Por Patricia Escobar

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MISIONES (2/9/2026).- Durante más de tres décadas Marcelo Jorge “Vasco” Baigorri acompañó al Equipo Misionero de la Pastoral Social Aborigen y a ENDEPA en la defensa de los derechos y territorios del Pueblo Mbya Guaraní.

Periodista, escritor, poeta, magíster en Cultura Guaraní Jesuítica y un reconocido referente de distintas causas sociales y ambientales en Misiones.

El “Vasco” Baigorri, como se lo conocía, murió a los 75 años en Aristóbulo del Valle, la localidad donde estaba radicado y donde vivía junto a su esposa, Mónica.

Con su partida se va una figura que durante décadas hizo de la palabra, la comunicación y el compromiso personal herramientas para acompañar algunas de las luchas más sensibles de Misiones. Baigorri dedicó buena parte de su vida a la defensa de los derechos humanos y, especialmente, a acompañar al Pueblo Mbya Guaraní en sus reclamos por la recuperación y protección de sus territorios ancestrales.

Egresado de Periodismo de la Universidad Católica Argentina (UCA), durante más de tres décadas trabajó desde el área de Comunicación junto al Equipo Misionero de la Pastoral Social Aborigen (EMiPA) y colaboró con el Equipo Nacional de Pastoral Social Aborigen (ENDEPA) en la defensa de los derechos de la Nación Mbyá Guaraní en Misiones.

Su compromiso no fue solamente profesional. Durante más de dos décadas fue una de las voces que visibilizaron los reclamos de las comunidades por sus territorios ancestrales, así como situaciones de vulnerabilidad y dificultades para acceder de manera segura al agua potable y a la educación intercultural.

También intervino en denuncias relacionadas con desalojos y desmontes, entre ellas las vinculadas a las comunidades Takuapí Mirí, en Puerto Mado, y recientemente, en el conflicto de Puente Quemado II con propietarios de tierras privadas. Esa tarea de acompañamiento se mantuvo hasta sus últimos días.

Una vida atravesada por la cultura, la naturaleza y la palabra

La defensa de los pueblos indígenas convivió en Baigorri con otras dimensiones de una personalidad combativa y profundamente vinculada a la cultura misionera.

Fue magíster en Cultura Guaraní Jesuítica y publicó obras como Soy yo a pesar de mí, El país de las naranjas amargas, Las cabañas y Confieso que he pecado, y mucho, entre otras. Su trayectoria literaria recibió la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE).

También fue fotógrafo y formó parte del Grupo Ecologista Kuña Pirú. Desde ese espacio acompañó causas vinculadas con la defensa de los recursos naturales y mantuvo una posición crítica frente al avance de los pinares en grandes extensiones y la extracción de madera nativa de la Selva misionera.

Su compromiso con las causas ambientales estuvo atravesado por una participación personal que, en ocasiones, implicó situaciones de riesgo. En 2019, mientras recorría un sector del Parque Provincial Cuña Pirú por una intrusión territorial, fue atacado con un machete.

Pero Baigorri también construyó otras facetas lejos de las luchas sociales y ambientales. Fue precursor del tiro con arco en Misiones y presidente de AMiTA, además de desempeñarse como juez y entrenador de esa disciplina.

“Caminó a la par, nunca por delante”

El reconocimiento hacia su trayectoria comenzó a expresarse en redes sociales la noche del martes, tras conocerse su fallecimiento. Desde el Equipo Misiones Pastoral Aborigen y ENDEPA Nacional lo despidieron como uno de sus incondicionales en la causa por la defensa y recuperación de los territorios del Pueblo Mbya Guaraní en Misiones.

Desde EMiPA destacaron especialmente una forma de acompañar que, según quienes compartieron ese camino, definió su manera de entender el compromiso: estar junto a las comunidades sin hablar en su nombre ni ocupar su lugar.

“Luchó siempre con el corazón para que el mundo sea más justo; para que los territorios estén en manos de sus dueños ancestrales”, expresaron.

En su despedida remarcaron también que Baigorri caminó junto a las comunidades “a la par, nunca por delante”.

Recordaron que estuvo presente “donde había que estar”, acompañando tanto los momentos de alegría como los de tristeza, dando una mano sin pedir nada a cambio.

“Su vida marcó la nuestra”, señalaron desde EMiPA en el mensaje con el que lo despidieron: “Por todo eso y mucho más… vivirás siempre en nosotros. Adiós compañero, hasta siempre. Gracias”.

El mundo de la cultura también expresó su pesar. En representación de la Fundación Cultural Argentina (FuCAr), del Grupo Literario Dementeazul de Eldorado y del Taller Literario Palabra que Camina de Montecarlo, enviaron sus condolencias a familiares y amigos de Baigorri.

Su recorrido atraviesa a distintos ámbitos: el periodismo y la literatura, la cultura guaraní, la defensa de los derechos humanos, las causas ambientales y el acompañamiento sostenido a las comunidades Mbya Guaraní.

Más que una enumeración de actividades, su trayectoria queda asociada a sus convicciones, y a una manera de estar frente a las causas que eligió defender: con la palabra, pero también con presencia; desde la comunicación, pero sin dejar de involucrarse; acompañando, como lo resumieron quienes trabajaron junto a él: “A la par, nunca por delante”.

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Por Patricia Escobar

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MISIONES (15/8/2026).- La compleja disputa territorial que se desarrolla en el Lote 78 de Paraje Cañafístula, municipio de Garuhapé, sumó un capítulo de alto impacto institucional y judicial. Tras el desalojo dictado el pasado 16 de julio por el juez de Instrucción de Jardín América, Roberto Senna, la causa derivó en una nueva denuncia penal formulada por el propietario del inmueble, el productor forestal Alfredo Ruff, por supuesta usurpación, sedición e incitación a la toma de tierras privadas por parte de EMIPA y ENDEPA, organización religiosa que acompaña a los Mbya Guaraní en Misiones.

El empresario afirmó ante la Justicia que detrás de la ocupación concretada por integrantes de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II existiría un mecanismo de presión inmobiliaria orientado a forzar la venta de sus tierras a valores inferiores a los de mercado, involucrando contactos provenientes de organizaciones del exterior.

