Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

MISIONES (16/5/2026).- La disputa territorial en Colonia San Miguel, Paraje Cañafístola, Lote 178, del municipio de Garuaphé, en Puerto Rico, provincia de Misiones, reavivó una tensión jurídica donde colisionan dos derechos constitucionales: la seguridad jurídica por la propiedad privada y las tierras indigenas ancestrales amparadas bajo el Convenio 169 de la OIT.

Tras el desalojo ejecutado por la Policía de Misiones al inicio de semana, debido a una denuncia por usurpación y daños ambientales en el lote de propiedad privada del productor Alfredo Roberto Ruff, integrantes de la Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II volvieron a ingresar al predio de manera organizada este martes, incrementando el número de ocupantes a más de cincuenta personas.

El conflicto escaló judicialmente -y mediáticamente- cuando el juez de Instrucción, Manuel Balanda Gómez, ordenó a la Policía local el desalojo del predio y la detención preventiva del cacique Santiago Ramos junto a otros siete hombres que lo acompañaban.

Aunque los detenidos recuperaron la libertad después de varias horas, la comunidad se declaró en estado de asamblea y lucha permanente, concretando el reingreso al lote 141, lo que motivó una nueva presentación penal por parte del propietario, considerando que hay incitación a la usurpación de la propiedad privada.

“El martes ingresaron unas 50 personas a la propiedad, llevados por una camioneta, una Amarok blanca que tengo la patente”, reveló. El empresario aseguró que esta camioneta pertenece a Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y que una persona identificada que está a cargo de la movida. “Tengo un problema de usurpación ya organizada y deliberada”, remarcó.

La postura del propietario: «Tengo todo en regla y pago mis impuestos»

Ruff se defendió en varias oportunidades sobre la legitimidad de sus tierras, argumentando que se trata de una herencia familiar con más de 70 años de posesión efectiva en el lugar. «Yo no soy una multinacional, no tengo nada que ver con Arauco; estas tierras son lo único que tengo. Soy productor agroforestal, tengo algo de yerba mate, pino, planes de aprovechamiento de madera nativa y conservo monte nativo», expresó en diálogo con ArgentinaForestal.com.

El propietario posee un certificado orgánico para exportación de yerba mate y logró un cambio de uso de suelo en 80 de sus 270 hectáreas, mientras que las restantes se conservan como monte nativo de reserva o gestiona con los correspondientes planes de manejo autorizador por el Ministerio de Ecología de Misiones.

Ruff aseguró que en «dentro de su lote» nunca antes hubo asentamientos indígenas y cuestionó la legitimidad de la ocupación actual y el tan mencionado relevamiento bajo la Ley 26.160, ya que nunca fue informado al respecto.

«Puente Quemado II es una comunidad vecina a mi propiedad, a unos 7 kilómetros. No sé quiénes son los que ingresaron a mi lote, no parecen de la comunidad, nunca los vi. Solo sé que todo esto lo moviliza Santiago Ramos y el EMIPA, que son quienes incitan a tomar propiedades privadas», denunció.

Para el empresario, Misiones tiene un problema con lo que denominó «empoderamiento» de ciertas comunidades, lo que genera temor entre los vecinos. “Mucha gente tiene mucho temor porque hubo denuncias reiterativas de robo de gallinas, de sandías, de vacas. Cuentan que me robaron esto, me robaron lo otro y la Justicia nunca avanza, más allá de hacer un informe. Y todos temen conflictos en el territorio”, manifestó.

“La gente tiene miedo de denunciar o dar la cara para que no tengan represalias. Inclusive he hablado con empresarios forestales para que me ayuden y tienen miedo hasta que les prendan fuego las forestaciones, o sea, hay un poco vandalismo, un poco de todo”, agregó en una entrevista éste sábado con MisionesOnline TV.

Ruff aseguró que entre los intrusos hay personas de Paraguay que no pertenecen a la comunidad mbya. “Los encontré inclusive fumando marihuana en un ambiente un poco hostil”, dijo, y destacó que estas costumbres no son propias de los nativos que él conoció.

En ese contexto, el empresario pidió colaboración a los gobiernos nacional y provincial. “Necesito apoyo, porque es propiedad privada, o sea, propiedad privada de tres generaciones de un inmigrante que vino acá a apostar al país. Necesito que me apoyen los gobiernos y la justicia pongan orden y garanticen la seguridad jurídica en Misiones”.

Ruff entiende que los intrusos invocan la Ley 26.160, la cual, considera que «no aplica en mi caso porque nunca hubo asentamientos indígenas en mi lote. No tienen derecho a usurpar así mi propiedad, nunca vivieron en ese sitio”, sentenció.

De esta manera, según el dueño de las tierras “están usurpando propiedad privada y ellos tienen su comunidad donde tienen su casa, donde tienen su agua, donde tienen sus cosas y tienen muchas hectáreas ahí, muchas hectáreas para vivir”, apuntó.

El empresario dijo que no conoce al cacique y que nunca dialogó con ellos, no obstante, consideró que la situación es una “intrusión lisa y llanamente”.

Leer más:

Seguridad jurídica en Misiones | Empresario Alfredo Ruff denunció al cacique de Puente Quemado II por usurpación, daños  ambientales y desmonte ilegal en su lote de Garuhapé

El argumento Mbya: territorialidad ancestral y preexistencia

Desde la Comunidad Puente Quemado II, respaldada por autoridades tradicionales (Consejo Aty Ñeychyrõ) y organizaciones del Pueblo Mbya Guaraní, rechazaron la acusación de delito.

A través de un comunicado, afirman que el retorno al predio responde a una recuperación histórica del territorio ancestral: «Es nuestro territorio ancestral, del cual fuimos desalojados de manera ilegal. No estamos usurpando tierra ajena; estamos volviendo al lugar donde nuestros antepasados vivieron, donde descansan nuestros muertos y donde se desarrolla nuestra cultura», expresan.

La defensa jurídica de la comunidad se apoya en el relevamiento territorial técnico-catastral contemplado en la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.

Si bien el Poder Ejecutivo Nacional pretendió dar por finalizada la emergencia y la prohibición de desalojos mediante el Decreto 1083/2024, desde el Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA) remarcan que la norma se encuentra bajo revisión judicial y que, fundamentalmente, la preexistencia étnica y el derecho a la tierra comunitaria están garantizados por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.

«El desalojo se produjo en el Lote 178, Parcela 141, del Paraje Cañafístola, que forma parte del territorio relevado por la Comunidad Puente Quemado II de acuerdo con la Ley Nacional N° 26.160», asevera EMIPA.

Denuncias cruzadas por el accionar policial

El clima en el Paraje Cañafístula continúa siendo de fuerte hostilidad. La comunidad indígena denunció públicamente a la Policía Provincial por presunto amedrentamiento, señalando que los efectivos realizan patrullajes en móviles con las patentes ocultas para evitar ser identificados, un accionar que calificaron como «propio de épocas oscuras».

Por su parte, el Consejo de Caciques se solidarizó con los ocupantes y apuntó contra el Gobierno provincial, acusándolo de proteger los intereses del sector forestal y de la multinacional Arauco en detrimento de la selva nativa, criminalizando el reclamo indígena ante la falta de regularización de los títulos comunitarios.

Mesa de diálogo en espera

Frente a la gravedad de los hechos, la Dirección de Asuntos Indígenas de la provincia anunció formalmente su intervención con el objetivo de encauzar el conflicto hacia una «paz social» mediante la convocatoria a una Mesa de Diálogo. No obstante, al cierre de la semana laboral, ni el productor damnificado ni los representantes de la comunidad Puente Quemado II habían recibido una notificación oficial sobre la apertura de dicho espacio de concertación institucional.

El conflicto generó repercusiones a nivel nacional y diversas opiniones. «No existe propiedad sin reconocimiento estatal. Los derechos se rigen por el Código Civil y Comercial Argentino, no por la ocupación de hecho. Los títulos de propiedad vigentes son la única prueba de dominio legalmente válida. Hay que respetar la propiedad privada», expresó el ingeniero forestal y consultor ambiental, Juan Emilio Bragado.

