Por Patricia Escobar

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Audiovisuales: Lucía Gonzalvez, de AgroMisiones 

MISIONES (9/3/2026).- El director regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Bambú y el Ratán (INBAR), Pablo Jácome Estrella, afirmó que la inversión privada que se está desarrollando en Misiones para la fabricación de productos de bambú constituye la mayor apuesta industrial en marcha en América Latina vinculada a este recurso.

La declaración de representante de la organización mundial que promueve el desarrollo sostenible con el bambú como protagonista, se produjo tras la visita realizada este lunes a la fábrica de capitales chinos Wenphoenix SA, ubicada en el Parque Industrial de Apóstoles, donde esta semana se pondrá en marcha la primera etapa de producción de palillos y escarbadientes.

Argentina forma parte del INBAR desde el año 2006, organismo que promueve políticas locales de desarrollo sostenible vinculadas al bambú en zonas rurales, brindando asistencia técnica, financiamiento y cooperación para el asesoramiento a municipios.

El funcionario llegó por primera vez a Misiones, como parte de la agenda de la “Semana Internacional del Bambú”, que se desarrolla en conjunto con la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y otras organizaciones, desde este martes hasta el viernes, en la sede de la Facultad de Ingeniería en Oberá.

“En Argentina hemos realizado varias actividades con universidades y organismos, dependiendo siempre de la necesidad y solicitudes que nos llegan desde el gobierno. Y en 2024-2025 comenzamos con un inventario para relevar información sobre la situación actual del bambú en el país, resultando de este trabajo dos estudios muy valiosos ya que se explica las especies existentes (23) y la superficie plantada, donde existen unas 9000 hectáreas que permiten planificar el uso del recurso. Todavía no profundizamos el trabajo en áreas silvestres, pero el estudio permitió identificar a los actores de la cadena, productores, académicos, proveedores, consumidores, y todo su potencial. Con esta información logramos acceder a financiamiento internacional e incluir a la Argentina en proyectos de desarrollo sostenibles regionales como Bambú Sur”, explicó Jácome Estrella en la entrevista con ArgentinaForestal.com

Visita técnica al proyecto industrial

Jácome Estrella reside en Ecuador, e integró la delegación técnica de expertos internacionales del INBAR que recorrió las instalaciones del proyecto industrial en la ciudad de Apóstoles, al sur de la provincia de Misiones.

La comitiva estuvo conformada también por Vitor Marcal, gerente de Proyecto de INBAR (Brasil); el productor Mauricio Chatic (Loreto, Misiones); y un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) especializado en la temática, coordinado por Javier Duarte, Valeria Morales y la arquitecta Aixa Marcattini Mendoza.

Durante la visita, el grupo fue recibido por el empresario chino Wenxing Shi, acompañado por Alfredo Rau, secretario de Desarrollo Económico e Industria de la Municipalidad de Apóstoles, y Juan Ramón Poterala, secretario de Agro y Producción y productor agropecuario.

Durante el recorrido, los especialistas mantuvieron un encuentro de intercambio con el inversor chino, quien se encontraba ultimando los detalles de las pruebas de las maquinarias instaladas en las naves industriales preparadas para iniciar la producción.

Se trata de la primera planta industrial de productos de bambú en la provincia, un proyecto de inversión millonaria que se desarrollará en varias etapas con el objetivo de consolidar toda la cadena productiva con enfoque sustentable y agregado de valor.

Además del impacto industrial, la iniciativa prevé generación de empleo directo e indirecto, así como un movimiento económico vinculado al transporte de cargas, proveedores de insumos y materia prima, empresas de servicios y comercios locales.

Cooperación institucional para el desarrollo del bambú

La agenda comenzó a las 9 de la mañana con una reunión institucional entre la delegación de expertos y la intendente de Apóstoles, María Eugenia Safrán, junto a funcionarios de su gabinete.

El INBAR fue creado en 1997 y actualmente cuenta con más de 52 países miembros entre Asia, África y América, que impulsan acciones de cooperación para el desarrollo sostenible mediante el uso del bambú en comunidades rurales.

El organismo trabaja en territorio mediante asistencia técnica, capacitación y financiamiento, fortaleciendo la gestión de gobiernos locales con el acompañamiento de organismos internacionales.

En ese marco, Jácome Estrella presentó a las autoridades municipales las oportunidades de cooperación técnica para acompañar el proceso de desarrollo iniciado en Apóstoles, en línea con el Plan Bambú Misiones, impulsado por el gobierno provincial en 2017.

“INBAR tiene vasta experiencia en implementar guías de metodologías para la elaboración de ordenanzas municipales para el desarrollo de este recurso natural, como también experiencias en modelo de articulación e integración de los actores de la cadena de bambú”, señaló el director regional en el encuentro.

En este contexto, el organismo implementa el proyecto “Iniciativa Sur-Sur para promover el uso sustentable del bambú como estrategia innovadora para la resiliencia climática de pequeños agricultores en Argentina, Bolivia y Brasil” (Bambú Sur) desde 2025.

La iniciativa es financiada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y ejecutada en articulación con diversos actores locales de los tres países participantes.

Por su parte, la intendente expresó ante los expertos su interés en fortalecer el proceso iniciado. Al finalizar el encuentro, las partes acordaron avanzar en el diálogo institucional y en un convenio marco de cooperación para impulsar acciones conjuntas orientadas a promover la diversificación productiva en la región.

El objetivo es fomentar el manejo adecuado del bambú como alternativa para dinamizar la economía de pequeños productores rurales.

La alianza contempla también el aporte del ámbito científico y académico a través de investigadores de la UNaM y del INTA.

Wenphoenix en Misiones

El empresario Wenxing Shi vivió durante 20 años en Buenos Aires, pero fue en Apóstoles donde encontró el apoyo necesario para concretar su inversión industrial.

En 2023 presentó su proyecto con una inversión millonaria, luego de realizar un estudio de factibilidad que le brindó información estratégica para seleccionar el sitio adecuado y garantizar el abastecimiento de materia prima para los próximos cinco años, considerando la distribución del recurso en distintos puntos de la provincia.

En una entrevista con Alfredo Rau, el funcionario explicó que el plan de ejecución de obras y equipamiento para las líneas de producción se desarrollará en varias etapas.

La primera estará orientada a la fabricación de palillos y escarbadientes, para luego avanzar hacia la producción de carbón vegetal a partir de los residuos del bambú, y posteriormente hacia la fabricación de muebles y productos textiles.

“Es un desafío grande que se encara, no solo para el inversor sino también una política del municipio y de la provincia, donde a través un camino iniciado que nos permite pensar en desarrollar una cuenca de productores de bambú en la zona sur, como una alternativa más de diversificación, considerando las crisis de mercado que enfrentan productos como la yerba mate o la madera. El bambú tiene grandes oportunidad en Misiones”, señaló Rau en la entrevista.

En cuanto a las obras de la planta industrial, la primera etapa ya está culminada, ocupando una superficie de 6.000 metros cuadrados con varias naves dentro del Parque Industrial.

“Está todo listo para comenzar a operar con las máquinas en los próximos días. Más allá de ceder en comodato el predio y eximir de impuestos para la radicación de la industria, la municipalidad realizó las correspondientes obras de instalación de energía eléctrica, agua potable, cámaras de seguridad, sistema anti-incendios y accesos al parque para que todo aquel que deba movilizarse dentro del área lo haga con total tranquilidad”, explicó.

Rau agregó que esta primera fase requerirá mano de obra local, ya que las máquinas están instaladas para iniciar la producción de escarbadientes y palillos de brochet. “También tiene instalada la línea de empaquetado del producto, y esto viene alineado a la recolección del plástico residual, materia prima para ser destinado a nuestra planta de reciclaje municipal, por lo que el proyecto cumple con una acción ambiental de economía circular”, afirmó.

Por su parte, Wenxing Shi, enfocado en el desarrollo de su negocio, indicó que actualmente se encuentra instalando calderas para la segunda etapa de la inversión, orientada al aprovechamiento de los residuos de bambú.

El objetivo será fabricar briquetas de carbón vegetal, que -según aseguró- “tienen más rendimiento calórico que las de madera”.