El planteo fue formalizado por su abogado querellante, Rubén Lunge, quien solicitó a las autoridades judiciales investigar el origen de las llamadas y ofertas recibidas para determinar si la secuencia posterior a la usurpación configura una figura penal.

En forma paralela, las gestiones del Gobierno provincial lograron la firma de un acta de compromiso de paz social entre las partes, aunque las posturas de fondo se mantienen irreductibles: mientras el titular registral exige la restitución del predio y el cumplimiento de las garantías constitucionales de la propiedad privada, la comunidad aborigen sostiene su permanencia amparándose en el reclamo de restitución de territorios ancestrales, y espera la resolución judicial.

Denuncia por presunta operación inmobiliaria y desmonte en áreas protegidas

En declaraciones a Misiones Online, Alfredo Ruff sostuvo que la ocupación de su inmueble no constituye un hecho aislado, sino que respondería a una estrategia para desvalorizar los predios rurales de la zona. En sus declaraciones, el productor forestal vinculó nuevamente la dinámica del conflicto con el accionar del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA).

Según relató el empresario, tras la toma de las tierras recibió el contacto directo de un representante de una organización con sede en Suiza —dedicada al financiamiento de la recuperación de territorios para comunidades originarias en Misiones— con el objetivo de iniciar negociaciones para adquirir el terreno.

«Acá hay un problema muy grave, las asociaciones EMIPA y ENDEPA reciben plata de organizaciones fuera del país. Esa plata la reciben de Suiza. Y hay una persona de esa organización que quiere comprarme la propiedad. Están apretando con esto de la toma para que yo venda y me puedan comprar la propiedad. Es el causal de este sistema que están usando ahora. Pero no me voy a retirar de mi propiedad y tampoco voy a vender», declaró Ruff.

Al ser consultado sobre si interpretaba que las ocupaciones son utilizadas deliberadamente para deprimir el valor económico de las propiedades rurales y facilitar su posterior adquisición, el titular registral respondió afirmativamente. Asimismo, ratificó que aportó las pruebas correspondientes al expediente judicial: «Sí, de Suiza es. Sí, se contactó con el teléfono y todo. No es que yo digo. Yo tengo pruebas que están en manos de mi abogado y en la Justicia», afirmó.

Actualmente, Ruff permanece instalado dentro del predio utilizando una casilla rodante, resguardando su maquinaria y personal, con el acompañamiento preventivo de efectivos de la Policía de Misiones.

Durante las semanas de convivencia en el lugar, el empresario denunció que integrantes de la comunidad construyeron estructuras de reunión y campamentos afectando la masa forestal nativa.

Según su testimonio, se realizó el apeo de árboles dentro de su propiedad en sectores clasificados bajo la Categoría Roja de la Ley de Bosques (Ley 26.331), áreas de muy alto valor de conservación donde toda intervención productiva o desmonte se encuentra estrictamente prohibida por la normativa ambiental.

El empresario aclaró que su reclamo no está dirigido en contra el pueblo Mbya Guaraní en su totalidad, sino de forma puntual contra el cacique Santiago Ramos y la organización EMIPA, a quienes responsabilizó por promover el avance sobre su predio.

A su vez, remarcó que la situación generó una honda preocupación entre los productores y vecinos de Garuhapé e Hipólito Yrigoyen, quienes temen por la seguridad jurídica de sus inmuebles y cuestionan el alcance de los relevamientos técnicos territoriales ejecutados bajo la Ley Nacional 26.160. «Nadie quiere vender la tierra, si viven de eso», enfatizó el productor.

La estrategia de la querella: pedido de investigación financiera y nuevo desalojo

El abogado querellante Rubén Lunge ratificó que la Justicia provincial ya tomó conocimiento formal de la llamada telefónica recibida por Ruff, aunque fue cauto respecto a la tipificación delictiva en esta etapa preliminar de la causa. «Lo que sabemos, la información que tenemos es la llamada telefónica que tiene Ruff de su celular, y que yo también tengo, para la compra de sus tierras, y casualmente ocurre primero la toma. Y después viene la oferta», explicó el letrado.

Lunge precisó que se solicitó investigar a una fundación internacional presuntamente vinculada con EMIPA, cuyo objeto social contempla la compra de tierras para su posterior cesión a comunidades indígenas.

Sin embargo, el abogado diferenció los elementos recabados hasta el momento de una imputación formal: «Todavía no podemos hablar de calificación legal, todavía hay que investigar de qué se trata y después veremos», aclaró, dejando en manos de los investigadores determinar si existe una conexidad ilícita entre la ocupación, los fondos del exterior y la propuesta económica.

En el plano estrictamente procesal, la defensa de Ruff insiste en que el Juzgado de Instrucción ejecute una nueva orden de desocupación del inmueble.

Lunge argumentó que la comunidad Mbya ingresó al lote en mayo de este año, vulnerando la posesión previa y continua que su cliente ejercía mediante actividades productivas y presencia de personal. «Esa comunidad nunca estuvo en ese lugar, han instalado que se está desalojando a la comunidad de Puente Quemado II erróneamente, porque la aldea está constituida en un predio vecino, a unos 7 kilómetros de distancia donde este grupo de familias ingresó», aseveró el letrado.

La querella espera definiciones judiciales en los próximos días, ratificando su vocación de mantener el canal institucional con las autoridades para prevenir desbordes de violencia.

La colisión de derechos: seguridad jurídica registral frente a la demanda territorial ancestral

El conflicto de Garuhapé pone de manifiesto una colisión estructural de derechos que atraviesa a la provincia de Misiones y al sector forestal.

En el centro del debate convergen dos marcos normativos de rango constitucional que tensionan el ordenamiento jurídico:

• La garantía de la propiedad privada y la seguridad jurídica: Respaldada por el Código Civil y Comercial de la Nación y la Constitución Nacional. El sector productivo, respaldado por entidades gremiales y propietarios rurales, exige la inviolabilidad de los títulos registrales, el respeto a las resoluciones judiciales de desahucio y el mantenimiento de las condiciones de previsibilidad indispensables para las inversiones silvoinvolucradas.
• El derecho a la propiedad comunitaria y territorial originaria: Fundado en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Ley 26.160. Las comunidades Mbya Guaraní argumentan la preexistencia étnica y la necesidad de acceso a la selva (Ka’aguy) como espacio vital para su supervivencia física, cultural, medicinal y espiritual.