The post Conflicto por tierras en Misiones | Denuncian nueva usurpación de Comunidad Mbya Puente Quemado II en la propiedad privada tras el desalojo judicial appeared first on Argentina Forestal.

Fuente: Redes Chaco

ARGENTINA (13/5/2026).-En el corazón del bosque seco subtropical más grande del planeta, una red de comunidades indígenas, campesinas y organizaciones civiles está redefiniendo el concepto de progreso. Lejos de las visiones extractivistas convencionales, el Gran Chaco Americano se consolida como un escenario donde la sostenibilidad y la inclusión social son los ejes de una transformación productiva de largo plazo.

En el Gran Chaco Americano, comunidades indígenas, campesinas, organizaciones de la sociedad civil y redes territoriales trabajan para demostrar que es posible impulsar modelos productivos sostenibles con inclusión social y desarrollo local.

En ese escenario, Redes Chaco impulsa iniciativas que articulan desarrollo productivo, innovación territorial y fortalecimiento comunitario, con una mirada de largo plazo centrada en las personas y el territorio.

La red está integrada por comunidades indígenas y campesinas, organizaciones sociales, institutos de investigación, gobiernos locales y actores de cooperación internacional que trabajan en el bioma del Gran Chaco Americano, el bosque seco subtropical más grande del planeta, promoviendo sistemas productivos sostenibles y nuevas oportunidades para las comunidades.

Actualmente, frente a los desafíos del cambio climático, las crisis económicas y las transformaciones globales, los saberes indígenas vuelven a ocupar un lugar central en la discusión sobre el futuro de los sistemas productivos. Lejos de quedar anclados al pasado, estos conocimientos se adaptan, innovan y generan nuevas oportunidades económicas y sociales sin perder identidad cultural.

Según explica Agustín Noriega, fundador y director territorial de la Fundación Gran Chaco, la innovación que realmente transforma nace desde el territorio y de las necesidades concretas de las comunidades. “No es un paquete que llega desde afuera, sino un proceso construido localmente, a partir de la experiencia, la prueba y el aprendizaje colectivo”.

Uno de los ejemplos más representativos es el desarrollo de la harina de algarroba, que pasó de ser un alimento tradicional a convertirse en el eje de una cadena de innovación productiva.

El proceso incluyó desde la conservación de los algarrobales hasta el desarrollo industrial de molinos junto a universidades y organizaciones técnicas, permitiendo la elaboración de alimentos funcionales, productos para dietéticas y oportunidades de comercialización nacional e internacional.

Experiencias similares se desarrollan en torno a los tintes naturales, la apicultura, el manejo sostenible del bosque y la ganadería regenerativa, articulando conocimientos ancestrales con herramientas tecnológicas y acompañamiento técnico de organismos como INTA, INTI y CONICET.

“La innovación que realmente transforma no es un paquete que llega desde afuera; es un proceso construido localmente a partir de la experiencia y el aprendizaje colectivo de las comunidades”, explica Noriega.

El rol de las mujeres indígenas también aparece como central en estos procesos. Comunidades Wichí y Qom sostienen prácticas productivas tradicionales vinculadas a las fibras naturales y la artesanía, al mismo tiempo que incorporan nuevas herramientas de organización y comercialización.

En ese camino se destaca el caso de Matriarca, una cooperativa integrada por más de 2.600 mujeres artesanas indígenas de Chaco, Formosa y Salta, que combina técnicas ancestrales con herramientas digitales para fortalecer la producción, garantizar trazabilidad y acceder a mercados nacionales e internacionales.

Estas experiencias muestran que la innovación y la sostenibilidad no necesariamente implican abandonar las raíces culturales. Por el contrario, evidencian que los conocimientos ancestrales pueden convertirse en herramientas clave para construir modelos productivos más justos, resilientes y sostenibles.

En un contexto global atravesado por profundas transformaciones económicas, sociales y ambientales, el Gran Chaco Americano emerge como un territorio donde las comunidades indígenas no solo preservan saberes históricos, sino que también impulsan nuevas formas de producir, habitar y proyectar el futuro.

The post El Gran Chaco como laboratorio de innovación: saberes ancestrales impulsan nuevos modelos productivos appeared first on Argentina Forestal.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (15/5/2026).- El reciente operativo en Puerto Rico pone de manifiesto una problemática  persistente en la zona rural misionera, la inseguridad jurídica por la propiedad privada. En forma reiterada, propietarios denuncian grupos que, bajo la bandera de reclamos de territorialidad ancestral, miembros de comunidades Mbya Guaraní ocupan predios de bosques nativos con títulos de propiedad vigentes, provocando situación de tensión, conflictos judiciales y daños ambientales irreparables.

Con la Ley 26.160 como un marco que ya no ofrece cobertura a estas acciones fuera de la norma, la justicia provincial marca un precedente en favor de la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad.

En un procedimiento este martes en Garuhapé, la policía de Misiones concretó el desalojo de un lote usurpado del empresario forestal Alfredo Ruff, quien relató en una entrevista con ArgentinaForestal.com los pormenores de un conflicto que escaló desde intentos de intrusión hasta el asentamiento de familias y la destrucción de recursos naturales protegidos, según relató.

El testimonio de Ruff refuta las versiones difundidas por el Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA), que indicaban un avasallamiento sobre la Comunidad Puente Quemado II y un desalojo encubierto con conspiraciones que vinculaban a la Justicia, la Policia Provincial, la multinacional Arauco y la Dirección de Asuntos Indígenas, a través de comunicados y posteos en redes sociales.

Leer noticia relacionada:

Misiones | Detienen al cacique de Puente Quemado II y denuncian un “desalojo” en medio de un conflicto por tierras con propietario, EMIPA y comunidad indígena

Un conflicto que escaló en violencia

Ruff, cuya familia es propietaria de las tierras desde hace tres generaciones en lotes de Garuhapé, detalló que lamentablemente los problemas con la comunidad indígena se repiten en la insistencia de ingresar a la propiedad privada, y las denuncias en la comisaría son constantes por su parte, ante los daños que realizan. Pero el problema se agravó el pasado martes, cuando un grupo de personas ingresó a su lote, y asentándose con carpas dentro de su propiedad.

«Era la tercera vez que intentaron entrar. Esta vez entraron de a uno y cuando nos dimos cuenta en pocos días ya tenían tres casas armadas», explicó el empresario.

Según el propietario, los usurpadores parecería que pertenecen a la comunidad local de Puente Quemado II, sino que habrían sido trasladados desde otras rutas por el cacique Santiago Ramos. “No lo conozco, pero es el responsable de todo esta situación de conflicto”, dijo Ruff.

Durante el tiempo que permanecieron en el lugar, los intrusos no solo ocuparon el terreno, sino que dañaron severamente la faja ecológica cercana a un arroyo, que por la legislación ambiental vigente, se debe respetar.

«Son indígenas, pero en mi lote tumbaron árboles, deforestaron y prendieron fuego. Dejan todo y se van. Están dañando una reserva que es intocable y cuya responsabilidad recae sobre mí», advirtió Ruff con preocupación por posibles sanciones ambientales.

Ante esta situación, junto con un profesional técnico, relevaron los daños, marcaron los puntos GPS y presentaron las denuncias ante los organismos ambientales correspondientes. “Todo esto, en diálogo con los usurpadores, ya que ellos me exigen a mí que presente mi título mi propiedad para circular en mi lote, insólito”, cuestionó el propietario, que también es nacido en Misiones.

El empresario describió un ambiente de extrema hostilidad durante las inspecciones técnicas, pero debían documentar el daño. «Estaban armados con látigos, arcos y flechas. Fuimos amenazados por entrar a mi propia propiedad», denunció.

Ruff desmintió categóricamente las versiones que circularon en algunos medios, las cuales vinculaban el operativo policial con un conflicto de la empresa Arauco. «Esto no es lote de Arauco, es mi propiedad privada, tengo los títulos y los papeles en regla desde hace 21 años que falleció mi padre. El monte es mío», aclaró, enfatizando que el operativo se realizó específicamente sobre las familias que intrusaban su lote.