En su etapa inicial, la comercialización de los productos estará destinada en su totalidad al mercado nacional.

La planta industrial requiere en esta etapa inicial entre 50 y 100 toneladas diarias de barras de bambú.

“La empresa realizó previamente un estudio de factibilidad y fue lo que derivó en la elección del sitio adecuado donde instalarse, ya que tiene asegurada la materia prima para cinco años. Por ello acompañaremos con acciones en las chacras para que otros productores vean la oportunidad de destinar una o dos hectáreas a plantar bambú, que tiene un buen crecimiento en cuatro o cinco años”, remarcó el funcionario municipal.

A medida que la planta aumente su capacidad productiva y diversifique sus líneas de productos, la empresa prevé iniciar un proceso de exportación.

Misiones en la agenda global del bambú

En este contexto, este martes comienza en Oberá el “Seminario Internacional sobre el Bambú como Motor del Desarrollo Verde y la Resiliencia Climática”, un encuentro que busca promover el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas de cooperación Sur-Sur, además de contribuir a la construcción de un entorno favorable para el crecimiento y consolidación del sector del bambú en América Latina.

Se estima que en la región existen aproximadamente 15 millones de hectáreas de áreas nativas y plantaciones de bambú, lo que posiciona a los países de América Latina y el Caribe entre los territorios con mayor riqueza en diversidad y distribución de esta especie.

Los bambúes se encuentran presentes en una amplia variedad de ecosistemas, desde los bosques húmedos tropicales a nivel del mar en las costas del Pacífico y del Atlántico, hasta los ecosistemas altoandinos, alcanzando altitudes de hasta 4.300 metros sobre el nivel del mar en los páramos.

Históricamente, el bambú fue ampliamente utilizado en distintas regiones del mundo para la construcción de embarcaciones, viviendas sociales, hoteles, iglesias, escuelas, puentes y complejos turísticos, además de emplearse en la fabricación de herramientas agrícolas, instrumentos musicales y múltiples usos tradicionales y modernos.

A nivel global, entre los principales países productores, la producción y el consumo de bambú se estiman en aproximadamente 70 mil millones de dólares anuales, lo que refleja la creciente relevancia económica de este recurso natural.

En los últimos años, la innovación tecnológica, el uso productivo y el comercio del bambú han experimentado un crecimiento acelerado. Su versatilidad como sustituto de la madera, material compuesto reconstituido y su aplicación en paneles, pulpa y papel, alimentos, bebidas y otros productos, lo posicionan como un recurso estratégico para afrontar desafíos globales como el cambio climático, la degradación ambiental y la transición hacia economías más sostenibles.

El bambú forma parte integral de los ecosistemas forestales y de las expresiones culturales de Asia, África y América Latina. En particular, varios países asiáticos -con China como referente- han logrado aprovechar de manera eficiente este recurso para impulsar la economía verde, fortalecer la gestión ambiental y contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático, consolidando cadenas de valor sólidas e innovadoras.

Leer más: 

INBAR y UICN apuestan por una gestión sostenible del bambú en América del Sur

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Por Patricia Escobar

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ECUADOR (3/3/2026).- La plataforma Premios Verdes abrió oficialmente el 1 de marzo la convocatoria 2026 dirigida a proyectos sociales y ambientales en ejecución en América Latina y el Caribe. La iniciativa, que este año celebrará su décima primera edición, se consolidó como uno de los espacios más relevantes de innovación sostenible e impacto social en la región.

«La convocatoria está orientada a proyectos que ya cuenten con resultados medibles y que busquen fortalecer su modelo, acceder a financiamiento y escalar su impacto a nivel internacional», explicaron los organizadores en contacto con ArgentinaForestal.com.

Más que un reconocimiento, Premios Verdes evolucionó hacia un programa integral de educación continua, evaluación técnica y conexión estratégica.

En sus diez años de trayectoria, premios verdes recibió más de 20.000 proyectos de 53 países, consolidándose como un movimiento regional que identifica, conecta y amplifica soluciones sostenibles.

Según el Estudio de Impacto 2013–2023 elaborado por PwC, el 71% de los proyectos participantes superó la barrera de los dos años y continúa en funcionamiento; el 74% incrementó sus ventas tras su participación y el 36% logró acceder a financiamiento. Los datos evidencian el valor que tienen la mentoría, la evaluación técnica y la visibilidad internacional para la sostenibilidad económica de las iniciativas.

La edición 2026 culminará en octubre con un encuentro global en la ciudad de Cuenca, Ecuador, donde convergerán líderes y proyectos de distintos países para fortalecer su proyección internacional.

Categorías y alcance regional

Los proyectos podrán postularse en diez categorías oficiales: Agricultura y Producción de Alimentos, Agua Dulce, Ciudades y Comunidades Resilientes, Desarrollo Humano, Economía Circular, Ecosistemas Terrestres, Ecosistemas Marinos, Energía, Finanzas y Tecnología Verde.

La evaluación estará a cargo de un jurado internacional integrado por representantes de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, la Corporación Financiera Internacional (IFC), The Nature Conservancy, WWF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), entre otras organizaciones internacionales, financieras y académicas.

“El reto regional es fortalecer y amplificar todo proyecto que ya está generando resultados. Quienes están resolviendo problemas reales en sus comunidades necesitan acceso a redes, conocimiento y oportunidades que les permitan crecer, y ese es el compromiso de Premios Verdes”, señaló Gustavo Manrique, cofundador de la plataforma.

Capítulos país y comunidad regional

El modelo también se articula a través de Capítulos País que acompañan a los proyectos a nivel local. En esta edición, Bolivia se consolida como capítulo oficial, mientras que Perú y Colombia desarrollarán encuentros estratégicos para preparar a sus iniciativas rumbo al evento global en Cuenca.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de abril a través del sitio oficial de la organización. La postulación es gratuita y prioriza proyectos con impacto comprobable, sostenibilidad financiera y potencial de escalabilidad.

Con más de una década de trayectoria, Premios Verdes se posiciona no solo como un reconocimiento, sino como una plataforma regional que impulsa la consolidación y proyección internacional de soluciones sostenibles en América Latina y el Caribe.

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Por Patricia Escobar

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AMÉRICA LATINA Y ARGENTINA (15/8/2025).- La Amazonía se encuentra en una encrucijada crítica, y su futuro dependerá de las decisiones políticas y económicas que se tomen en los próximos años. En una conferencia de prensa virtual, a la que accedió ArgentinaForestal.com,  voces expertas e influyentes de la región como científicos y legisladores hasta líderes indígenas, unieron sus voces para abordar con los periodistas los verdaderos costos sociales, ambientales y económicos de la expansión de los combustibles fósiles en países de la región y la urgente necesidad de avanzar en una transición energética justa.

A tan solo una semana de la V Cumbre Presidencial de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que se llevará a cabo el 22 de agosto en Bogotá, Colombia, el jueves 14 brindaron la charla virtual coordinada por organizaciones de la sociedad civil para discutir los factores políticos y económicos que están moldeando el futuro de la Amazonía.

La conversación contó con la moderación a cargo del periodista André Borges del diario Folha de São Paulo, del panel integrado por Paulo Artaxo, físico, miembro del IPCC y especialista en Crisis Climática Amazónica; Andrés Cancimance, legislador colombiano del Departamento del Putumayo, especializado en Políticas Públicas, Territorios y Derechos de Pueblos Amazónicos e integrante de la Iniciativa Global Parlamentaria para un Futuro Libre de Combustibles; Paola Yanguas Parra, consultora de Políticas e integrante del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD); y Olivia Bisa, lideresa indígena peruana, es la primera mujer presidenta del gobierno territorial autónomo de la Nación Chapra de la Amazonia Peruana.

La conversación giró en torno a los verdaderos costos sociales, ambientales y económicos de la expansión de los combustibles fósiles en la Amazonía, así como la importancia de marcos regulatorios que permitan avanzar hacia una transición energética justa.

