas oportunidades

La incorporación de Mercopallet y De las Misiones amplía el alcance de APICOFOM Sustentable y muestra una posibilidad concreta para las PyMEs de la forestoindustria regional: avanzar juntas en procesos que individualmente pueden resultar más complejos, compartir capacidades y generar condiciones para responder a nuevas exigencias comerciales.

El valor del modelo no se limita a obtener una certificación. La experiencia plantea una forma de organización que permite a empresas de diferentes eslabones y actividades fortalecer sus procedimientos, documentar el origen de sus materiales y mejorar su capacidad para demostrar cómo producen.

En este sentido, el caso de APICOFOM Sustentable puede constituir un ejemplo para otras pequeñas y medianas empresas de Misiones y Corrientes que buscan incorporar herramientas de trazabilidad y verificación sin dejar de preservar sus propias identidades, productos y mercados.

La experiencia pone en evidencia que la asociatividad puede convertirse en una herramienta empresarial para compartir conocimientos y recursos, ordenar procesos, fortalecer la competitividad y prepararse para mercados donde la información sobre el origen y la gestión sostenible de las materias primas adquiere un peso creciente.

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La certificación PEFC en Argentina supera las 380.000 hectáreas de plantaciones gestionadas bajo estándares internacionales

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Fuente: INTA Misiones 

MISIONES (1/10/2026).- La innovación en el agro no pasa solamente por incorporar nuevas tecnologías. También implica generar información que permita conocer con mayor precisión qué ocurre en cada sistema productivo para tomar mejores decisiones. En Misiones, un proyecto de agricultura regenerativa impulsado por el INTA, en convenio con la Fundación Banco Credicoop y con financiamiento del BID, está llevando esa posibilidad directamente a las chacras.

En esta primera etapa ya se midió la huella de carbono de 66 productores —59 de yerba mate y siete de mandioca— pertenecientes a 17 cooperativas. En conjunto, las parcelas representan 318 hectáreas. Además, 44 productores ya recibieron sus resultados y el proceso de devolución continuará con los restantes.

“Para realizar esta primera medición de huella de carbono se hizo un diagnóstico y un inventario de las prácticas que implementa cada productor”, explica Laura Barbieri, extensionista de INTA Oberá y coordinadora del proyecto en Misiones.

Con esa información se calcula la huella y se identifican los principales factores de emisión. Cada productor recibe sus resultados y recomendaciones para reducirla, junto con un plan de manejo consensuado.

Investigación y extensión directamente en las chacras

Uno de los aspectos destacados de la experiencia es la articulación entre investigación, extensión en territorio, cooperativas y productores. De esta manera, una metodología de evaluación ambiental puede aplicarse sobre sistemas productivos reales y convertirse en información concreta para orientar decisiones.

Emiliano Lysiak, investigador de INTA Cerro Azul y uno de los responsables de aplicar la metodología y procesar los datos, explica que primero fue necesario definir el alcance de la medición.

“En este caso se tomó desde la plantación ya establecida hasta el transporte de la hoja verde al secadero. Se tomó la campaña 2023-24 con las particularidades de esa campaña”, señala.

El trabajo comienza con un inventario de insumos, fertilizantes, combustibles, rendimientos y transporte. Luego, los datos son procesados para calcular las emisiones y relacionarlas con la producción obtenida.

“Tenemos cuántos kilos de dióxido de carbono equivalente emite producir un kilo de hoja verde para cada productor”, sintetiza Lysiak.

Los resultados muestran diferencias importantes entre los sistemas relevados. Los rendimientos van desde 2.000 hasta 18.000 kilos de hoja verde por hectárea, mientras que también existen fuertes contrastes en los niveles de fertilización y reposición de nutrientes.

Medir para producir mejor

El análisis de los 59 productores yerbateros comienza a mostrar una relación entre productividad y emisiones. “Generalmente los productores que tienen un alto nivel de rendimiento tienden a tener menores huellas de carbono”, explica Lysiak.

La explicación está vinculada con la forma en que se distribuyen las emisiones generadas por insumos, combustibles y otras actividades sobre la cantidad de producto obtenido.

Sin embargo, esto no significa simplemente aumentar el uso de insumos. Los fertilizantes, especialmente los nitrogenados, y los combustibles se encuentran entre los factores que más inciden en las emisiones. Por eso, el desafío es encontrar un equilibrio entre reposición de nutrientes, productividad y reducción de la huella.

En este punto, la medición adquiere valor cuando puede transformarse en cambios concretos en las prácticas productivas. “Las recomendaciones que más se están dando hasta el momento son ajustar los planes de fertilización, de reposición de nutrientes para obtener buenos rendimientos”, explica Barbieri.

También se trabaja en reducir las labores con maquinaria y hacer más eficiente el transporte hacia los secaderos.

Esta primera evaluación constituye una línea de base y todavía no contabiliza la captura de carbono. Ese componente será incorporado en una segunda medición hacia el final del proyecto. “Queremos luego medir la captura de carbono por arborización o aumento de materia orgánica”, señala Lysiak.

En ese camino, el proyecto promueve la arborización de los lotes, las cubiertas verdes, el manejo de la cobertura natural y la utilización de abonos orgánicos. “Con estas prácticas buscamos mejorar la fertilidad biológica, química y física del suelo”, destaca Barbieri.

La comparación entre ambas mediciones permitirá conocer cuánto pudieron modificarse los indicadores a partir de las recomendaciones.

Para el INTA, la experiencia permite generar información en condiciones reales de producción y acompañar a productores y cooperativas en la incorporación de mejoras. La articulación entre investigación y extensión busca así combinar productividad, protección del medioambiente y sistemas productivos más sostenibles, a partir de datos generados en las propias chacras misioneras.

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