Un mensaje de seguridad jurídica

A pesar del desgaste psicológico y económico que implicó el proceso para Ruff, el propietario destacó la celeridad del Juzgado de Instrucción de Puerto Rico ante la denuncia presentada por usurpación, ya que la rapidez en el accionar judicial es vital ante estas situaciones en el territorio. «La policía actuó rápido y la justicia hizo los pasos como corresponden. Esto es un precedente histórico para Misiones», afirmó.

Para el empresario, este fallo es vital para el futuro económico de la región: «Si no hay seguridad jurídica real, ¿quién va a venir a invertir o a desarrollar el campo? Este operativo realizado hoy, para lo cual tuve que viajar desde el sur del país hasta Misiones por mis actividades, vale mucho porque protege no solo mi propiedad, sino la confianza de todos los que quieren producir en la provincia».

Actualmente, la justicia mantiene demorado a quien se señala como el principal instigador de la toma, el cacique de la comunidad de Puente Quemado II, Santiago Ramos, mientras Ruff y los vecinos de la zona esperan que este sea el inicio del fin de una larga etapa de inseguridad e impunidad con la que se manejan organizaciones que alientan a las comunidades a usurpar tierras privadas con bosques nativos en Misiones.

En la entrevista, el empresario fue crítico sobre la situación con la que se presenta a las comunidades indígenas. “No es real que son todos pacíficos, ni tampoco que son los custodios del monte. Son muchos colonos que se acercan para compartir el temor de tener vecinos de comunidades, ante los robos, el consumo, y la impunidad con la que se manejan en la zona rural”, planteó.

Ruff también mencionó que su hijo, que estuvo unos años al frente de las actividades productivas de la propiedad, decidió no continuar en el negocio forestal debido a estas presiones, dejando al empresario solo al frente de la gestión de sus tierras. “En mi caso, crecí en el monte, esta es mi tierra y la voy a defender. Hoy estoy muy agradecido por el accionar de la Policía y la Justicia, vuelve a existir seguridad jurídica en Misiones», expresó el empresario.

AF: ¿Podría explicarnos qué sucedió recientemente en su propiedad y cómo se originó el conflicto que derivó en la detención del cacique Santiago Ramos de Puente Quemado II?

Alfredo Ruff: La situación viene de hace tiempo, pero se agravó el martes pasado. Esta es la tercera vez que intentan entrar a mi lote. No entran todos juntos; lo hacen de a uno, con carpas, y cuando te descuidas ya tienen tres casas armadas, y traen a mujeres y niños para que el desalojo no se concrete.

Es una propiedad privada con títulos en regla desde hace 70 años, y hace 21 años murió mi padre, la tierra me fue heredada de mi abuelo. Lo que hicieron fue una usurpación directa, y se intentó que se retiren pacificamente, pero tenían una actitud hostil. Cuando registramos los daños ambientales en el área, decidí realizar la denuncia.

AF: Tras un comunicado difundido por EMIPA, se mencionó en algunos medios que esto era una denuncia iniciada por la empresa Arauco. ¿Es esto correcto?

Alfredo Ruff: No, para nada. Quiero aclarar eso porque circuló información falsa. Esto no tiene nada que ver con Arauco. Es mi propiedad privada. El operativo de la policía se hizo sobre mis tierras y el desalojo fue dentro de mi lote, no en la comunidad, sino que la policía retiró pacíficamente a las familias que estaban intrusando mi lote específicamente. Eso fue lo que denuncié. Acá no hay nada encubierto, es legítimo todo lo realizado porque es propiedad privada. Se le pidió varias veces y de manera pacífica que se retiren, y no lo hicieron. No sé que tienen con mi propiedad, pero no me dejan en paz. Yo no me meto con ellos, no tengo idea quienes son, si tienen título de propiedad donde está su aldea o si es de Arauco las tierras. No me meto con nadie, no quiero problemas. Pero han invadido mi lote, y han tumbado hasta las fajas ecológicas.

AF: ¿Quiénes son las personas que ingresaron al predio? ¿Son de la zona, de la comunidad Puente Quemado II?

Alfredo Ruff: No parecen ser de la comunidad local de Puente Quemado II. Son más hostiles. Según lo que pudimos averiguar, son personas que el cacique Santiago Ramos trajo de otros lugares, de otras rutas. Los traen, los instalan y generan el conflicto. Incluso cuando fuimos con un ingeniero forestal para marcar los puntos con GPS y documentar los daños, nos recibieron de forma muy agresiva. Insólito, tenía que pedir permiso y explicar que era el propietario. Pero ellos me pedían los papeles.

AF: ¿A qué tipo de agresiones se refiere?

Alfredo Ruff: Estaban armados con látigos, arcos y flechas. Nos amenazaron y no nos dejaban circular por mi propia propiedad. Es una situación de mucha tensión porque uno va a trabajar o a supervisar su campo y se encuentra con gente armada que te impide el paso.

AF: Usted mencionó daños ambientales en el lote. ¿Qué fue lo que encontró?

Alfredo Ruff: Eso es lo que más me preocupa. Entraron en la zona de la faja ecológica, cerca del arroyo. Tumbaron árboles nativos, deforestaron y prendieron fuego para limpiar el terreno. A veces dejan el fuego encendido,  y se van.

Esa zona es intocable por ley, es categoría Roja en el Ordenamiento Territorial y la responsabilidad ante Ecología de la provincia recae sobre mí como dueño. Están destruyendo un recurso natural que nosotros cuidamos por años.

AF: ¿Cómo fue la respuesta de las autoridades y de la justicia?

Alfredo Ruff: Esta vez tengo que decir que la policía de Misiones y el Juzgado de Instrucción de Puerto Rico actuaron muy bien. Se movieron rápido, verificaron los papeles y ordenaron el desalojo.

El instigador principal está demorado. Esto es un precedente histórico porque muchas veces estas causas quedan en la nada, pero aquí se respetó la propiedad privada.

AF: ¿Qué mensaje le deja esta situación como productor y empresario de la región?

Alfredo Ruff: Es una situación agotadora. Mi hijo, por ejemplo, ya no quiere saber nada con el sector forestal en Misiones por estos problemas; me quedé solo en esto. Si no hay seguridad jurídica, nadie va a querer invertir. ¿Quién va a plantar yerba o cuidar un monte si mañana viene cualquiera, te usurpa y la justicia no hace nada?

Por suerte, este fallo trae un poco de tranquilidad a los vecinos y colonos de la zona que también viven con miedo. Estoy agradecido por el accionar de la Policía y la Justicia, la seguridad jurídica vuelve a existir en Misiones.

Conocé la historia de Alfredo Ruff

Propiedad privada | La lucha de un nieto de inmigrantes por el suelo que forjaron sus antepasados en Misiones

The post Seguridad jurídica en Misiones | Empresario Alfredo Ruff denunció al cacique de Puente Quemado II por usurpación, daños  ambientales y desmonte ilegal en su lote de Garuhapé appeared first on Argentina Forestal.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

Fuente y fotos: EMIPA 

MISIONES (5/5/2026).- La disputa por la tierra entre comunidades Mbya Guaraní y empresas privadas en Misiones volvió a escalar esta semana con un episodio que expone la fragilidad institucional en torno a estos conflictos históricos. En la localidad de Garuhapé, la detención del cacique (mburuvicha) Santiago Ramos, líder de la comunidad Mbya Puente Quemado II, y un posterior operativo policial en el territorio encendieron alarmas por presuntas violaciones de derechos y un posible “desalojo encubierto”, denunció EMIPA (Equipo Misionero Pastoral Aborigen).

El procedimiento judicial se concretó este martes en el marco de una causa por “supuesta usurpación” impulsada por un propietario de bosques nativos Alfredo Ruff, vecino de la comunidad, y tramitada en el Juzgado de Instrucción N°1 de Puerto Rico. Ramos fue trasladado a la comisaría local, en un contexto que organizaciones sociales y referentes indígenas consideran de creciente criminalización del reclamo territorial.