También se discutió el papel estratégico de la OTCA y su potencial para alinear a los países amazónicos frente a los desafíos comunes, en especial de cara a la COP30, que se celebrará en noviembre próximo en la ciudad de Belém, en Brasil. En esta cumbre mundial el tema central será sobre los combustibles fósiles y el reto de avanzar hacia la transición energética justa, por lo que será estratégico llegar con posiciones sólidas para el debate que será en un contexto global muy desafiante.

La Cumbre de Presidentes de la Amazonía convocará a los jefes de Estado de los países amazónicos para realizar una evaluación de la implementación de la Declaración de Belém, resultado de la última cumbre de la OTCA, y aprobar una declaración conjunta sobre la crisis climática y las acciones regionales para enfrentarla. Este documento representará la posición del bloque de cara a la COP30 de noviembre.

Previo al encuentro presidencial, los ministros de los países miembros de la OTCA se reunirán los días 20 y 21 de agosto para debatir y definir los contenidos de dicha declaración y sus recomendaciones.

La OTCA está compuesta por ocho países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, todos signatarios del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA). Este tratado constituye el único bloque socioambiental de América Latina.

Si bien la Cumbre no es una instancia formal de negociación climática, se espera que funcione como una plataforma clave para avanzar en compromisos previos a la COP30, que por primera vez se celebrará en plena Amazonía. Aun así, persisten fuertes resistencias internas a abordar el abandono de los combustibles fósiles y, especialmente, a poner fin a la exploración petrolera en la región.

Proteger la Amazonía -y a sus más de 40 millones de habitantes- exige mucho más que frenar la deforestación. Ignorar la urgencia de dejar atrás los combustibles fósiles pone en peligro no solo la selva, sino el sistema climático global.

Entre 2012 y 2020, los campos para la extracción fósil en la Amazonía aumentaron un 13%. Hoy la exploración se extiende en ocho de los nueve países que albergan la selva.

La quema de petróleo, carbón y gas es responsable de cerca del 80% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En otras palabras, enfrentar la crisis climática requiere abandonar los fósiles.

Frente a la emergencia climática global, urge establecer zonas prioritarias libres de combustibles fósiles, para proteger ecosistemas críticos para la vida. La Amazonía, por su relevancia para el clima, la biodiversidad y las comunidades, debe ser una de estas zonas libres de gas y petróleo.

Las voces de la ciencia, del sector parlamentario y la comunidad indígena

Paulo Artaxo fue contundente en su análisis. Afirmó que el problema central de la crisis climática es la explotación de combustibles fósiles, que son responsables del 85% al 90% de las emisiones globales. Artaxo advirtió que si en la próxima COP30 no se implementan políticas efectivas para poner fin a su uso, «habrá pocas cosas que se puedan hacer».

El investigador del IPCC sostuvo que “la cuestión central en la crisis climática es la explotación y el uso de los combustibles fósiles, responsables de entre 85% y 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Si la COP30 no implementa efectivamente políticas que terminen con el uso de combustibles fósiles, habrá pocas cosas que se puedan hacer. La segunda mayor fuente de gases de efecto invernadero es la deforestación de bosques tropicales, de los cuales la Amazonía es el componente principal. Varios países tienen estrategias para eliminar la deforestación de bosques tropicales para 2030, una meta que todos debemos alcanzar”, explicó.

Pero el investigador remarcó que hay un problema importante: la selva amazónica está sufriendo un proceso de degradación forestal debido al aumento global de la temperatura y la reducción de las precipitaciones, que genera estrés hídrico, afectando a todo el ecosistema. El bosque pierde carbono no solo por la deforestación, básicamente por el uso y la explotación de los combustibles fósiles”, indicó.

Por lo tanto, es muy importante entender que incluso si entre todos los países acaban con esta tala indiscriminada de Bosques tropicales al 2030, la degradación forestal se volverá cada vez más acusada, y eso implicará que los bosques tropicales del planeta sean una fuente de gases de efecto invernadero (CO2 y Metano) para el clima global.

En ese contexto, sostuvo que además de implementar efectivamente la transición energética en los países de la OTCA, “necesitamos avanzar estratégicamente entre todos los países de la región amazónica, avanzar en los procesos de adaptación y mitigación porque el clima ya cambió, y continuarán estos cambios cada vez más, por ello es fundamental atender estos temas por nuestras poblaciones”.

Finalmente, consideró que es necesario también presionar a los países que son responsables de la mayor parte de las emisiones para que aceleren su transición energética y lograr un mundo libre de fósiles en no más que las próximas décadas.

El legislador colombiano Cancimance se refirió a la fuerte tensión que existe  frente a la idea de eliminar progresivamente los fósiles en la Amazonía porque, pese a la intención de Colombia, países como Brasil no están de acuerdo. “Por eso los parlamentarios enviamos una carta al presidente Gustavo Petro, para animarlo a presentar el tema aún cuando la OTCA no lo prioriza por falta de consenso. Hay que insistir ahora en Bogotá, y luego en la COP30, para que el tema sea parte central de estas conferencias. La omisión del problema fósil es gravísima”, expresó.

Seguido, consideró que aún hay mucho por hacer a nivel multilateral, pero sobre todo parlamentario. “Necesitamos legislación y normatividad mucho más fuertes. Los referendos y las declaratorias de zonas de exclusión no están siendo efectivos. Urgen leyes al nivel de las repúblicas, en línea con propuestas legislativas que ya están en debate en Colombia, Brasil, Perú y Ecuador, que permitan avanzar», planteó.

A su turno, la lideresa indígena recalcó: «Como nación Chapra, tenemos el 97% de nuestra biodiversidad intacta, lo que significa que nuestra gobernanza es legítima y ejemplo a nivel nacional e internacional. Sin embargo, el Estado peruano lleva años intentando explotar nuestro territorio. Hemos resistido el ingreso de 5 empresas trasnacionales, presionado a nuestros parlamentarios y presentado un proyecto de ley para que la Amazonía sea declarada intangible, libre de actividad petrolera y de todo tipo de extractivismos”, expuso Bisa.

“Espero que en la reunión de la OTCA y en la COP30 los líderes se comprometan a declarar la Amazonía libre de combustibles fósiles. La selva es una esperanza de vida. Si queremos un futuro para nuestros hijos, es momento de protegerla y actuar», concluyó.

Finalmente, Yanguas Parra consideró un sin sentido expandir la frontera petrolera en la Amazonía colombiana, ya que “el costo económico de extracción y transporte es altísimo, se ponen en peligro sumideros de carbono fundamentales para Colombia y el mundo, y el impacto sobre comunidades y ecosistemas locales resulta irreversible. Ganaríamos mucho más deteniendo la exploración y planificando una salida ordenada allí donde ya existe producción”.

La Amazonía debe ser una zona de exclusión fósil

Dada su importancia para el clima y la biodiversidad global, la Amazonía debe ser considerada una zona libre de combustibles fósiles, tanto en exploración terrestre como marina.

Los países Pan-Amazónicos deben:

●     Establecer una fecha para terminar la producción de combustibles fósiles en el bioma.

●     Detener nuevas licitaciones de bloques para petróleo y gas (convencional y no convencional) en tierra y costa.

●     Eliminar subsidios a la industria fósil.

●     Redirigir dichos recursos a impulsar la producción sostenible basada en energías renovables, especialmente de forma descentralizada.

●     Lanzar un plan de cierre, reparación y restauración de áreas explotadas, con participación activa de comunidades locales, respetando su autonomía.

●     Implementar mecanismos de compensación para poblaciones históricamente afectadas por esta industria.

●     Iniciar la transición hacia un nuevo modelo energético regional.

●     Presionar para que bancos e instituciones financieras dejen de financiar proyectos fósiles en la Amazonía.

Panorama del petróleo en América del Sur

Colombia: 52 contratos vigentes en la Amazonía colombiana (2021), muchos sobrepuestos a territorios indígenas. Petro ha instado a dejar atrás los fósiles: “Sin una política transnacional para eliminarlos, la Amazonía seguirá bajo amenaza, incluso si frenamos la deforestación”.