Esta colisión se intensificó en la zona de Puente Quemado II debido al impacto de los incendios forestales de 2022, que afectaron extensiones de pino en predios pertenecientes a la empresa Arauco, donde se encuentra asentada la aldea aborigen. La pérdida de cobertura vegetal en esos lotes impulsó a las familias originarias a desplazarse hacia sectores con monte nativo conservado, derivando en el ingreso al Lote 78 de Ruff.

Diálogo institucional: propuestas cruzadas y el rechazo a la venta del predio

Frente a la escalada de tensión, el Gobierno de Misiones impulsó una Mesa de Diálogo en la sede de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, reunión que se concretó el jueves 13 de agosto.

El encuentro estuvo encabezado por la ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre; el ministro de Cultura, Joselo Schuap; el subsecretario de Gobierno, Daniel Behler; y el director provincial de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, junto a intendentes y autoridades policiales de la Unidad Regional IX.

El director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, en declaraciones periodísticas detalló las negociaciones y confirmó que, si bien no se logró resolver el reclamo territorial de fondo sobre el predio de casi 300 hectáreas —de las cuales unas 30 hectáreas se encuentran ocupadas por familias de Puente Quemado II—, se obtuvo la firma de un acta para preservar la paz social.

«No pudimos llegar a un acuerdo como nosotros quisiéramos, que era salir con un acta en donde ambas partes también terminen satisfechas, pero sí quedó abierto el diálogo», evaluó Rodríguez.

El funcionario explicó que el trasfondo ambiental condiciona la postura indígena: «La comunidad nos aduce que claramente no hay más monte en la zona. En 2022, se sufrió un incendio en un sector de pinares, y se ha detectado que correctamente la comunidad vive del monte, el monte es vida para la comunidad, también para sus recursos medicinales, culturales».

Durante la reunión institucional, las partes expusieron fórmulas contrapuestas para abordar la permanencia en el predio:

·     Propuesta del titular registral: Alfredo Ruff ofreció una tregua temporal condicionada a que ambas partes se retiraran de forma simultánea de las 30 hectáreas en litigio mientras la causa tramita en los tribunales. «Propuse que todos nos retiremos del lote para que todo siga el curso de reclamos por las vías que corresponde. Pero me están destruyendo la propiedad. Por eso, y en una demostración de ceder y llegar a un acuerdo, mi abogado me recomendó esta salida», explicó el productor.

·     Contrapropuesta de la comunidad Mbya: Encabezada por el cacique Santiago Ramos y con el asesoramiento de las abogadas Roxana Rivas y Fabricio Labat, la comunidad rechazó la evacuación preventiva. «La propuesta de la comunidad era no retirarse del lugar, que las siete familias no se retiren del lugar hasta que el expediente judicial se expida», precisó el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez.

El funcionario provincial también reveló además que el Estado provincial intentó una mediación económica mediante una oferta de compra del lote al empresario para destinarlo a la comunidad, alternativa que fue desestimada por el propietario: «Nosotros, desde el gobierno de la provincia, se llegó a poder ofrecer el comprar ese lote al señor Alfredo Ruff. Por el momento, no quiso».

Ciberdelito y presión digital: la denuncia por hostigamiento a funcionarios

La complejidad del caso Garuhapé trascendió el ámbito local y desencadenó episodios de fuerte hostilidad en el entorno virtual. El propio Francisco Rodríguez reveló en una entrevista en Misiones Online que debió recurrir a la Fiscalía de Ciberdelito tras ser víctima de una campaña coordinada de amedrentamiento y desprestigio personal e institucional a través de redes sociales y telefonía celular.

«Fui blanco de un ataque digital coordinado en redes y teléfono particular tras la difusión de una orden de desalojo previa del la propiedad, una situación que ya se analiza con las autoridades del área de ciberdelito», admitió el funcionario.

Rodríguez lamentó la injerencia de actores externos que buscan radicalizar las posturas en lugar de contribuir a soluciones pacíficas dentro del marco legal vigente.

«En este conflicto estamos interviniendo desde el inicio como organismo, buscando la paz del conflicto, sin embargo se intentó instalar falsamente situación de confrontación. Sufrí un ataque masivo, un amedrentamiento prácticamente, de muchísimas personas que me escribieron al celular, que me mandaron mensajes, que me llamaron, amenazándome incluso, diciéndome por qué desalojaban a la comunidad de Puente Quemado II, o por la defensa de la propiedad privada, es decir, de los dos lados», denunció el titular de Asuntos Guaraníes.

A pesar del clima de agitación digital impulsado por sectores radicalizados, Rodríguez remarcó que las conversaciones presenciales entre el productor y los referentes indígenas se desarrollaron dentro de cauces de respeto mutuo: «Todas esas personas que, por ahí, en lo personal, me llamaron, me mandaron un mensaje y agraviaron en forma digital, ninguna estaba sentada en la reunión de la mesa».

El rol de la Justicia y el reclamo del sector productivo

Sin consensos para la compra del inmueble ni para la desocupación voluntaria, el expediente retoma su curso en la sede judicial. El acta firmada ante el Ministerio de Derechos Humanos dejó asentado expresamente que la participación en la Mesa de Diálogo no implica la renuncia ni la modificación de las acciones civiles y penales iniciadas por las partes.

Para el sector forestal y agropecuario de Misiones, el desenlace del caso Garuhapé constituye una señal en materia de garantías para la inversión rural.

La coexistencia entre la preservación de los recursos naturales, el reconocimiento de los derechos originarios y el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico registral continúa demandando respuestas institucionales de fondo que eviten la judicialización permanente de la producción en territorio de la selva paranaense.

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Por Patricia Escobar

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MISIONES (14/8/2026).- Las tensiones en el territorio por la toma de tierras del Lote 78 en Paraje Cañafístula, municipio de Garuhapé, cuya titularidad registral corresponde al empresario forestal Alfredo Ruff, sumó una nueva instancia institucional esta semana, sin lograr destrabar el fondo de la cuestión.