El lote en disputa forma parte de un territorio relevado bajo la Ley 26.160, normativa vigente desde 2006 que reconocía la ocupación ancestral de comunidades indígenas y suspendía desalojos hasta tanto se completara el relevamiento técnico-jurídico-catastral a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Sin embargo, el escenario cambió de manera significativa tras la derogación de esta ley mediante el Decreto 1083/2024 del gobierno de Javier Milei, que dejó sin efecto el régimen de emergencia territorial indígena vigente durante 18 años. La medida, orientada a promover inversiones y reforzar derechos de propiedad privada, reconfiguró el marco legal y profundizó tensiones latentes entre comunidades y propietarios en el territorio.

Denuncias por irregularidades en el procedimiento

Desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) calificaron la detención de Ramos como “ilegítima”, al sostener que “nadie puede ser considerado usurpador en su propio territorio”. En un comunicado difundido tras el operativo, la organización denunció además irregularidades en el accionar policial.

“Los efectivos ignoraron disposiciones internas que establecen que cualquier notificación a comunidades Mbya debe realizarse por escrito, en castellano y guaraní, y con presencia de intérpretes. Nada de esto fue respetado”, señalaron.

El hecho se produce pocos días después de que el caso de Puente Quemado II fuera presentado ante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, donde la lideresa Mbya Keila Zaya denunció la falta de respuesta del Estado argentino frente a los reclamos territoriales, así como el avance de actividades productivas sobre tierras comunitarias.

Leer más:

Una voz Mbya Guaraní en la ONU: Keila Zaya llevó a Nueva York el reclamo por territorio, agua y derechos indígenas en Argentina

Operativo policial y traslado de familias: todos a la comisaría

La situación se agravó horas después de la detención del cacique. Según denunciaron desde EMIPA, un nuevo operativo policial ingresó al territorio con varios patrulleros y trasladó a hombres, mujeres y niños a la comisaría de Garuhapé.

“El procedimiento fue abrupto, sin explicaciones claras, generando temor y desconcierto en las familias”, indicaron. Además, confirmaron la detención de al menos siete hombres, a quienes se les secuestraron los teléfonos celulares.

Una vez en la dependencia policial, las mujeres fueron interrogadas sobre datos personales y familiares, y separadas de los hombres. Para las organizaciones, este accionar constituye “una grave vulneración de derechos”, especialmente por involucrar a niños en un procedimiento sin garantías adecuadas.

Escalada de un conflicto estructural

El episodio refleja la complejidad de un conflicto que lleva décadas sin resolverse en la provincia, atravesado por la superposición de derechos, la falta de políticas públicas sostenidas y la ausencia de mecanismos efectivos de mediación.

Para las comunidades Mbya, el caso se inscribe en un proceso más amplio de pérdida territorial y presión sobre sus modos de vida. Para el sector empresarial, en tanto, se trata de garantizar seguridad jurídica sobre tierras productivas.

Mientras tanto, organizaciones sociales advierten que la judicialización de estos conflictos, sumada a operativos policiales en territorios en disputa, profundiza la crisis y aleja soluciones de fondo.

En este escenario, crecen los reclamos por la liberación de Santiago Ramos y por la intervención de organismos estatales que permitan encauzar el conflicto en un marco de diálogo, respeto a los derechos indígenas y seguridad jurídica para todas las partes.

The post Misiones | Detienen al cacique de Puente Quemado II y denuncian un “desalojo” en medio de un conflicto por tierras con propietario, EMIPA y comunidad indígena appeared first on Argentina Forestal.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

Fuente y fotos: EMIPA

NUEVA YORK (23/4/2026).- Desde la selva misionera hasta el escenario global de las Naciones Unidas, la voz del pueblo Mbya Guaraní volvió a interpelar al Estado argentino frente a lo que el Pueblo Indígena reclama en sus derechos que consideran «avasallados».

En el marco de la 25ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, la joven líder Keila Zaya (18)expuso la situación que atraviesan comunidades indígenass, con foco en la defensa del territorio, el acceso al agua y el respeto a los derechos colectivos.

En representación de los pueblos indígenas de Argentina, y particularmente de la comunidad Puente Quemado II, en la provincia de Misiones – en conflicto por la territorialidad en propiedades legalmente adquiridas por la multinacional Arauco SA-, Zaya llevó un mensaje contundente sobre la realidad que enfrentan en sus territorios.

“Nosotros somos preexistentes al Estado argentino. Nuestro territorio no es una mercancía: es el espacio donde se sostiene nuestro modo de vida, nuestra espiritualidad y nuestra identidad”, expresó durante su intervención.

La joven denunció ante el organismo internacional que la falta de titulación de las tierras indígenas permite el avance de actividades extractivas, como la forestación, la minería y el agronegocio, sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Según explicó, esta situación vulnera compromisos internacionales asumidos por Argentina, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

“El gobierno aprueba proyectos sin consultar a las comunidades, mucho menos tomar en cuenta su consentimiento. Esto no es un pedido, es una obligación del Estado”, remarcó.

Zaya también puso el foco en las consecuencias directas sobre la salud de las comunidades, en especial de niños, niñas y mujeres. La contaminación de fuentes de agua, señaló, ya impide el consumo en territorios como Puente Quemado II.

“Niñas y niños ya no pueden tomar agua del río ni de las vertientes porque están contaminadas. Esto provoca enfermedades y afecta gravemente su desarrollo”, advirtió.

“Sin territorio no hay vida”

Durante su exposición, la representante Mbya vinculó la problemática territorial con la supervivencia cultural y física de los pueblos indígenas, en línea con estándares internacionales como la Recomendación General N.º 39 del CEDAW.

“Sin territorio no hay vida. Sin agua limpia no hay salud. Sin salud no hay futuro para nuestros niños y niñas”, sostuvo, en uno de los pasajes más contundentes de su intervención.

Asimismo, denunció situaciones de criminalización, represión y estigmatización hacia las comunidades, en un contexto de creciente conflictividad social.

Reclamos al Estado, empresas y comunidad internacional

En su mensaje ante el Foro, Zaya formuló pedidos concretos:

Al Estado argentino, la titulación inmediata y colectiva de los territorios indígenas y la implementación efectiva de la consulta previa.

A las empresas, el cese de actividades que impacten sobre los territorios y la reparación de los daños ambientales.

A la comunidad internacional, el monitoreo de la situación en Argentina y el acompañamiento a las demandas indígenas.

“Esto no es solo una cuestión de tierra. Se trata de la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas”, concluyó.

La intervención de Keila Zaya volvió a poner en la agenda internacional una problemática persistente en Argentina: el reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos originarios y el desafío de compatibilizar desarrollo económico con respeto por los territorios y las comunidades.

Territorio, salud y cambio climático en el centro del debate

Si bien el eje central del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas es “garantizar la salud de los pueblos indígenas, incluso en contextos de conflicto”, las distintas delegaciones coincidieron en un punto transversal: no es posible abordar la salud sin garantizar otros derechos fundamentales.

En esa línea, la abogada Roxana Rivas —apoderada de EMIPA y de comunidades Mbya, además de referente en derechos indígenas en Argentina— brindó un panorama de los primeros días del encuentro.

“Hay mucha coincidencia entre los pueblos en cuanto a las demandas hacia los Estados, vinculadas al respeto por el territorio, la preexistencia, la consulta y la libre determinación. Como el eje es la salud, todos coinciden en que es imposible abordarla de manera integral sin vincularla con el territorio, que hoy es lo más amenazado”, explicó.

Otro de los temas que atraviesa las intervenciones es el impacto del cambio climático, que afecta de manera directa a los pueblos indígenas, pese a que históricamente han sido guardianes de los ecosistemas.

“Muchos están siendo desplazados, tanto por las consecuencias del cambio climático como por la acción directa del ser humano asociada a modelos extractivos. Es una problemática global que se repite desde el Ártico hasta el sur más profundo”, agregó Rivas.