Ecuador: Es el mayor productor amazónico de crudo. Más del 50% de su Amazonía está concesionada. En 2023, tras un referendo histórico, el pueblo votó para detener el proyecto ITT en el Parque Yasuní. Dos años después, la decisión aún no se implementa.

Guyana: La ExxonMobil descubrió grandes reservas en 2015. Hoy, el país apenas recibe el 14.5% de las ganancias, mientras las transnacionales no pagan impuestos. En 2023, Guyana subastó ocho nuevos bloques marinos.

Perú: El 60% del país es selva. La industria petrolera ha dejado más de 3.000 pasivos ambientales y causó más de 500 derrames entre 1997 y 2021. Petroperú promueve 31 nuevos bloques, afectando a 435 comunidades indígenas.

Surinam: Motivado por los descubrimientos en Guyana, el país licitó bloques entre 2023 y 2024, aunque las expectativas de hallazgos masivos aún no se confirman.

Venezuela: Aunque la industria decayó por la crisis interna, los impactos siguen. Más de la mitad de la flota de PDVSA está inutilizable, y solo en 2022 se reportaron al menos 86 derrames.

Brasil: Produce poco petróleo amazónico. Sin embargo, en junio adjudicó 19 bloques para la exploración de petróleo en la cuenca de la Foz do Amazonas. El litoral amazónico alberga los segundos mayores manglares del mundo y un sistema arrecifal de gran biodiversidad

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Por Patricia Escobar

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QUITO (26/07/2025).- La decisión del Gobierno de Ecuador de fusionar el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) con el Ministerio de Energía y Minas ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientalistas, que consideran que esta medida representa un grave retroceso en la institucionalidad ambiental del país.

La reforma impulsada por el Ejecutivo es vista como una amenaza directa a la autonomía técnica de la autoridad ambiental, especialmente en un momento crítico en que la protección de los ecosistemas y la biodiversidad debería ser una prioridad nacional y global.

Riesgo de ser «juez y parte»

Desde WWF-Ecuador expresaron su profunda preocupación ante la creación de un organismo que, al fusionar funciones ambientales y extractivas, se convierte en “proponente y evaluador” al mismo tiempo, lo que contradice los principios constitucionales que exigen independencia y altos estándares técnicos en los procesos de licenciamiento ambiental.

“El ambiente no puede perder su voz”, reclamó la organización, y advirtió sobre los riesgos de debilitar políticas clave como la gestión de áreas protegidas, la acción climática y la restauración ecológica, además de comprometer la transparencia en el control de actividades extractivas.

También destacaron que la legislación ecuatoriana establece claramente la separación de funciones como base de una gestión ambiental robusta, señalando que solo mediante esa independencia es posible proteger efectivamente los derechos de la naturaleza y aplicar el principio de precaución ante actividades con alto impacto ecológico.

Impacto económico y social

Según el Informe Planeta Vivo 2024 de WWF, más del 55 % de la economía mundial depende directamente de la naturaleza. En Ecuador, esta proporción también alcanza al 55 % del PBI, mientras que la minería apenas representa el 1 % y el sector energético el 8 %. “Estos datos confirman que la economía ecuatoriana necesita más que nunca una institucionalidad ambiental sólida y prioritaria”, subrayó la organización.

A esto se suma el impacto social de la medida: la salida de más de 5.000 funcionarios públicos como consecuencia de la fusión representa, además de un debilitamiento técnico, una grave afectación a miles de familias.

Por su parte, la Fundación Jocotoco también manifestó su rechazo a la fusión y alertó sobre el conflicto estructural de intereses que implica esta medida. Mientras el Ministerio del Ambiente tiene como mandato la protección de la biodiversidad y la regulación del uso sostenible de los recursos, el Ministerio de Energía y Minas impulsa el desarrollo de actividades extractivas, como la minería y la explotación petrolera.

“Una misma institución que promueve el desarrollo extractivo no puede al mismo tiempo ser la encargada de evaluar y mitigar sus impactos. Eso debilita los mecanismos de control y compromete la independencia técnica que requiere una gestión ambiental seria”, sostuvieron.

Además, advirtieron que esta medida pone en duda la capacidad del país para cumplir con sus compromisos climáticos y de conservación asumidos ante la comunidad internacional.

Tanto WWF como Fundación Jocotoco hicieron un llamado a la ciudadanía, la sociedad civil, el sector académico y la cooperación internacional a mantenerse vigilantes frente a este cambio institucional y exigir que las decisiones públicas prioricen el bien común y el bienestar de las futuras generaciones.

“Una autoridad ambiental autónoma e independiente cumple un rol irremplazable en la protección de la naturaleza. Sin esa independencia, se debilitan los controles, se compromete la transparencia y se pone en riesgo la sostenibilidad del país”, concluyeron.

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ECUADOR (10/7/2025).- Con 80 votos afirmativos, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, una normativa de carácter económico urgente que impulsa la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Este nuevo organismo tendrá como objetivo modernizar, profesionalizar y garantizar la gestión técnica, financiera y legal de los ecosistemas estratégicos del país.

La aprobación de la ley fue calificada como un momento histórico por el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, quien señaló: “Esta ley no es un simple trámite legislativo, es un acto de amor por el país. Con la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el Ecuador dice nunca más al abandono institucional, nunca más a un guardaparque sin respaldo, y nunca más a una comunidad que pide ayuda y solo recibe papeles. Es el momento de actuar con inteligencia, urgencia y corazón.”

Desde la Presidencia de la República, el mandatario Daniel Noboa destacó: “Ecuador está demostrando que proteger el medio ambiente no es una opción, sino una obligación. Esta ley consolida nuestro compromiso con la naturaleza, con nuestras comunidades y con el planeta. Esperamos que esta acción inspire a otros países a fortalecer sus marcos legales para la conservación de la biodiversidad.”

Con esta legislación, se consolida un modelo de gobernanza ambiental que permitirá enfrentar con mayor eficacia amenazas como la minería ilegal, la deforestación, la fragilidad operativa y la escasa sostenibilidad financiera de las áreas protegidas.

El SNAP contará con autonomía técnica y financiera, y podrá administrar directamente recursos provenientes de fondos nacionales e internacionales, donaciones y otras fuentes legítimas.

Desde el ámbito técnico y conservacionista, el director de WWF Ecuador, Tarsicio Granizo, expresó: «Una ley que, debidamente fortalecida, representará un antes y un después para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y para las comunidades que habitan en y alrededor de estos territorios de vida.»

Asimismo, la ley establece la creación de carreras técnicas para la profesionalización de los guardaparques, una demanda histórica del sector.

Para Juan Esteban Rivadeneira, representante de la Asociación de Guardaparques del Ecuador: «Después de años de abandono, por fin se da un paso firme para cambiar la realidad dolorosa y la fragilidad institucional. Esta es la oportunidad de realizar un cambio profundo con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, una institución especializada, pero también autónoma.»

El nuevo marco normativo también ratifica los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, incluyendo el respeto a la consulta previa, libre e informada. Además, prohíbe expresamente la privatización de áreas protegidas y limita las actividades turísticas a zonas de uso público y recreativo.

Desde la sociedad civil, la conservacionista ecuatoriana y presidenta del directorio de la Fundación Charles Darwin, Yolanda Kakabadse, sostuvo: «Esta ley es una gran oportunidad para que Ecuador reafirme su liderazgo ambiental. Un marco legal moderno, profesional y con controles claros, permitirá no solo conservar, sino también fortalecer la relación entre naturaleza y sociedad.»

Con esta legislación, el Ecuador fortalece su capacidad para cumplir sus compromisos internacionales en materia de biodiversidad y acción climática, proyectando una imagen de coherencia ambiental ante la comunidad global.

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ECUADOR (2/5/2025).- A lo largo de tres días, la Cumbre Banano 2025 se consolidó como un espacio estratégico para analizar los principales retos de la industria, impulsar prácticas sostenibles y proyectar el futuro del mercado bananero global.

«Esta cumbre es importante para la industria bananera. Aquí no solo discutimos el presente, sino que trazamos el futuro del sector con soluciones innovadoras y sostenibles. Ecuador, como líder mundial en exportación de banano, debe seguir impulsando la calidad y la responsabilidad ambiental”, resaltó en la ceremonia inaugural Ricardo Baquerizo Amador, presidente de Expoplaza.