La controversia escaló a la esfera judicial tras el fallo dictado por el juez de Instrucción de Jardín América, Roberto Sena, quien ordenó el desalojo y la restitución del inmueble al titular registral el pasado 16 de julio, luego de la «usurpación» de un grupo de familias Mbya Guaraní de la Comunidad Puente Quemado II en sectores del predio, cuando hace décadas estaban asentados a una distancia de 7 kilómetros de su lote, dentro de predios de titularidad registral de Arauco Argentina.

Para entender el contexto, a casi tres décadas de la reforma constitucional de 1994, que consagró el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de sus tierras ancestrales (Art. 75, inc. 17)2, el Estado argentino aún no ha logrado articular un marco normativo definitivo que reglamente este mandato.

En su lugar, la gestión territorial derivó en un régimen de excepción prorrogado durante casi dos décadas: la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, sancionada en 2006. Concebida originalmente como una medida cautelar de cuatro años para suspender desalojos y confeccionar un relevamiento técnico-jurídico-catastral, la norma se transformó en una parálisis permanente. La reciente publicación del Decreto N° 1083/2024 del Poder Ejecutivo Nacional, que dio por finalizada la emergencia territorial y la suspensión de desalojos, desmanteló el dique de contención administrativo y dejó al descubierto un mapa de conflictividad latente.

En este escenario, varios titulares de dominio privado denuncian en distintas provincias del país que las demarcaciones realizadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se ejecutaron a sus espaldas, sin notificación previa ni posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Al mismo tiempo, las comunidades originarias enfrentan el riesgo inminente de desalojos judiciales sin contar con títulos definitivos de propiedad comunitaria.

Misiones no está ajena a este reclamo de los Pueblos Mbya Guaraní. En las últimas semanas, las tensiones por la resistencia a un desalojo judicial derivaron en la resistencia de miembros de la comunidad Puente Quemado II y una masiva campaña de desinformación donde en realidad, la cuestión de fondo es una colisión silenciosa de dos derechos constitucionales, y una deuda pendiente del Estado Nacional en regularizar con instrumentos y fondos, una normativa que quedó a medio camino de aplicación.

El conflicto en Garuhapé deja al descubierto un choque estructural recurrente en la provincia de Misiones:

El derecho a la propiedad privada y la seguridad jurídica: Representado por los titulares registrales y el sector productivo rural, quienes exigen el cumplimiento estricto de las leyes civiles, el respeto a los fallos de desalojo emitidos por la Justicia y las garantías estatales indispensables para la producción.

El derecho a la propiedad comunitaria y territorial originaria: Planteado por las comunidades Mbya Guaraní, que invocan la protección constitucional y tratados internacionales de derechos humanos para respaldar la recuperación de la selva (Ka’aguy) como espacio vital de subsistencia cultural y espiritual.

La Mesa de Diálogo convocada por el Gobierno de Misiones para acercar a las partes culminó sin acuerdos ni cambios en las posturas de las partes: mientras el sector productivo ratifica la intangibilidad de los títulos de propiedad, la comunidad Mbya Guaraní exige la permanencia en el lugar apelando a derechos territoriales ancestrales.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen y contó con la mediación de la ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre, el ministro de Cultura, José Martín Schuap; el subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras, Daniel Behler; el director provincial de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez; y los intendentes de Hipólito Yrigoyen, Félix López, y de Garuhapé, Carlos Gerardo Schmied.

A pesar de habilitar un canal directo de escucha, el acta final dejó expresamente establecido que «la participación en esta mesa no implica renuncia, desistimiento ni modificación de las acciones judiciales vigentes impulsadas por la vía penal y civil».

«No voy a vender mis tierras»: la postura del titular registral

Tras finalizar la reunión, el empresario forestal Alfredo Ruff reafirmó que no cederá su titularidad y solicitó que se garantice el orden jurídico en la zona. «Fue muy desgastante la reunión y todo este proceso que estoy viviendo. No hay negociación posible, porque la comunidad quiere seguir en el predio y quiere que me desprenda de mis tierras, y por supuesto que no voy a vender. Hay que respetar la propiedad privada, hay que garantizar en Misiones la seguridad jurídica. No es justo que nadie acompañe al productor y que se difame a mi persona por el solo hecho de ser propietario y defender lo que es mío y de mi familia», expresó Ruff en diálogo con ArgentinaForestal.com.

El productor, asistido legalmente por el abogado Osvaldo Rubén Lunge y respaldado por vecinos rurales de la zona, sostuvo que la situación representa una usurpación directa que atenta contra los fallos dictados por la Justicia.

La defensa del territorio originario

Por su parte, la postura Mbya estuvo encabezada por el cacique Santiago Ramos, de la Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, y por Claiton Duarte en representación del Consejo de Caciques. La comitiva contó con el asesoramiento legal de los abogados Roxana Rivas y Fabricio Labat, además del acompañamiento de referentes del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPa) y del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).

Para la comunidad, el ingreso al predio no se encuadra como un delito común, sino como un acto de recuperación de un territorio ancestral amenazado por el avance productivo, ratificando su decisión de permanecer en el lote, sobre el cual sostienen es territorialidad indígena.

El canal de diálogo contó además con la participación de traductores-intérpretes de la lengua Mbya Guaraní, autoridades policiales regionales y funcionarios provinciales y municipales de Garuhapé e Hipólito Yrigoyen.

Aunque el Poder Ejecutivo provincial reafirmó su disposición para convocar a un nuevo encuentro en caso de que las partes lo requieran, la falta de consensos devuelve la resolución definitiva del diferendo al terreno judicial, donde las causas abiertas continuarán su curso formal.

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Por Patricia Escobar

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MISIONES (11/8/2026).- El agudo conflicto territorial en el municipio de Garuhapé que nuevamente colocó en el centro del debate jurídico y social de Misiones la colisión entre dos garantías consagradas por la Constitución Nacional: la inviolabilidad de la propiedad privada de los titulares registrales (artículo 17) y el reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos originarios (artículo 75, inciso 17).

La controversia escaló a la esfera judicial tras el fallo dictado por el juez de Instrucción de Jardín América, Roberto Sena, quien ordenó el desalojo y la restitución del inmueble al empresario forestal Alfredo Ruff, el pasado 16 de julio, luego de la radicación de familias Mbya Guaraní de la Comunidad Puente Quemado II en sectores del predio, cuando hasta el momento estaban asentados a una distancia de 7 kilómetros de su lote, dentro de predios de titularidad registral de Arauco Argentina.