Respecto a la dinámica del Foro, destacó el compromiso y la apertura de las delegaciones: “Las jornadas son intensas y las distancias que recorremos a diario también, pero la experiencia es muy enriquecedora, tanto por el intercambio cultural como por los espacios de aprendizaje compartido”, concluyó.

Noticia relacionada 

Representantes del Pueblo Mbya expondrán ante las Naciones Unidas el reclamo por la recuperación de su territorio en Misiones

The post Una voz Mbya Guaraní en la ONU: Keila Zaya llevó a Nueva York el reclamo por territorio, agua y derechos indígenas en Argentina appeared first on Argentina Forestal.

Fuente: EMIPA 

MISIONES (19/4/2026).- Keila Zaya vive en Tekoa Arandu, Pozo Azul, al norte de la provincia de Misiones (Argentina),  desde pequeña comenzó a interesarse por los derechos indígenas, asumiendo el compromiso de compartir ese camino con otros jóvenes.

Con el tiempo, se fue convirtiendo en referente entre sus pares, una figura para la defensa de sus derechos. Ahora asumió un desafío mayor: representar al Pueblo Mbya a 8.000 kilómetros de su territorio. Este lunes 20 de abril, en el marco de la 25º sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, que tendrá sede en Nueva York, junto a la abogada Roxana Rivas, asesora legal de las Comunidades y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), llevarán el reclamo de la Comunidad Puente Quemado II, (Garuhapé, Misiones).

Desde hace varios años, tras un incendio rural que afectó a plantaciones de la empresa y puso en riesgo la vida de la comunidad, se inició conflicto con la multinacional Arauco Argentina SA, que tiene un patrimonio de tierras de más de 200 mil hectáreas en la zona norte de la provincia (45% en conservación y 55% en forestaciones de pinos para producción industrial) y, avalados por la legislación vigente del Estado Argentino y del Gobierno de la Provincia de Misiones.

Estas tierras tienen áreas de bosques nativos que fueron relevados como territorios indígenas bajo la Ley Nac. 26.160 de Emergencia de Territorialidad Indígena que prohibía el desalojo de comunidades en conflicto y debía instrumentarse mecanismos para la regularización de títulos comunitarios, normativa que fue suspendida en su ejecución por el actual presidente argentino Javier Milei.

Leer más:

Patricia Bullrich anunció que el gobierno derogará la ley de relevamiento indígena: “La Ley 26.160 se termina”

Días atrás, Keila visitó la Comunidad para volver a escuchar sus demandas y llevar su voz al ámbito internacional. “Ellos querían darme fuerza espiritual. Pidieron a Ñande Ru Kuéry que ilumine el camino”, contó.

Explicó que le pidieron exponer sobre la situación territorial y el impacto ambiental del monocultivo de pinos, pero también visibilizar la realidad que atraviesan otras Comunidades de la provincia frente a un gobierno que, según expresó, es “simbólicamente respetuoso de lo guaraní pero no reconoce al Pueblo Mbya como preexistente”, y que “siempre está del lado del capital, en este caso de la multinacional Arauco, que se ‘adueña’ de Misiones”.

Santiago Ramos, mburuvicha de Puente Quemado II, señaló que la Comunidad se siente fortalecida y esperanzada por el hecho de que su reclamo llegue al foro internacional de la mano de Keila. “Queremos recuperar nuestro territorio ancestral, vivir tranquilos sin las amenazas de Arauco y seguir protegiendo lo que queda de monte. No queremos que vuelvan a entrar a plantar pino, queremos proteger el agua”, expresó.

En este sentido, remarcó que el principal malestar hoy -además de la invasión de Arauco- es la falta de acceso al agua segura: “Lo que más nos preocupa es poder tener agua potable, eso pedimos al mundo”.

Keila representa a una nueva generación que camina con respeto por la sabiduría de sus mayores y con esperanza hacia el futuro de su Pueblo. “Tengo conciencia de la responsabilidad y el compromiso de representar a un Pueblo entero. Después de haber ido a la Comunidad todo se alivianó: necesitaba el respaldo y la fuerza de los líderes y de las personas mayores. Estoy tranquila, entusiasmada por conocer otras etnias, no solo de Latinoamérica”, concluyó.

Las sesiones comenzarán el lunes a las 11 (hora de Estados Unidos) y se extenderán hasta el 1° de mayo. Keila reflejará la realidad de muchas Comunidades que pelean a diario por sus derechos. Desde Misiones al mundo, buscan que la voz y la visión del Pueblo Mbya sea escuchada.

The post Representantes del Pueblo Mbya expondrán ante las Naciones Unidas el reclamo por la recuperación de su territorio en Misiones appeared first on Argentina Forestal.

Fuente: EMIPA 

MISIONES (22/3/2026).- En el marco del Día Mundial del Agua, crecen las alertas por una problemática estructural: el acceso al agua potable sigue siendo una deuda pendiente, especialmente para las comunidades Mbya Guaraní en Misiones.

De acuerdo con estimaciones de la organización tradicional Aty Ñeychyrõ, al menos el 20% de las comunidades indígenas de la provincia no cuenta con acceso a agua segura, lo que duplica el 10% informado oficialmente el año pasado por la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La diferencia en los números refleja, según los referentes indígenas, una subestimación del problema. Mientras los datos oficiales indicaban que unas 14 comunidades estaban afectadas, relevamientos propios identificaron inicialmente 25, cifra que luego superó las 30, en un contexto donde muchas situaciones no se denuncian formalmente.

“Numerosas comunidades siguen sin tener acceso al derecho humano del agua, consumiendo agua probadamente contaminada y, en algunos casos, sin ninguna fuente segura”, señalaron desde la organización.

Agua contaminada y riesgo sanitario

La preocupación no es solo por la falta de acceso, sino también por la calidad del agua disponible. Estudios realizados por el Laboratorio Agropecuario de la Universidad Nacional del Alto Uruguay confirmaron que muestras tomadas en comunidades como Puente Quemado II (Garuhapé) y Kokuere’i (San Ignacio) no son aptas para consumo humano.

Los análisis determinaron que el agua supera los niveles permitidos de coliformes totales establecidos por el Código Alimentario Argentino, lo que indica contaminación con microorganismos provenientes de materia fecal y aguas servidas.

A esta situación se suman comunidades como Yvy Porã y Takuapi Mirĩ, en Colonia Mado, donde incluso el funcionamiento escolar se ve afectado por la falta de agua potable.

La médica Mariana Mampaey advirtió que el consumo de agua contaminada “pone en riesgo de enfermedad a quienes la ingieran”, siendo niños, embarazadas y adultos mayores los grupos más vulnerables. Entre las enfermedades asociadas mencionó hepatitis A, fiebre tifoidea, cólera y síndrome urémico hemolítico.

Además, subrayó que esta problemática está directamente vinculada a la desnutrición infantil en zonas rurales, agravando indicadores de salud ya críticos en las comunidades Mbya.

Reclamos sin respuesta y conflicto persistente

A pesar de los reiterados reclamos, las soluciones estructurales no llegan. En comunidades como Ychongy Poty (San Ignacio), unas 35 personas permanecen sin agua desde hace más de un mes tras el corte del servicio por deudas imposibles de afrontar.

“Queremos acceder al agua segura y limpia. Tenemos derecho a hacerlo”, expresó Mario Borjas, referente del Aty Ñeychyrõ, quien reclamó mayor compromiso del Estado provincial.

El dirigente también señaló cambios ambientales profundos: “Antes las vertientes estaban protegidas dentro del monte, pero hoy se han perdido y los arroyos están contaminados”, advirtió, vinculando esta situación a modelos productivos que impactan sobre el ambiente.

El año pasado, más de 50 comunidades Mbya llevaron su reclamo a la capital provincial con una protesta de cinco días en la Plaza 9 de Julio, donde exigieron respuestas concretas, entre ellas el acceso al agua. Sin embargo, denuncian que no obtuvieron soluciones.

Una deuda en una provincia rica en agua

La paradoja es evidente: Misiones cuenta con una vasta red hídrica integrada por ríos como el Río Paraná, el Río Uruguay y el Río Iguazú, además de extensas cuencas de arroyos.