La ceremonia inaugural también incluyó una condecoración a figuras destacadas del sector, entre ellos Álvaro Noboa Pontón (representado por su hijo Juan Sebastián Noboa), Fernando Torres Trujillo, Eduardo Ubilla, Arturo Condo (Universidad EARTH) y Adolfo Mariscal (Universidad Zamorano).

En esta edición se abordarán temas de alto nivel que definirán el futuro del sector. De la mano de quince expertos nacionales e internacionales analizarán los desafíos más urgentes que enfrenta la industria, desde cómo evitar la propagación de enfermedades devastadoras hasta la transformación del comercio global de frutas tropicales.

Además, se explorará cómo la aplicación de nuevas tecnologías, como drones e inteligencia artificial, está revolucionando la producción agrícola y permitiendo un monitoreo más eficiente de los cultivos. Todas estas discusiones estarán orientadas a encontrar soluciones concretas para fortalecer la sostenibilidad y competitividad del sector bananero.

Por su parte, el Ministro de Agricultura y Ganadería, Ing. Danilo Palacios Márquez, enfatizó: «El banano es un pilar fundamental para la economía nacional. Desde el Gobierno, estamos comprometidos con políticas que fortalezcan la productividad, el acceso a los mercados y el bienestar de los agricultores. Esta cumbre es una plataforma clave para articular esfuerzos entre el sector público y privado.»

Entre algunos de los temas más relevantes de esta edición se incluyen el Fusarium R4T , la mayor amenaza para la producción mundial de banano, que será abordada por Lieselot Van der Veken, experta en biodiversidad agrícola; el Impacto del cambio climático en el rendimiento del banano, tema que analizará el agrícola Noel Molina; los avances en Drones e inteligencia artificial en la agricultura bananera, presentados por Víctor Hugo Morales; y el Futuro del mercado bananero frente a la competencia de otras frutas tropicales , evaluado por Raúl Villacrés.

Asimismo, Xavier Lazo liderará un debate sobre la Calidad de vida en el agro , destacando la importancia de mejorar las condiciones laborales, el acceso a la salud y la vivienda digna para los trabajadores agrícolas.

La Prefecta del Guayas, Marcela Aguíñaga, destacó el rol de la provincia en la agroindustria: «Guayas es el corazón de la producción bananera, y eventos como este refuerzan nuestro compromiso con el desarrollo rural y la sostenibilidad. Trabajamos en alianza para garantizar un futuro próspero para nuestros productores.»

La Cumbre Banano , en su 12ª edición , reunió a más de 3.000 profesionales , incluyendo a productores, exportadores, científicos y representantes de la industria global, además de la ciudadanía interesada en el sector.

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Fuente: UICN América del Sur

Quito, 28 de enero de 2025.  Líderes regionales, expertos internacionales y representantes gubernamentales se dieron cita en Quito para abordar la gestión de los recursos hídricos transfronterizos, destacando la importancia de las cuencas hidrográficas como base para el desarrollo sostenible y la cooperación regional.

El evento organizado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina Regional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en América del Sur, contó con la participación de la Dra. Yumiko Yasuda, destacada experta internacional en gobernanza del agua, especialista Senior en Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y Cooperación en Aguas Transfronterizas para el Global Water Partnership.

En el encuentro se abordó la necesidad de fortalecer los lazos entre Ecuador, Perú y Colombia, no solo para garantizar el acceso equitativo al agua, sino también para preservar los ecosistemas compartidos, esenciales para la vida, el bienestar económico de las comunidades y el desarrollo sostenible.

“La cooperación efectiva en la gestión de las aguas transfronterizas puede generar una mayor confianza entre los países que comparten el cuerpo de agua, esa mayor confianza puede catalizar la colaboración económica de cara a las inversiones transfronterizas, asegurando la estabilidad geopolítica, la reducción del riesgo de conflictos y el progreso compartido. Es esencial que trabajemos juntos para proteger estas cuencas, que son fuente de vida y desarrollo para millones de personas”, destacó la Dra. Yumiko Yasuda.

Por su parte, María Luisa Cruz, viceministra del Agua del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), subrayó: “Con nuestros países vecinos como Perú y Colombia hemos podido superar desafíos territoriales para el cuidado de nuestros recursos naturales, pues estos no conocen de fronteras. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajo con diferentes actores para generar políticas públicas que promuevan la conservación de las cuencas hidrográficas, que influye además en lo económico, lo político y lo social.” manifestó.

Inka Mattila, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Ecuador, agregó: “El agua es vida y el mantenimiento de las cuencas hidrográficas es un eje transversal en la gran hoja de ruta de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ello la red global del PNUD presente en más de 170 países apoya a desarrollar políticas y estrategias tanto nacionales como transfronterizas para usar el agua de manera eficiente, sostenible y equitativa”.

Por su lado, Gabriel Quijandría, director regional de la UICN para América del Sur, enfatizó: “Ante los efectos del cambio climático, que afecta a países vulnerables como en la región, la conservación de los ecosistemas asociados a las cuencas hidrográficas es vital para mantener su funcionalidad ecológica. Es necesario garantizar un financiamiento adecuado y disponer del tiempo necesario para que el proceso se consolide de manera sostenible.»

“El encuentro realizado en Quito reafirma el liderazgo de Ecuador en la diplomacia del agua y su compromiso con soluciones colaborativas frente a los desafíos de la gobernanza hídrica. Al priorizar la protección de las cuencas hidrográficas y fomentar la cooperación internacional, el país está dando un paso crucial hacia un futuro más sostenible, pacífico y próspero para la región”, destacaron los organizadores.

Los encuentros se dan en el marco del Programa BRIDGE,  una iniciativa global que busca fortalecer a las instituciones que gestionan cuencas transfronterizas para el manejo sostenible del agua compartida y los ecosistemas de agua dulce, impulsar la paz azul e integración regional en el largo plazo, y aumentar la seguridad hídrica.

En más de una década de experiencia, la UICN logró desarrollar enfoques y herramientas que permiten una distribución más equitativa de los beneficios asociados al uso y aprovechamiento del agua compartida, al tiempo que se incorporan enfoques de interseccionalidad y soluciones basadas en la naturaleza.

El programa BRIDGE también ofrece la posibilidad de revisar, fortalecer y actualizar marcos legales e instituciones que permitan una gestión sostenible de las cuencas transfronterizas, proveyendo soluciones ajustadas a los contextos geográficos y prioridades locales al tiempo que apoya el urgente llamado de acelerar la cooperación transfronteriza para la gestión integrada del agua a nivel global (ODS 6.5).

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Fuente: INABIO

ECUADOR (20/12/2024).-  El 41 % de los árboles endémicos de la Amazonía ecuatoriana están en alto riesgo de extinción, según un estudio desarrollado por la Universidad de las Américas e Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

En concreto, la investigación reveló que los árboles o plantas de altura mediana o pequeña y las especies con áreas de distribución reducidas son los ejemplares que podrían sufrir un mayor peligro de desaparición. El estudio sugiere, además, que una proporción similar de árboles endémicos en países como Colombia, Brasil y Perú también enfrenta riesgos críticos debido a la deforestación y el cambio climático.

«Rasgos como el tamaño del fruto, la altura máxima que adquieren las especies así como el rango de distribución son características que están relacionados a alto riesgo de extinción», explica el estudio.

De acuerdo a los autores del estudio Juan Ernesto Guevara-Andino, Daniel Navas-Muñoz (Asociado al Inabio) y María José Endara, la Amazonía ecuatoriana representa uno de los puntos calientes de deforestación con una pérdida proyectada de aproximadamente el 27 % de la cobertura forestal para el 2023.

Asimismo, el 21 % de las áreas boscosas donde se registraron la mayoría de las especies arbóreas endémicas ya han sido deforestadas, por lo que los investigadores denuncian que «el actual nivel de deforestación está aumentando el nivel de amenaza y un deterioro actual del estado de conservación».