Mientras que la querella del propietario privado fundamenta su reclamo en el fuero penal  y registral que sanciona la usurpación, las organizaciones de derechos indígenas cuestionan la tipificación penal del conflicto por «usurpación» y señalan como responsable principal a la inacción del Estado en la delimitación y titulación definitiva de los territorios.

Frente a esta coyuntura, el Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA) que también está recibiendo duras críticas y denuncias, emitió este martes un extenso documento técnico en el que fijó postura institucional sobre el alcance de la Ley Nacional de Emergencia Territorial 26.160 y sus interpretaciones judiciales.

Los cinco ejes del debate constitucional, según EMIPA

En su comunicado, la organización defensora de los derechos indígenas estructuró los puntos de discordia que enfrentan a la cosmovisión Mbya Guaraní con el marco registral tradicional y la actuación de los poderes públicos:

1. El relevamiento de la Ley 26.160 no crea derechos, los reconoce
EMIPA enfatizó que la norma aprobada en 2006 dispuso un relevamiento técnico, jurídico y catastral, pero aclaró que el derecho territorial no nace de ese instrumento técnico ni de una entrega de tierras por parte del Poder Ejecutivo, sino de la preexistencia étnica y cultural declarada en la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.

La entidad remarcó que el proceso administrativo de la Ley 26.160 contemplaba como meta final la regularización dominial de los predios.

No obstante, en la práctica, cabe aclarar que los propietarios privados de inmuebles relevados frecuentemente no son notificados de dichos procedimientos administrativos, lo que genera incertidumbre jurídica para los empresarios y productores.

Para EMIPA, que la titulación comunitaria no se haya ejecutado tras casi dos décadas «no es responsabilidad de la comunidad, sino una deuda pendiente del Estado». Asimismo, sostienen que aunque se hayan modificado normativas de emergencia, las carpetas técnicas realizadas conservan validez administrativa.

2. La cartografía técnica frente a la dinámica comunitaria
Un aspecto central de la controversia judicial radica en si los indígenas pueden ocupar hectáreas del polígono donde no existían viviendas al momento de realizarse el relevamiento. Mientras la defensa del propietario privado argumenta que la ocupación fuera de los asentamientos consolidados constituye una turbación de la propiedad, desde EMIPA señalan que el mapa del Estado es meramente descriptivo y no opera como un «código de zonificación congelado en el tiempo».

«El territorio para la cosmovisión Mbya no comprende solo el lugar de las viviendas, sino espacios de caza, recolección, tránsito y espiritualidad. Una comunidad es una sociedad viva que crece y reorganiza sus espacios; considerar que solo pueden habitar donde se tomó la fotografía del relevamiento viola su autonomía», argumentan desde la organización pastoral.

3. El límite de la figura penal de «usurpación»
Para los juristas especializados en derecho indígena, limitar el análisis a la titularidad dominial inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble resulta insuficiente ante el bloque de constitucionalidad e internacional. Citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (como el fallo Lhaka Honhat vs. Argentina), señalan que existe un choque directo de derechos donde el derecho de propiedad de terceros debe ponderarse junto a las obligaciones estatales de dotar de seguridad jurídica a los pueblos originarios.

Por ello, cuestionan que la Justicia provincial aplique el código penal mediante la carátula de «usurpación» sin resolver previamente el fondo de la cuestión territorial.

4. Autonomía comunitaria y el rechazo al «paternalismo»
Ante las críticas vertidas por sectores de la sociedad civil y propietarios rurales que acusan a ONG y grupos religiosos de instigar o manipular a los indígenas para tomar tierras, EMIPA rechazó tales afirmaciones calificándolas de «paternalistas y colonialistas». Sostuvieron que la Comunidad Puente Quemado II posee autoridades tradicionales propias y capacidad deliberativa para tomar decisiones sobre su hábitat, limitándose las organizaciones externas a brindar acompañamiento técnico y legal.

5. El Estado ausente y el vacío de seguridad jurídica
El documento de EMIPA concluye señalando que la verdadera causa estructural del conflicto en Garuhapé es la omisión del Estado argentino en resolver la superposición entre los títulos de propiedad otorgados a privados y los derechos comunitarios reconocidos por la Reforma Constitucional de 1994.

Un conflicto de fondo que requiere respuestas institucionales

La situación en Puente Quemado II expone la vulnerabilidad a la que quedan expuestas ambas partes. Por un lado, los titulares registrales ven lesionado el ejercicio de su derecho de propiedad privada, la seguridad jurídica de sus inversiones y la previsibilidad sobre sus activos al no contar con mecanismos de compensación o resolución estatal previa.

Por el otro, las comunidades Mbya carecen de una titulación comunitaria definitiva que garantice la protección efectiva de su modo de vida, quedando sus integrantes expuestos a causas penales y desalojos.

A la espera de las definiciones de las autoridades judiciales y administrativas del Estado Nacional y de la Provincia de Misiones, el caso Garuhapé vuelve a poner de manifiesto que, sin una política pública integral de regularización que salde los vacíos del proceso iniciado por la Ley Nacional 26.160, la confrontación de derechos constitucionales continuará dirimiéndose en un clima de creciente tensión social en los territorios.

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Fuente: Misiones Online

MISIONES (11/08/2026).- El conflicto por tierras en Garuhapé sumó un nuevo capítulo hace algunos días, luego de que integrantes de la comunidad Puente Quemado II volvieran a ingresar a un predio cuya restitución había sido ordenada judicialmente a favor de Alfredo Roberto Ruff.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por Ruff por una presunta usurpación de los lotes 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de la fracción Cañafístola, sección Quinta de Garuhapé, en el departamento Libertador General San Martín. La documentación incorporada al expediente determinó que esos inmuebles figuran inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre del denunciante.

El 16 de julio, el juez Roberto Senna, titular del Juzgado de Instrucción de Jardín América, hizo lugar al pedido de restitución presentado por la querella y ordenó reintegrar los inmuebles a Ruff. La resolución dispuso además que las personas que ocuparan los lotes, debían desalojarlos inmediatamente desde su notificación, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública.