En este contexto, organizaciones indígenas y especialistas coinciden en que la falta de acceso al agua potable no responde a limitaciones naturales, sino a decisiones estructurales.

El acceso al agua fue reconocido como derecho humano por la Organización de las Naciones Unidas en 2010. Sin embargo, en Misiones, su cumplimiento sigue siendo una deuda vigente para las comunidades Mbya, que continúan esperando respuestas concretas.

Leer más: 

Día Mundial del Agua | Las mujeres, protagonistas de las soluciones frente a una crisis hídrica global cada vez más crítica

The post Misiones | Organizaciones indígenas advierten que la falta de acceso al agua segura afecta a más de 30 comunidades en la provincia appeared first on Argentina Forestal.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (3/12/2025).- La reciente suspensión de un plan autorizado de cambio de uso de suelo para el aprovechamiento de madera de bosque nativo en una propiedad privada de Garuhapé reavivó un conflicto estructural: ¿qué ocurre cuando un título de propiedad formalmente registrado se superpone con territorios relevados como indígenas bajo el marco jurídico de la Ley 26.160 de Emergencia Indígena (normativa actualmente derogada por el gobierno nacional)?. ¿Cuál es el alcance real del derecho a la tierra para propietarios privados y para comunidades preexistentes? Y, sobre todo, ¿cómo actúa el Estado en la administración de estos derechos cuando la presión territorial y productiva se intensifica sobre el bosque nativo?

Ese es el epicentro del caso que involucra al empresario forestal Alfredo Ruff, titular que logró restablecer un plan forestal aprobado en 2018 por 92,48 hectáreas, con autorización aprobada en diciembre de 2024 por la actual gestión para cambio de uso de suelo, según la resolución de la Dirección General de Bosques del Ministerio de Ecología de Misiones.

La resolución ministerial señala que «habiéndose derogado la Ley 26,160 de Emergencia Territorial Indígena, sus modificaciones y complementarias del sistema jurídico Argentino, la Dirección General de Bosques reestablece el Plan de Cambio de Uso de Suelo que fue aprobado por Resolución N°060/18 (en una superficie de 92,48  hectárea) en Garuaphé, departamento de Libertador General San Martin».

Pero al iniciar las tareas la semana pasada, la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II –vecina a la propiedad de Ruff-  denunció la falta de consulta previa, libre e informada como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ante las actividades forestales iniciadas en el predio, e inició junto a EMIPA (Equipo Misionero de Pastoral Aborigen) una fuerte defensa por “su territorio”.

El conflicto derivó en un control oficial y la reacción fue inmediata: tras la inspección, técnicos de Ecología labraron actas de infracción y establecieron la suspensión preventiva del plan, situación que Ruff calificó como injustificada y perjudicial. La comunidad de Puente Quemado II, por su parte, reafirmó que el bosque es parte de su identidad cultural y que el desmonte vulnera su supervivencia espiritual.

“¿No vale un título de propiedad en Argentina?”: el reclamo del empresario maderero

El conflicto con la comunidad vecina no es nuevo para Ruff, pero la suspensión lo tomó con indignación. Desde la Patagonia, en diálogo con ArgentinaForestal.com, respondió: “Está todo en regla. Tenemos el plan de cambio de uso de suelo aprobado por Ecología, se restableció siguiendo el código de cuidado ambiental ya que se deja casi 60 hectáreas de monte entre franjas y reserva”.

El expediente técnico aprobado por Resolución N.º 060/18 reconoce un área de 92,48 hectáreas con autorización para el cambio de uso de suelo. Ruff sostiene que el procedimiento administrativo se cumplió con dictamen favorable de Asuntos Guaraníes, por lo que considera cumplida la consulta obligatoria con pueblos originarios.

En esa línea, el empresario remarca, una vez más, que cuenta con título de propiedad con más de 80 años de antigüedad, tierras heredadas de sus abuelos inmigrantes de Alemania. Recalca también que su plan obtuvo aval de los organismos correspondientes, “se cumplieron todos los pasos técnicos y administrativos exigidos”, dijo.

“Tengo el título de propiedad y todo ajustado a las normativas vigentes. ¿O no vale el derecho a la propiedad privada en Misiones? Esto es una herencia familiar, somos tercera generación. Nunca esta comunidad vivió en mi lote”, afirmó. “Puente Quemado II es vecina de mi propiedad, no entiendo por qué molestan o pretenden hablar de expropiación. Esto es propiedad privada”, planteó.

Ruff sostiene haber invertido en maquinaria, personal, servicios forestales y asesoramiento técnico. Ahora, tras la suspensión, deberá afrontar gastos legales y paralización de la producción. “Todo esto me perjudica económicamente y públicamente. Yo también voy a defender mi propiedad”, advierte.

El reclamo Mbya: más que árboles, la defensa por la cultura y existencia ancestral

La comunidad de Puente Quemado II, acompañada por el Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA), denunció públicamente y en medios nacionales que no se cumplió el derecho a la consulta previa, libre e informada exigido por normas internacionales de protección indígena.

Consideran el área como territorio ancestral relevado en el marco de la Ley 26.160, aunque la norma actualmente está caída y revisión nacional.

Desde EMIPA explicaron:“No es solo la falta de un trámite. Cada árbol derribado altera el equilibrio. Allí no cae un bosque: cae cultura, espiritualidad y memoria».

Para la comunidad, el desmonte autorizado se traduce en una amenaza directa a su continuidad territorial. Hasta recibir respuestas institucionales, integrantes de Puente Quemado II mantienen presencia activa en la zona para custodiarla.

“La defensa del territorio es el derecho a decidir sobre el lugar que nos pertenece. Frente al modelo de desmonte, la comunidad cuida la selva”, expresaron.

La decisión oficial: suspensión preventiva

Tras la denuncia comunitaria, inspectores de la Dirección de Control Forestal de Ecología recorrieron el predio de Alfredo Ruff. El parte técnico detalló que:

• -Se verificó el respeto de fajas de bosques protectores. Pero se detectaron intervenciones no autorizadas en un área de aproximadamente 1 hectárea.
• – Se constató extracción en zonas no incluidas en el plan aprobado, lo que constituye infracción ambiental.

Pero con base en estos hallazgos, el Ministerio resolvió la “suspensión preventiva del plan” hasta evaluar las actuaciones y determinar sanciones o medidas correctivas.

Ruff, sin embargo, rechaza la imputación de infracción y asegura haber operado conforme a la normativa.

“Yo también voy a defender mi propiedad. No necesitamos ser ancestrales para tener título de propiedad. Tenemos informes de agrimensores y escribanos que acreditan que nunca una comunidad vivió en mi tierra”, recalcó.

Asegura no tener prejuicio hacia la comunidad, pero defiende su derecho de propietario: “Hay leyes también para los que producimos. Misiones tiene mucha selva donde el Estado podría garantizar tierras indígenas, pero que vengan por tierras con título y permisos habilitados  es injusto”.

Dos derechos constitucionales que chocan en este conflicto

El conflicto persiste por tres ejes que el Estado aún no logra articular plenamente:

·       Derecho a la propiedad privada respaldado por título registral.

·       Derechos territoriales indígenas reconocidos constitucionalmente y en tratados internacionales.

·       Gestión sostenible del bosque nativo, recurso limitado y estratégico, que está regulado para el uso maderero en Misiones por cientos de leyes ambientales  y disposiciones vigentes a la que debe acatar el propietario, quien paga impuestos sobre la tierra y vive de la renta que la misma produce.

Mientras Ruff reclama seguridad jurídica para producir, las comunidades indígenas exigen respeto a su permanencia histórica sobre el territorio, aunque se trata de una propiedad privada.  “Apuntan a la expropiación, cuando también tenemos derecho sobre la propiedad privada”, insiste el empresario maderero.