Junto a los datos se presentó una evaluación preliminar de la conservación de la flora arbórea endémica de la Amazonía ecuatoriana basado en un conjunto masivo de datos que representan más de 30 años de estudios.

El aumento del número de áreas protegidas en territorios indígenas o traducir las políticas de conservación actuales en un uso sostenible concreto, son algunas de las soluciones que se plantean en el estudio para «detener la creciente amenaza a uno de los componentes más importantes de los bosques tropicales».

Los resultados también fueron útiles para corroborar la evidencia reciente demostrada por otros análisis en los que se sugiere que más del 50 % de todas las especies de árboles amazónicos probablemente están en peligro, siendo las especies raras y endémicas las más amenazadas.

Al igual que ocurre en Ecuador, en el estudio se plantea la hipótesis de que una proporción similar de la flora arbórea endémica amazónica de Colombia, Brasil y Perú enfrenta actualmente un alto riesgo de extinción.

«Dependiendo de los niveles de deforestación y las diferencias de los efectos del escenario climático futuro, esta proporción podría aumentar», concluyen.

La Amazonia ecuatoriana es reconocida por sus extraordinarios niveles de diversidad arbórea, con un estimado de 5.400 especies de árboles para toda la región, y más de 650 especies dentro de una sola hectárea, según un comunicado de Inabio.

A pesar de que sólo el 3 % de todas las especies de árboles son endémicas, el cambio de uso de la tierra y la pérdida de hábitat están provocando que estos bosques desaparezcan rápidamente a tasas cada vez más altas, con algunas proyecciones para la región que oscilan entre el 9 % y el 28 % de tasas de extinción para 2050, remarcan.

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BRASIL (16/6/2024).- Según el informe, el 71% de la Amazonia no está protegido eficazmente por los marcos de gestión de riesgos medioambientales y sociales de los cinco principales financiadores del petróleo y el gas amazónicos: Citibank, JP Morgan Chase, Itaú Unibanco, Santander y Bank of America.

«Este grupo ha incumplido incluso sus propios compromisos de responsabilidad ambiental al financiar estos proyectos», cuestionan los autores del estudio.

Este informe llega en un momento crítico, ya que la Amazonia se encuentra en un punto de inflexión inminente, que amenaza a los pueblos indígenas, las comunidades locales, la selva y su biodiversidad, y la continuidad de la vida en el planeta.

«LOS BANCOS ESTÁN MAQUILLANDO DE VERDE SU CONTRIBUCIÓN A LOS IMPACTOS ADVERSOS EN LA AMAZONÍA».

El análisis muestra que en Ecuador, los bloques de petróleo y gas se superponen al 65% (4,5 millones de hectáreas) de los territorios indígenas, mientras que en Perú, las concesiones de petróleo y gas se solapan con el 33% (15,4 millones de hectáreas) de estos territorios. Estas cifras revelan una preocupante falta de protección y gestión de riesgos que deja vulnerables vastas áreas de la Amazonia, afectando directamente a los pueblos indígenas y a su entorno.

Los datos del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del país identifican más
de 4.600 derrames de petróleo y contaminación entre 2006 y 2022, de los cuales más de 530 se produjeron en Territorios Indígenas, afectando gravemente a los Pueblos Indígenas.

“Desde que la explotación petrolera comenzó hace 60 años en la Amazonía ecuatoriana,
se nos prometió progreso, salud, bienestar y educación, pero sobre todo, una vida digna. Sin
embargo, desde entonces hasta el día de hoy, los pueblos indígenas hemos sido víctimas de un sistema corrupto que perpetúa la violencia contra nosotros, nos arrebata territorio, recursos naturales, hermanos y hermanas, y deteriora nuestra calidad de vida”, afirmó José Esach, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), que representa a cerca de 1.500 comunidades pertenecientes a las nacionalidades amazónicas Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Sapara, Andwa, Shiwiar, Cofan, Siona, Siekopai y Kijos. “Si los bancos realmente se preocupan por los derechos
indígenas, deberían dejar de financiar actividades que nos están causando daño.

El HSBC es el único de los seis bancos principales que financian la extracción de petróleo y gas en la Amazonia que cuenta con una política eficaz para proteger la región. En diciembre de 2022, el banco británico se comprometió a excluir la financiación de petróleo y gas de la Amazonia, y hasta ahora, no se han registrado nuevas transacciones en 2023 en la Base de Datos de Bancos Amazónicos de Stand.earth.

El informe “El blanqueo ecológico en la Amazonía” subraya que la única manera de acabar con el greenwashing en la región es que los bancos dejen urgentemente de financiar su destrucción. Stand.earth y COICA piden a los principales bancos internacionales que pongan fin al financiamiento de la extracción de petróleo y gas en la Amazonía, para proteger el 80% restante de la selva tropical más grande del mundo para 2025.

El llamado es claro: las políticas actuales de los bancos están llenas de lagunas que permiten la financiación continua de proyectos destructivos. Todd Paglia, director ejecutivo de Stand.earth, afirma: “A través de sus políticas engañosas y promesas vacías, estos bancos están tratando de maquillar de verde la extracción de petróleo y gas en la Amazonía y ocultar los impactos destructivos de sus financiamientos. Junto con los pueblos indígenas, pedimos a los bancos que pongan fin al blanqueo ecológico y al financiamiento de proyectos de petróleo y gas en la Amazonía.”

Angeline Robertson, investigadora de Stand.earth y autora del informe, agrega: “Los cinco principales financistas de petróleo y gas de la Amazonía no aplican sus políticas de gestión de riesgo ambiental y social al 71% de la región. La Amazonía está en contrarreloj y no podemos permitir que las instituciones financieras hagan la vista gorda ante el daño que su dinero financia.”

Carlos Nobre, científico y referente mundial en estudios sobre el cambio climático, destaca la gravedad de la situación: “Gran parte de la selva amazónica está muy cerca de un punto de no retorno. Es esencial frenar la deforestación, la degradación y los incendios forestales y acelerar una restauración a gran escala de la selva amazónica para evitar este punto de no retorno. Para ello, es fundamental que el mundo financiero deje de financiar de inmediato la explotación de minerales, petróleo, gas natural y agricultura expansiva en la Amazonía.”

El informe concluye que los bancos deben adoptar una exclusión geográfica que abarque todas las transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas en la Amazonia. Esta es la única solución viable para proteger la biodiversidad, mitigar el cambio climático y defender los derechos de los pueblos indígenas.

Revelaciones principales del informe

El informe revela que muchas transacciones financieras están estructuradas de forma que minimizan la identificación de valores medioambientales y sociales en los marcos de gestión de riesgos de los bancos. Se analizaron más de 560 transacciones relacionadas con actividades de petróleo y gas realizadas por unos 280 bancos en los últimos 20 años en la Amazonía utilizando la Base de Datos de los Bancos Operando en la Amazonía de Stand, para determinar si son comunes las estructuras de acuerdos que eluden las exclusiones y los filtros.

Los bancos norteamericanos Citibank y JPMorgan Chase son los principales financistas de petróleo y gas en la Amazonía, según la base de datos.

El informe muestra que ambos bancos han destinado $2.320 millones y $2.250 millones de dólares, respectivamente, al financiamiento directo del sector de petróleo y gas en la región en los últimos 20 años. La mayoría de los mecanismos de Citibank para la gestión de riesgos ambientales y sociales sólo se aplican al financiamiento relacionado con proyectos.

Su exclusión geográfica abarca sólo el 2% de la Amazonía, mientras que los filtros cubren otro 44% de la región.

El informe muestra cómo las lagunas en las políticas y las estructuras de los acuerdos pueden debilitar la diligencia debida. Por ejemplo, a pesar de tener una política sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Citibank proporcionó un financiamiento estimado en $125 millones de dólares a Hunt Oil Perú, una empresa creada para el proyecto de gas de Camisea, que ha violado los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonia peruana.

La transacción fue un bono sindicado de propósito corporativo general, la estructura de transacción más común en la base de datos y el tipo de financiamiento que más limita la diligencia debida de los bancos.

El informe también muestra que, sólo en 2023, JPMorgan Chase proporcionó un estimado de $126 millones de dólares en nuevo financiamiento directo para la producción de petróleo y gas en la Amazonía colombiana para Ecopetrol y Gran Tierra.