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Fuentes vinculadas al expediente precisaron a Misiones Online que la medida fue efectivamente ejecutada. Las personas que permanecían en el lugar se retiraron y posteriormente la propiedad fue entregada nuevamente a Ruff.

Sin embargo, pocos días después se produjo un nuevo ingreso al inmueble. Según las mismas fuentes, esta vez habría participado un grupo más numeroso de integrantes de la comunidad Puente Quemado II, entre ellos personas adultas y menores de edad.

De acuerdo con la información recabada, quienes volvieron a ingresar al predio habrían sostenido que la resolución que ordenaba el desalojo había quedado anulada. Fuentes judiciales señalaron que esa interpretación no se corresponde con la situación procesal actual.

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La defensa de la comunidad presentó un recurso de reposición

Los abogados que representan a integrantes de la comunidad, presentaron un recurso de reposición contra la resolución judicial. Se trata de una herramienta procesal mediante la cual se solicita al mismo juez que dictó una decisión que la revise, modifique o deje sin efecto.

El planteo ya fue puesto en conocimiento de las demás partes del expediente y ahora deberá ser resuelto por el magistrado.

La presentación del recurso, indicaron fuentes del caso, no implica por sí sola que la resolución del 16 de julio haya quedado anulada. Mientras se sustancia ese planteo, la querella que representa a Ruff volvió a insistir ante la Justicia para que se proceda a una nueva desocupación del inmueble.

La resolución original había considerado que existían elementos suficientes, en esta etapa del proceso, para sostener que Ruff ejercía legítimamente derechos sobre los lotes y que ese estado posesorio había sido alterado. El juzgado aclaró además que la restitución tenía carácter cautelar y provisorio y que no implicaba una decisión definitiva sobre eventuales controversias territoriales o patrimoniales que pudieran discutirse en otra instancia.

La defensa había acompañado al expediente documentación vinculada a la Ley 26.160 con una carpeta técnica del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Resolución 514/2015. Sin embargo, el juzgado consideró que esos elementos no resultaban suficientes, en esa instancia, para neutralizar la documentación registral presentada por Ruff.

La presencia de menores deberá ser contemplada

Otro elemento que adquirió relevancia tras la nueva ocupación es la presencia de niños dentro del predio. Fuentes del caso señalaron que esta circunstancia no impide jurídicamente que el juez adopte una decisión respecto de la ocupación del inmueble. Sin embargo, remarcaron que cualquier medida deberá contemplar especialmente la situación de los menores para evitar vulneraciones de sus derechos durante un eventual procedimiento.

La resolución original ya había requerido a la Municipalidad de Garuhapé, a través de su Secretaría de Acción Social, que brindara acompañamiento para la relocalización y reubicación de las personas que ocupaban el predio.

En paralelo, Ruff mantiene la explotación productiva de las tierras y, a través de sus representantes legales, reclama que se restablezca nuevamente la situación que quedó establecida tras el primer desalojo.

Ahora el juez deberá resolver dos cuestiones centrales: el recurso de reposición presentado por la defensa de la comunidad y el nuevo pedido de la querella para que se ordene otra vez la desocupación del predio.

Según fuentes vinculadas a la causa, el plazo para definir estos planteos sería de aproximadamente cinco días, por lo que se espera una nueva resolución judicial en el corto plazo.

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Fuente: Misiones Online 

MISIONES (9/8/2026).- El abogado y exjuez Rubén Lunge, quien representa como querellante al empresario Alfredo Ruff en el conflicto por tierras de Garuhapé que fue relevada como territorialidad ancestral en la Ley 26.160 y derivó en una toma espontánea de parte de la Comunidad Puente Quemado II, que lidera el mburuvichá Santiago Ramos.

El abogado afirmó que la causa judicial se encuentra actualmente sin avances, no hay información sobre el dictamen del juez respecto al desalojo, y esperan una resolución legal sobre el pedido de un nuevo desalojo ante la intrusión de más 100 personas, entre niños, jóvenes, mujeres y ancianos que trasladan de distintas comunidades Mbya Guaraní.

Además, sostuvo que las personas que permanecen en el predio aumentaron durante los últimos días y volvió a señalar al cacique Ramos y al Equipo Misiones de Pastoral Aborigen, como presuntos instigadores de la ocupación ilegal.

“En rigor, la causa está como en stand by”, explicó Lunge. Según indicó, la querella solicitó que continúe el desalojo o que se disponga una nueva medida, pero hasta el momento el juez de la causa de Jardín América no resolvió ese planteo ni otros recursos incorporados al expediente. También señaló que estaban previstas instancias de conciliación propuestas por organismos del Estado Provincial que finalmente no se concretaron.

El abogado aseguró que quienes ocupan las tierras de Ruff continúan en el lugar y sostuvo que, lejos de disminuir, aumentó la cantidad de personas.

También afirmó que detectaron vehículos particulares utilizados para trasladar integrantes de comunidades mbyá guaraní y mencionó específicamente una camioneta que atribuyó a EMIPA.

Lunge recordó que anteriormente existió una orden judicial de desalojo. Según relató, cuando la Policía notificó la medida, quienes se encontraban dentro del terreno se retiraron de manera pacífica, pero posteriormente regresaron al lugar.

Destacó además que en aquel procedimiento participaron efectivos policiales, personal sanitario, psicólogos y asistentes sociales.

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Lunge aclaró que la denuncia no apunta contra el pueblo mbyá guaraní

Durante la entrevista, el abogado buscó diferenciar la actuación de la querella respecto de la comunidad indígena en general. “Yo no soy defensor de Ruff, yo soy querellante de Ruff”, precisó la diferendia, ya que colabora con el fiscalía en la investifación de la causa iniciada, y agregó que el empresario no está imputado en ninguna causa.

También sostuvo que las acusaciones impulsadas desde su representación están dirigidas contra el cacique Santiago Ramos y EMIPA, y no contra el conjunto del Pueblo Mbyá Guaraní. “Ni siquiera imputamos al pueblo mbyá”, remarcó.

Según Lunge, la querella considera que en el caso existe una usurpación contemplada en el artículo 181 del Código Penal. Esa caracterización corresponde a la posición de la parte querellante y deberá ser evaluada dentro del proceso judicial.