“En la zona se sabe que hay quienes sobornan comunidades para hostigar al propietario y luego compran la tierra barata porque la gente se cansa. Los propios guaraníes me ofrecieron comprar mis tierras hace un tiempo. Eso es inviable, esto es una herencia familiar, la voy a cuidar para mis hijos”, sostuvo Ruff en la entrevista.

En este conflicto, ambas partes sostienen derechos que la ley reconoce, pero que desde los organismos del Estado aún no han logrado compatibilizar.

El caso de la propiedad de Alfredo Ruff en Garuhapé revela una problemática estructural en Misiones y en la Argentina: territorios superpuestos, normativas parciales y decisiones administrativas que oscilan sin políticas nacionales de fondo.

Sin intervención estatal integral , real ordenamiento territorial, regularización de tierras indígenas, mecanismos de compensación, control ambiental eficiente, la disputa se repetirá, lote por lote, bosque por bosque.

En este escenario, nadie gana: pierde el productor, pierde la comunidad indígena, y pierden los bosques nativos de la provincia.

Noticia relacionada

Propiedad privada | La lucha de un nieto de inmigrantes por el suelo que forjaron sus antepasados en Misiones

The post Misiones | Un reclamo indígena derivó en la suspensión de un plan forestal aprobado en Garuhapé y el propietario sostiene su legalidad: «¿No vale el título de propiedad?» appeared first on Argentina Forestal.

Fuente: Amazonia Calling

BRASIL (9/11/2025).- Mientras la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en la Amazonía se pone en marcha el lunes 10 de noviembre, cientos de artistas e influyentes culturales están amplificando las seis demandas principales de los grupos indígenas que piden a los líderes mundiales que tomen medidas urgentes para proteger la Amazonía y defender los derechos indígenas.

Entre las celebridades que apoyan las demandas indígenas se encuentran Jason Momoa, Shawn Mendes, Alok, Jamie Lee Curtis, Mark Ruffalo, Rosario Dawson, Peter Gabriel, Jane Fonda, Joaquin Phoenix, Susan Sarandon, Jeff Bridges, Malin Akerman, Walton Goggins y Cedella Marley.

«El Amazonas es el corazón palpitante del planeta», dijo Momoa, actor y productor de cine estadounidense .

«Sus bosques crean ríos voladores, son corrientes invisibles de agua dulce que sustentan la vida en todo el mundo. Pero la minería, la extracción de petróleo y la tala están destruyendo la selva tropical y amenazando a los guardianes indígenas que la protegen. Unámonos a la causa. Protejamos el corazón del mundo», remarcó.

La Declaración Política de los Pueblos Indígenas de la Cuenca del Amazonas y de Todos los Biomas de Brasil para la COP30 se publicó recientemente con el fin de unificar las voces indígenas y las demandas de un cambio sistémico.

“En la COP30, los pueblos indígenas de la cuenca amazónica se unen como una sola voz política”, declaró Angela Kaxuyana, coordinadora de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) .

“No pedimos inclusión, exigimos participación plena y efectiva. Nuestro mensaje es claro: no habrá una solución climática real sin el reconocimiento de nuestros territorios, nuestros derechos y nuestra gobernanza. La COP30 debe generar compromisos concretos, no promesas vacías”.

Las seis demandas de la Declaración se centran en la seguridad jurídica de los territorios indígenas; la declaración de la Amazonía como zona de exclusión para las actividades extractivas; la participación y representación plena y efectiva en todos los espacios de toma de decisiones; la protección de los defensores indígenas; el acceso directo a la financiación para los pueblos indígenas; y la inclusión del conocimiento indígena como estrategias climáticas.

La Declaración fue emitida por las nueve organizaciones indígenas amazónicas nacionales, entre ellas: COIAB (Brasil), OPIAC (Colombia), AIDESEP (Perú), CONFENIAE (Ecuador), OIS (Surinam), APA (Guyana), ORPIA (Venezuela), CIDOB (Bolivia) y FOAG (Guayana Francesa), así como COICA (Regional).

“La COP30 debe ser un punto de inflexión, un momento como el Acuerdo de París, donde el mundo asuma la responsabilidad de proteger a los pueblos indígenas y sus territorios, el corazón vivo del planeta”, declaró Ginny Alba, de OPIAC .

“Esperamos que los gobiernos conviertan las promesas en acciones concretas y se comprometan con medidas reales que garanticen la justicia climática y un futuro para toda la humanidad”.

Las demandas indígenas para la COP30 incluyen:

• Garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas como medida de acción climática mediante la demarcación, la titulación y otras medidas legales y administrativas, incluso para los territorios de los Pueblos Indígenas en Aislamiento
• Voluntario y Contacto Inicial (PIACI), como política y acción climática.
• Adoptar e implementar mecanismos de financiación directos, flexibles y culturalmente apropiados para los pueblos indígenas y sus organizaciones.
• Declarar la Amazonía como zona de exclusión de todas las actividades extractivas —en particular, petróleo, gas y minería— comenzando por los territorios de los pueblos indígenas, especialmente los territorios de los Pueblos Indígenas en Aislamiento
• Voluntario y Contacto Inicial (PIACI).
• Garantizar la participación y representación plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos los niveles de los procesos de toma de decisiones.
• Adoptar medidas urgentes de protección para los líderes indígenas y ambientales, las mujeres líderes y los defensores en situación de riesgo, priorizando los protocolos regionales de prevención y protección coordinados con las instituciones de justicia y derechos humanos de cada país.
• Reconocer e integrar los sistemas de conocimiento indígena como estrategias legítimas para la mitigación del cambio climático, la adaptación y la restauración ambiental.

Un movimiento global de solidaridad

A medida que la Declaración Política Indígena cobra impulso de cara a la COP30, artistas, activistas y narradores de todo el mundo se han unido en la campaña Amazonia Calling para solidarizarse con los Pueblos Indígenas, amplificando su liderazgo e historias mediante movilizaciones creativas y digitales.

Una red de más de una docena de organizaciones y campañas aliadas, como The Answer Is Us, una iniciativa nacida en la Amazonía brasileña y ahora adoptada a nivel global por más de 80 movimientos de comunidades y activistas, y su miembro fundador, COIAB, se han asociado con Amazonia Calling y trabajan conjuntamente para impulsar las demandas de la Declaración Política Indígena para proteger la Amazonía y el planeta.

Una de las formas en que este movimiento colectivo ha cobrado vida ha sido a través de la Flotilla Yaku Mama: una travesía que comenzó en los Andes ecuatorianos y que ha recorrido el río Amazonas hasta la COP30 en Belém, representando el espíritu y las demandas de la Declaración Política Indígena.

Liderada por pueblos indígenas y sus aliados, la flotilla celebra los sistemas de conocimiento indígena, la cultura alimentaria local y la miríada de respuestas a la crisis climática que provienen de los pueblos indígenas.

El 10 de noviembre, en Belém, al comenzar la COP30, la flotilla se unirá a otras caravanas indígenas de la iniciativa “Caminos a la COP30”, entrelazando historias de resistencia, resiliencia y unidad en toda la región.

The post COP30 | Cientos de artistas e influyentes culturales de todo el mundo apoyan la histórica declaración indígena para proteger la Amazonía appeared first on Argentina Forestal.

Fuente: EMIPA

MISIONES (12/10/2025).- En un contexto donde resurgen discursos discriminatorios y negacionistas, Eva Okulovich invita a pensar lo indígena no como un vestigio del pasado, sino como una presencia viva y constitutiva de nuestra identidad latinoamericana.

Hija y nieta de inmigrantes europeos, recuerda con gratitud la generosidad del pueblo Mbya que acogió a sus antepasados en la selva misionera. Su tesis doctoral “Sociedad Guaraní-Mbya en Argentina.

Arte, identidad y supervivencia”, defendida en la Universidad de Granada (España), marcó el inicio de un trabajo académico comprometido con la visibilización de una cultura que durante siglos fue silenciada.

A continuación, comparte su mirada sobre la espiritualidad, la lengua y la resistencia del Pueblo Mbya frente a los desafíos contemporáneos, en el marco del Día Internacional del Respeto por la Diversidad Cultural, que se recuerda cada 12 de octubre.

La Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas. Sin embargo, existen discursos que continúan negándolo. ¿Cómo explicarías la importancia de reivindicar esa preexistencia en el caso del Pueblo Mbya?

La Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, aunque los discursos negacionistas persisten. En el caso del pueblo Mbya, reivindicar esa preexistencia es fundamental para contrarrestar la invisibilización y el despojo histórico, y para fortalecer su lucha por derechos esenciales.

La preexistencia no es un dato histórico, sino parte de su cosmovisión y espiritualidad: la conexión con el territorio, el kaaguy (monte), es vital para su identidad. Negar su preexistencia es negar su ser y su relación con el entorno.

El pueblo Mbya habitaba Misiones antes de la formación del Estado argentino; reconocer esto avala su reclamo por la propiedad comunitaria de sus tierras, como establece el artículo 75 inciso 17 de la Constitución.

Sus conocimientos ancestrales sobre el uso del espacio y la conservación de la biodiversidad son inseparables de su historia. Reivindicar su preexistencia es también valorar ese conocimiento frente al extractivismo y la deforestación.

Los discursos que la niegan tienen un trasfondo ideológico que busca justificar la expropiación de tierras y la vulneración de derechos. Reivindicar la preexistencia es confrontar esa narrativa y reconocer la injusticia histórica sufrida.

Reconocer al Pueblo Mbya fortalece el pluralismo cultural argentino y defiende la plena vigencia de los derechos indígenas consagrados en la Constitución de 1994 y en los tratados internacionales.

Reivindicar la preexistencia Mbya es un acto político y de justicia histórica que reafirma su identidad, cultura y derechos territoriales, y garantiza su participación en las decisiones que afectan su vida y su territorio.

El Pueblo Mbya conserva saberes únicos en torno a la espiritualidad, el cuidado del ambiente y la medicina tradicional. ¿Qué enseñanzas de esta cosmovivencia crees que resultan más urgentes para nuestra sociedad actual?

La más inexcusable de sus enseñanzas es su inteligente y recíproca relación con la naturaleza. No comprenden el entorno como un recurso a explotar, sino como un ser del que son parte, lo que los convierte en verdaderos guardianes del bosque y su biodiversidad.

La visión Mbya sobre la producción de alimentos y el uso de los recursos es interiormente sostenible, en contraposición al modelo consumista occidental, que destruye el entorno. Dicha visión conecta la espiritualidad con la conservación de la naturaleza: los líderes espirituales y los sabios transmiten el conocimiento ancestral sobre el cuidado del monte.

El valor comunitario de la cultura Mbya ofrece un modelo para contrarrestar la desintegración social.

Por otra parte, su medicina no se limita a tratar síntomas, sino que aborda la salud de manera integral, sanando el espíritu y manteniendo el equilibrio con la naturaleza. Poseen un vasto conocimiento sobre las propiedades curativas de las plantas, transmitido oralmente de generación en generación.

En síntesis, las enseñanzas Mbya son esenciales para enfrentar la crisis climática actual. Su ejemplo de relación sostenible con el ambiente muestra cómo revertir el daño causado por la explotación desmedida, mientras que su sentido de comunidad contrarresta el individualismo. Su enfoque holístico de la salud ofrece una alternativa a la medicina occidental centrada en lo físico.

La sabiduría Mbya demuestra que es posible vivir priorizando el bienestar colectivo y espiritual sobre la acumulación material. En un mundo al borde del colapso ecológico y social, su cosmovivencia señala un camino hacia un futuro más equilibrado.

La lengua Mbya sigue viva, situación que no ocurre en otros pueblos indígenas. ¿Qué lugar ocupa el idioma en la permanencia de una cultura?

La lengua ocupa un lugar central y fundamental en la permanencia de una cultura. Para los Mbya, no es solo un medio de comunicación, sino el recipiente y transmisor de su cosmovisión, historia y saberes ancestrales. Su vitalidad es una señal de resiliencia y continuidad cultural.

El idioma Mbya-Guaraní posee una estructura y vocabulario que reflejan su forma particular de entender el mundo, la naturaleza y la espiritualidad. Existen conceptos intraducibles, como ñande reko (nuestro modo de ser) o yvy marãe’y (tierra sin mal), que expresan la profundidad de su relación con el territorio.

El idioma es guardián de la memoria del pueblo Mbya, transmitida oralmente a través de canciones, relatos y discursos rituales. La oralidad es sagrada, y el idioma es su vehículo.

La conservación del idioma permite mantener su identidad cultural y resistir la asimilación. En un contexto de presiones externas, la lengua se convierte en símbolo de orgullo y acto de afirmación cultural.

La vitalidad del Mbya-Guaraní es una de las razones por las que su cultura persiste: es el tejido profundo que conecta su pasado, su presente y su futuro.

En un contexto político de desfinanciamiento y derogación de normativas clave, ¿qué riesgos consideras que enfrenta hoy el Pueblo Mbya en relación con sus derechos y territorios?

Hoy enfrentan riesgos significativos, especialmente relacionados con sus derechos territoriales, el avance de proyectos extractivistas y la vulneración de sus derechos sociales básicos.

También enfrentan dificultades para acceder a la justicia: el desmantelamiento de organismos estatales y la falta de recursos para asistencia legal dejan a las comunidades en una situación de indefensión.

A ello se suma el aumento de la intolerancia racial y los discursos de antipatía, que buscan deslegitimar sus derechos. Esto incrementa el riesgo de violencia y criminalización hacia los Mbya por defender sus territorios ancestrales.

La protesta social es muchas veces criminalizada, con acciones legales que intentan silenciar sus reclamos legítimos.

A pesar de la violencia y la desidia del Estado, vemos comunidades unidas y organizadas. ¿Cómo observas hoy esa capacidad de resistencia del Pueblo Mbya y cuáles son, a tu criterio, los principales desafíos que enfrentan hacia adelante?

La resistencia del Pueblo Mbya es un testimonio de fortaleza y sabiduría, sostenido por su conexión con el territorio y su identidad.

En la actualidad, esa resistencia combina la defensa activa del territorio con la preservación cultural y espiritual. Las comunidades se fortalecen mediante la organización interna, estrategias de litigio y visibilidad apoyadas por organizaciones de derechos humanos y ambientales.

Más allá de lo político, la resistencia Mbya es cultural y espiritual. Mantener sus ceremonias, su lengua, sus producciones plásticas y sus saberes ancestrales es una forma de reafirmar su existencia frente a la asimilación.

Los principales desafíos son la protección legal de sus territorios, frenar las actividades extractivistas, acceder a servicios básicos, visibilizar sus luchas y lograr que los jóvenes se involucren en la defensa de su cultura, idioma y territorio.

Finalmente, ¿crees que las raíces del Pueblo Mbya son lo suficientemente fuertes como para sostenerse frente a este escenario de invisibilización y olvido? ¿Qué nos enseñan sus luchas históricas en cuanto a memoria e identidad?

Sí, las raíces del Pueblo Mbya son extraordinariamente fuertes, forjadas en siglos de resistencia frente a la colonización, la opresión y la desidia estatal. La persistencia de su lengua, su espiritualidad y su vínculo con el monte lo demuestran.

Su cultura no es una reliquia, sino una fuerza viva. La defensa de sus tierras no es solo una lucha material, sino una defensa de su existencia cultural y espiritual.

La memoria es su herramienta de resistencia: no es un recuerdo pasivo, sino un acto activo para contrarrestar los relatos dominantes que buscan invisibilizarlos.

La resistencia Mbya no es solo una respuesta a la opresión, sino una expresión intrínseca de su identidad. Se manifiesta en su lengua, sus tradiciones, sus expresiones artísticas y su vida comunitaria.

Sus luchas nos enseñan que la memoria y la identidad son fuerzas vivas que, lejos de ser vulnerables, constituyen la fuente más profunda de resistencia.

The post Día Internacional del Respeto a la Diversidad Cultural | “Reivindicar la preexistencia Mbya Guaraní es un acto político y de justicia histórica” appeared first on Argentina Forestal.