En el mismo año, el banco fue uno de los principales financiadores de Hunt Oil en Perú con un financiamiento directo adicional de $125 millones de dólares. Hunt Oil Perú es socio del Proyecto de Gas de Camisea, que ha impactado a PIACI en reservas que coinciden con bloques petroleros.

En marzo de 2024, JPMorgan Chase se retiró de los Principios de Ecuador, que sirven de referencia y marco común para que las instituciones financieras identifiquen, evalúen y gestionen los riesgos ambientales y sociales al financiar proyectos. El siguiente mayor financista es Itaú Unibanco, de Brasil.

La política de gestión de riesgo ambiental y social de Itaú Unibanco no tiene exclusiones ni filtros que se apliquen a las operaciones de petróleo y gas en la región. Un análisis de las transacciones recogidas en la base de datos de Stand revela que el 99% de las operaciones del banco relacionadas con el sector en la Amazonía en los últimos 20 años no cumplen los requisitos para que se apliquen los Principios de Ecuador, aunque estaban relacionadas con grandes productores de petróleo y gas, como Eneva, Frontera, Geopark, Petrobras, Petroquímica Comodoro Rivadavia y Transportadora de Gas del Perú.

El banco español Santander – el mayor financista europeo del petróleo y gas amazónico y el cuarto a escala mundial – aportó casi $1.400 millones de dólares en financiamiento directo al sector entre 2009 y 2023.

Santander tiene una de las políticas de exclusión más amplias, que cubre el 16% de la Amazonía con prohibiciones de financiamiento de petróleo y gas en sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sitios Ramsar y algunas áreas protegidas por la UICN.

Aunque es mejor que la de otros bancos en este análisis, la política de Santander se queda corta en la práctica: el 85% de sus transacciones rastreadas directamente a la Amazonía son para bonos sindicados, que carecen de transparencia y reducen la responsabilidad del banco como contribuyente a los impactos adversos. Bank of America, el mayor financista número uno de petróleo y gas en la Amazonia para 2023 según “Banking on Climate Chaos”, tiene una política de gestión de riesgo ambiental y social que no afecta a la mayoría de sus financiamientos en la Amazonía. Según Stand Research Group, el 99% de las transacciones en las que Bank of America es prestamista son sindicadas y el 95% son para un uso amplio de los ingresos.

Esto significa que estas operaciones no se habrían sometido necesariamente a un escrutinio reforzado.

Desde que Stand.earth lanzó la campaña Exit Amazon Oil and Gas, bancos como BNP Paribas, Natixis, ING y Credit Suisse se comprometieron a poner fin a su financiamiento del comercio de petróleo procedente de puertos de Ecuador y Perú, que abarca gran parte del comercio de crudo procedente de la Amazonía.

Además, BNP Paribas, Société Générale, Intesa Sanpaolo y Standard Chartered también se han comprometido a diversos tipos de exclusiones de financiamiento de petróleo y gas en la Amazonía. Recientemente, HSBC y Barclays aplicaron por primera vez políticas integrales de exclusión geográfica que utilizan el concepto de Amazonía desarrollado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), tal y como recomienda Stand.earth. Stand.earth y la COICA instan a los bancos a:

1. No hacer más financiamientos o inversiones nuevas en petróleo y gas

2. Terminar los financiamientos e inversiones vigentes de petróleo y de gas

3. Finalizar el financiamiento de comercialización de petróleo y gas

4. Terminar el financiamiento corporativo para comercializadores de petróleo y gas

5. Ajustar las carteras de financiamiento para hacer frente a la crisis climática y de biodiversidad y apoyar el desarrollo sostenible para proteger el 80% de la Amazonia para 2025

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ARGENTINA (5 de marzo de 2024).- La UICN es una Unión de miembros compuesta principalmente por organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. Aprovecha la experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 1,400 organizaciones miembros y el aporte de más de 18,000 expertos a nivel global.

La UICN es la autoridad mundial sobre el estado del mundo natural y las medidas necesarias para salvaguardarlo. La Secretaría de la UICN tiene oficinas ubicadas en todo el mundo y tiene su sede en Gland, Suiza.

La UICN es uno de los principales proveedores de datos, evaluaciones y análisis sobre conservación. Su extensa y diversa membresía hacen de la UICN una incubadora y un repositorio confiable de las mejores prácticas y herramientas de conservación, así como de las directrices y estándares internacionales.

La UICN proporciona un espacio neutral en el que actores diversos, incluyendo Gobiernos, ONG, científicos, empresas, comunidades locales, grupos indígenas, organizaciones religiosas y otros pueden trabajar juntos para crear e implementar soluciones a los retos ambientales y lograr un desarrollo sostenible. Trabaja con diversos socios y aliados para llevar a la práctica un amplio y diverso portafolio de proyectos de conservación en todo el mundo. Estos proyectos, que combinan los últimos avances científicos con los conocimientos tradicionales de las comunidades locales, procuran detener y revertir la pérdida de hábitats, restaurar los ecosistemas y mejorar el bienestar humano.

En América Latina el Secretariado tiene dos Oficinas Regionales, una en América del SUR (UICN SUR) ubicada en Quito, Ecuador, y otra para México, América Central y el Caribe (UICN- ORMACC), ubicada en San José, Costa Rica. Actualmente las dos oficinas implementan el Proyecto financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional (ASDI): “Avanzando hacia la conservación efectiva y gestión territorial con enfoque de derechos: fortaleciendo la cooperación regional indígena en América Latina”.

DESCRIPCIÓN DE CARGO
El objetivo general de la posición del/la Asistente Técnico/a para América del Sur es:

Apoyar a la Coordinación del Proyecto en América del Sur para asegurar la gestión técnica y operativa eficiente de los componentes del Proyecto, incluyendo el relacionamiento con los socios nacionales en Perú y Ecuador, orientado al logro de resultados e impactos, así como su adecuado cierre.

Las funciones y responsabilidades son:

Funciones y Responsabilidades Internas:

1. Apoyar a la Coordinación del Proyecto para América del SUR en la consecución de productos esperados de los eventos nacionales/ regionales, a realizarse con la participación de miembros del equipo de UICN SUR y ORMACC, el donante y/o los socios nacionales de los tres países donde se desarrollarán actividades en territorio.

2. Trabajar junto a la Coordinadora del Proyecto para América del Sur, en la planificación anual y brindar orientación a los socios locales en Ecuador y Perú en sus procesos de planificación nacional y local;
a. Apoyar en la elaboración de los Planes Anuales Operativos (POAs) en la herramienta UICN “Smartsheet” y aportar en el seguimiento de todas las actividades planificadas para América del Sur de acuerdo con los términos del contrato con el donante, el marco lógico, cronograma y presupuesto.
b. Apoyar en la actualización de los POAs, presupuesto e información técnica del proyecto, de acuerdo con los lineamientos institucionales y regionales.

3. Trabajar, conjuntamente con la Coordinadora del Proyecto para América del Sur, para dar cumplimiento a las orientaciones de monitoreo, evaluación (M&E) y reporte del Proyecto en cumplimiento con las orientaciones del donante y las políticas de UICN.

4. Realizar la recolección, análisis y síntesis de información secundaria técnico-científica relevante sobre los temas de interés y de acción del Proyecto y específicamente en lo relacionado con su implementación en América del Sur y preparar documentos técnicos, internos o externos, de acuerdo con las demandas.

5. Realizar la recolección de datos cualitativos y cuantitativos (información primaria) generados por las acciones del proyecto en América del Sur, en coordinación con el experto en M&E del proyecto.

6. Consolidar y revisar inicialmente los informes técnicos de los socios nacionales de la Amazonía en los formatos previamente establecidos en el marco del Proyecto,

7. Apoyar en la preparación de los informes periódicos que demanda el proyecto para el donante, la UICN e instancias directivas del Proyecto. Además, deberá emitir alertas preventivas frente a nudos críticos que se identifiquen en la gestión del proyecto.