El abogado señaló que Ruff desarrolla en el lugar un proyecto productivo vinculado con plantaciones de yerba mate orgánica y explotacióon forestal, que cuenta según afirmó, con las autorizaciones ambientales necesarias del Ministerio de Ecología de Misiones.

El exjuez también rechazó cuestionamientos formulados contra la primera orden de desalojo. Explicó que la medida fue solicitada por la propia querella y dispuesta por el juez Sena. Según su relato, la Policía comunicó la resolución con la presencia de un traductor y posteriormente se produjo la restitución del inmueble a Ruff, representado en el lugar por el propio Lunge.

Cuestionamientos sobre los relevamientos territoriales

Otro de los puntos planteados por Lunge estuvo relacionado con la aplicación de la Ley 26.160 y los relevamientos territoriales indígenas realizados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El abogado sostuvo que estos relevamientos no equivalen a títulos de propiedad y cuestionó que, a su entender, los propietarios privados no hayan tenido suficiente participación o conocimiento sobre su alcance.

“Desde EMIPA hacen creer que esa ley de relevamiento concede título de propiedad y no es así, hay otros procedimientos administrativos y jurídicos que requieren ser superados hasta llegar a establecer el título pretendido en un marco de seguridad jurídica”, manifestó.

También indicó que la familia Ruff es propietaria de esas tierras desde hace alrededor de 60 años y que desarrolla allí actividades productivas con permisos correspondientes.

Lunge aseguró además que actualmente existirían personas provenientes de otros países dentro del terreno y afirmó que el empresario sufrió impedimentos para continuar determinados trabajos en su propiedad. El abogado también denunció daños sobre la vegetación nativa dentro del predio y reclamó una mayor intervención estatal.

Según describió, se levantaron construcciones precarias y se cortaron árboles dentro del sector ocupado. “En este conflicto falta presencia del Estado”, expresó.

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La querella acusa a Ramos y EMIPA de instigación

Hacia el final de la entrevista, Lunge precisó la calificación penal que impulsa la querella. Señaló que el expediente comprende una presunta usurpación y sostuvo que quienes habrían promovido esa conducta podrían ser considerados instigadores. También mencionó una posible desobediencia judicial.

Ante la consulta específica sobre quiénes son señalados por la querella, respondió: “A Satiago Ramos y a EMIPA”. Insistió en que la presentación no está dirigida contra el conjunto de las comunidades mbyá guaraní.

Lunge cuestionó además que Ramos continúe en libertad y expresó que, desde su experiencia como exjuez, consideraría necesaria una medida más severa. Sin embargo, hasta el momento, de acuerdo con lo explicado durante la entrevista, los acusados todavía no fueron indagados por estos hechos.

La querella espera ahora una resolución sobre el nuevo pedido de desalojo. Lunge advirtió que la continuidad del conflicto genera preocupación entre propietarios y vecinos de la zona y afirmó que seguirán recurriendo a las distintas instancias judiciales para reclamar la restitución del inmueble.

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (4/8/2026).- En medio del intenso barro mediático y judicial que rodea al predio privado de Paraje Cañafístola, en Garuhapé, las redes sociales y los foros de opinión se convirtieron en un campo de batalla, donde la premisa es la desinformación de la cuestión de fondo de un conflicto donde colisionan el derecho de propiedad y el reclamo de posesión ancestral.

Unas 60 personas de la comunidad Mbya Guaraní reingresaron este domingo al predio de la familia de Alfredo Ruff en Garuhapé. Para el propietario, se está violando la orden de restricción impuesta por la Justicia tras el desalojo de la semana pasada. Los representantes de la comunidad apelan al Convenio 169 de la OIT.

Esto generó de un lado, discursos que tildan a todo el pueblo originario de «usurpador»; del otro, consignas ideológicas que criminalizan al sector productivo privado. En el medio, una sociedad misionera desinformada y más de 120 comunidades Mbya Guaraní que terminan pagando el precio del prejuicio y la estigmatización.

Pero en esta trama donde siempre hablan los abogados, los jueces, las ONG y los empresarios, faltaba la voz propia, dolida y profunda de quienes habitan la selva misionera. La voz de quienes habitan el territorio en silencio.

En una entrevista con ArgentinaForestal.com alzó la palabra Néstor Simón Morínigo, fundador, miembro y excacique de la comunidad Mbya Ko’eju (ubicada en Cuñá Pirú 2, sobre la Ruta Provincial 7, entre Campo Grande y Ruiz de Montoya).

Con la serenidad limpia de quien camina la tierra con respeto, pero con un tono apenado por el dolor de ver a sus hermanos expuestos, Morínigo pidió hablar. No lo hizo para atacar, sino para dejar testimonio de una verdad que muchos prefieren callar.

«No todos avalamos la toma de tierras ni dejamos que nos manejen»

En primer lugar, expresó: «Quiero hablar a la comunidad misionera sobre lo que está pasando con el problema de terreno en Garuhapé. Quiero contarles de mi parte, como miembro del Pueblo Mbya Guaraní, que no todos avalamos a EMIPA (Equipo Misionero Pastoral Aborigen) en la manera que asesora y pretende recuperar territorios ancestrales, como ellos dicen. Sabemos todos que este conflicto no representa la lucha legítima de nuestro pueblo»,  comenzó diciendo Morínigo, en un tono donde la tristeza se mezclaba con una firmeza serena.

Morínigo habla en primera persona y representa a esa inmensa mayoría silenciosa del pueblo originario que eligió la vía de la convivencia y el diálogo genuino: «A muchos de nosotros esta organización no nos representan. Somos unas 70 comunidades que no dejamos asesorarnos por EMIPA. Pero porque entendimos como se manejan.  No avalamos la violencia ni la toma de tierras de esta manera. Esto nos duele mucho porque usan a mis hermanos paisanos, los engañan diciéndoles que ese lugar es para ellos cuando no son familias de Puente Quemado II. Los llevan de otras comunidades, como El Pocito o la zona de Loreto, y los exponen a esta situación de estrés y conflicto a niños, mujeres y ancianos. Nos duele ver y leer todo lo que genera esto, y cómo la gente cree que todos los Pueblos Originarios somos así. Eso no es la realidad».