8. Trabajar juntamente con todo el equipo del proyecto Voces en la gestión del Fondo de Pequeñas Donaciones;
a. Revisar inicialmente las propuestas de proyectos de postulantes de Ecuador y Perú, al fondo de Pequeñas Donaciones y dar insumos para la evaluación de estas.
b. En coordinación con el aérea administrativa y financiera del proyecto apoyar en la elaboración de convenios de donación de los postulantes seleccionados.
c. Dar seguimiento y apoyo a los beneficiarios del fondo para garantizar una gestión eficiente de los recursos entregados.
d. Preparar informes periódicos del avance de la ejecución del fondo de pequeñas donaciones.

9. Preparar cualquier documentación técnica adicional generada por el Proyecto en relación con las actividades en América del Sur.

10. Apoyar en la definición de especificaciones técnicas y elaboración de términos de referencia para iniciar los procesos de adquisiciones/contrataciones de bienes, servicios y/o consultorías del Proyecto en América del Sur, de acuerdo con los Planes de trabajo en estrecha coordinación con el equipo administrativo/financiero del Proyecto en UICN SUR.

11. Organizar y de ser necesario participar de los procesos de selección de consultores; dar acompañamiento técnico y apoyar en la revisión de productos de consultorías correspondientes a las actividades planificadas para América del Sur.

12. Organizar, participar y dar seguimiento a eventos y talleres técnicos a nivel nacional y regional que se desarrollan en América del Sur, incluyendo elaboración de memorias de reuniones/eventos.

13. Dar seguimiento a la actualización de las herramientas de gestión de proyectos de UICN en las diferentes plataformas.

14. Apoyar proactivamente y atender eficientemente los requerimientos para ejecutar las acciones, eventos y procesos de contratación para el cumplimiento de los planes de trabajo, en estrecha coordinación con el equipo administrativo/financiero del Proyecto en América del Sur.

15. Coordinar tareas logísticas en América del Sur relacionadas a las actividades del Proyecto.

16. Custodiar y manejar adecuadamente la información que se le ha encomendado y aquella que fuese producida en el desempeño de su gestión, observando los lineamientos impartidos por la oficina respecto del manejo de archivos (físicos y digitales) y confidencialidad de datos.

17. Cumplir con las políticas y procedimientos institucionales.

18. Otras tareas según sean requeridas por su supervisor inmediato y funcional.

Funciones y Responsabilidades Externas:

1. Asistir a los requerimientos de los socios nacionales, de la coordinadora para América del Sur, de la Especialista Regional en Inclusión Social y otros requerimientos desde la Coordinación del Programa Regional de UICN SUR.

2. En estrecha cooperación con la Especialista Regional en Comunicación del Proyecto y el equipo de Comunicación de UICN SUR, contribuir con la implementación del plan de comunicación, incluyendo la generación de síntesis técnicas, de incidencia y su difusión a nivel regional y global.

3. En estrecha coordinación con los socios nacionales y la Coordinación del Proyecto para América del Sur, apoyar en la identificación y registro de oportunidades, eventos y foros para la difusión de los avances de resultados e impactos del Proyecto y acciones de incidencia a nivel regional.

4. Apoyar a la Coordinación del Proyecto para América del Sur en la identificación de nuevos socios, a nivel nacional o regional, para los diferentes procesos de formación regionales del Proyecto.

5. Apoyar a la Coordinación del Proyecto para América del Sur en asegurar una comunicación fluida y buena gobernanza interna del Proyecto, garantizando la provisión de información oportuna para el logro de los impactos y la visibilidad del Proyecto.
REQUERIMIENTOS

• Título Universitario en ciencias ambientales o sociales.

• Al menos tres años de experiencia profesional en proyectos ambientales, de conservación, de gestión de recursos naturales o de defensa de derechos de Pueblos Indígenas en América del Sur. Experiencia previa de trabajo en Ecuador y Perú será considerada una ventaja

• Al menos dos años de experiencia en roles similares a la asistencia técnica de proyectos, preferiblemente de la cooperación internacional, incluyendo apoyo en procesos de planificación, monitoreo y evaluación preparación de eventos y talleres, preparación de documentos técnicos, preparación de términos de referencia y participación en procesos de selección.

• Experiencia de trabajo con ONGs nacionales e internacionales.

• Conocimiento sobre la situación actual y presiones históricas de los bosques amazónicos y de los procesos de defensa de los territorios de Pueblos de Ecuador y Perú.

• Capacidad para coordinar con una variedad de partes interesadas, incluidos Pueblos Indígenas, representantes gubernamentales, ONGs y academia

• Sensible hacia las prácticas culturales y sociales de grupos locales, organizaciones de Pueblos Indígenas de diferentes países y áreas.

• Habilidad para sistematizar grandes cantidades de información de forma sucinta en un documento coherente para profesionales de la conservación. Experiencia en la redacción de documentos de proyectos en inglés será considerada una ventaja.

• Fuertes habilidades de comunicación y de capacidad para preparar informes apropiados y oportunos para una amplia gama de audiencias, incluyendo al donante.

• Habilidades en la gestión del tiempo, incluida la capacidad de trabajar eficazmente bajo presión y cumplir los plazos

• Alto nivel de compromiso para lograr los objetivos de conservación de la biodiversidad y medios de vida.

• Habilidades en la resolución de problemas, creatividad, iniciativa e innovación.

• Una buena comprensión de la misión de la UICN y una actitud general de servicio a los demás.

• Facilidad para realizar tareas en forma organizada y apego a los procedimientos.

• Excelente dominio del idioma español (hablado y escrito), y nivel avanzado del idioma inglés. Dominio de idiomas indígenas será considerado una ventaja

• Manejo de herramientas de cómputo (sistemas administrativos en línea, Office, y otras plataformas de gestión de información).

• Disponibilidad para viajar a territorio indígena del Proyecto en Perú y Ecuador y otros a nivel regional

• Residir en Quito – Ecuador.

POSTULACIONES
Para postular a una posición a través del «Sistema de gestión de recursos humanos» de la UICN, seleccione el anuncio de vacante correspondiente y presione el botón «Apply».

Se requiere que todos los/las candidatos/as creen una cuenta en el sistema y provean información sobre su perfil profesional. No se aceptarán candidaturas enviadas después de la fecha de cierre especificada en el anuncio. Las candidaturas serán recibidas hasta las 24h00 en Suiza (GMT +1h o GMT +2h durante el periodo de verano / DST). Favor notar que sólo los candidatos seleccionados serán contactados para las entrevistas.

Puede encontrar otras oportunidades de trabajo en el sitio web de la UICN: https://www.iucn.org/involved/jobs/

Acerca de la UICN

La UICN es una Unión de Miembros compuesta por Estados soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. La UICN pone a disposición de las entidades públicas, privadas y no gubernamentales, los conocimientos y las herramientas que posibilitan, de manera integral, el progreso humano, el desarrollo económico y la conservación de la naturaleza.

Creada en 1948, la UICN se ha convertido en la red ambiental más grande y diversa del mundo. La UICN cuenta con la experiencia, los recursos y el alcance de sus más de 1400 organizaciones Miembro y los aportes de alrededor de 16 000 expertos. La UICN es uno de los principales proveedores de datos, evaluaciones y análisis sobre conservación. Su extensa y diversa membresía hacen de la UICN una incubadora y un repositorio confiable de las mejores prácticas y herramientas de conservación, así como de las directrices y estándares internacionales.

La UICN proporciona un espacio neutral en el que actores diversos, incluyendo gobiernos, ONGs, científicos, empresas, comunidades locales, grupos indígenas, organizaciones religiosas y otros pueden trabajar juntos para crear e implementar soluciones a los retos ambientales y lograr un desarrollo sostenible.

La UICN trabaja con diversos socios y simpatizantes para llevar a la práctica un amplio y diverso portafolio de proyectos de conservación en todo el mundo. Estos proyectos, que combinan los últimos avances científicos con los conocimientos tradicionales de las comunidades locales, procuran detener y revertir la pérdida de hábitats, restaurar los ecosistemas y mejorar el bienestar humano.

http://www.uicn.org/es
https://twitter.com/IUCN/

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