El referente Mbya aclara un dato  que la polvareda mediática intentó ocultar: la comunidad Puente Quemado II siempre vivió en paz con el vecino, a siete kilómetros de allí, dentro de predios de la firma Arauco Argentina SA, donde hubieron reclamos pero jamás existieron estos niveles de agresión. «Hay una confusión enorme con esta propiedad privada donde nuestra gente no debería estar expuesta de esta manera», lamenta.

La sabiduría de la paz frente a la manipulación

Lejos de la imagen de ignorancia que algunos intentan proyectar sobre las comunidades, Morínigo reivindicó el conocimiento, la capacidad y la autonomía de su gente para relacionarse con las leyes del país sin necesidad de intermediarios que aviven el fuego.

«Nosotros no somos ignorantes. Sabemos lo que dice la Constitución Nacional, sabemos de nuestros derechos, conocemos la propiedad privada y conocemos en nuestro territorio a nuestros vecinos; sabemos a quién pertenece la tierra. En mi comunidad nunca quisimos que EMIPA se meta en nuestras decisiones porque no compartimos su manera de actuar. Nosotros siempre buscamos el diálogo con los propietarios, somos gente pacífica, entendemos las leyes».

Con orgullo, Morínigo recordó su propio camino en la comunidad Ko’eju: en 2008 inició personalmente los trámites ante la Dirección de Catastro y, tras un proceso paciente, buscan la regularización del título comunitario.

Sin conflictos, sin violencia y sin la intromisión de organismos que, según sus palabras, «buscan abarcar la propiedad ajena y generar problemas donde no los había».

«Nosotros mantenemos nuestra cultura, pero no buscamos problemas. En Puente Quemado II decidieron llevar a familias que ni siquiera son de la zona; hace poco trasladaron del monte a una familia buscando provocar este conflicto. Les asesoran mal con el tema de los derechos ancestrales. Por eso digo que estas organizaciones se manejan a espaldas de las propias comunidades», explicó.

«Amenazan a la gente y se aprovechan de la necesidad»

Al profundizar sobre el funcionamiento interno de estas estructuras de acompañamiento técnico-jurídico, el testimonio de Morínigo se vuelve descarnado:

«Ellos amenazan a la gente, esa es la realidad. Organizan el conflicto, meten en problemas a las familias y no le aseguran a la comunidad Mbya ningún resultado. Llenaron la cabeza a un grupo, porque ni siquiera toda la gente de Puente Quemado II está de acuerdo; he hablado con otros líderes de la misma aldea y no quieren esto», aseveró en la entrevista.

Sobre el liderazgo de la protesta, Morínigo apuntó a la figura del cacique Santiago Ramos: «Él pertenecía a Tekoa Oro Verde y después llegó de la mano de EMIPA y ENDEPA a Puente Quemado, que lo preparan como cacique para que les haga caso. Ellos interfieren en el diálogo interno de la comunidad y con la sociedad a través de sus publicaciones, pero esto no nos ayuda en nada. Este conflicto, con estas formas y esta manera de criticarnos como Pueblo Originario, nunca antes lo vi», expresó.

Un llamado al respeto mutuo y a la verdad

Consultado en la entrevista sobre si la toma del predio del empresario maderero Alfredo Ruff corresponde a un reclamo legítimo, Morínigo fue categórico:

«No, eso no está bien. Las comunidades no buscamos problemas con la propiedad privada. Queremos que todas logren regularizar su título, pero no estamos de acuerdo con la toma de la tierra de Alfredo Ruff. Si estas organizaciones internacionales o nacionales quieren ayudar a las comunidades para que los Mbya tengan su tierra, que hagan donaciones, que compren tierras y se las donen a la comunidad que quieran ayudar. Pero no más conflictos ni enfrentamientos en Misiones», dijo.

Incluso, el excacique quiso llevar tranquilidad a la sociedad misionera desmintiendo las versiones sobre presuntos atropellos violentos durante el procedimiento policial de desalojo:

«Los policías que desalojaron a las familias Mbya lo hicieron con respeto, los trasladaron hasta sus lugares porque sabían que no debían estar en tierras privadas de Ruff. Fue un operativo pacífico, esto lo sé porque hablamos con mis hermanos. Ellos nunca antes estuvieron en ese lote, esa es la verdad. Salió mucha información falsa: no fue un desalojo dentro de la aldea Puente Quemado II donde ellos viven hace décadas, fue en una propiedad privada donde no es la manera de recuperar el territorio si fuera real que les pertenece», opinó Morínigo.

En el cierre de su testimonio, Néstor Morínigo dejó una reflexión sentida, humana, que apela a la empatía de toda la provincia para detener la espiral de odio: «Duele tanta falta de respeto a la cultura Mbya Guaraní. Duele ver cómo se utiliza a las familias por una organización que no nos representa, se mete y nos perjudica. Esto no está bien. Deberían trabajar en acompañarnos para producir, para desarrollarnos, para mejorar nuestra situación. Con esto solo nos cierran puertas, nos discriminan, se tiene una imagen de lo que no somos, le dan a la sociedad una imagen falsa de lo que somos. Exponen a niños, mujeres y ancianos, los utilizan, y después todos hablan mal de nosotros. El Pueblo Mbya Guaraní no es EMIPA. Somos más de 70 comunidades que no acompañamos sus formas ni queremos su manipulación».

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

MISIONES (3/8/2026).- Tras la dura postura fijada por la querella del empresario Alfredo Ruff, cuyo representante legal es el Dr. Osvaldo Rubén Lunge, quien tildó de nueva «usurpación y sedición» el reingreso indígena este fin de semana y descartó asistir a la mesa de diálogo, la defensa técnica de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II precisó los cuestionamientos legales del procedimiento y la apelación solicitada al dictamen de desalojo.

En diálogo con Misiones Online, la abogada especialista en Derecho Indígena e integrante del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), Roxana Rivas, señaló que habían recurrido a la presentación de un incidente de nulidad absoluta contra el desalojo concretado el pasado 28 de julio en Garuhapé, al sostener que la orden del juez Roberto Antonio Sena se encontraba extinta y apelada.

En medio de una creciente tensión judicial que enfrenta al derecho de propiedad privada registral con el derecho constitucional a la propiedad comunitaria indígena, Rivas remarcó que la disputa debe ser dirimida en el fuero civil, donde hay un expediente iniciado por la titularidad de las tierras, y no a través del Código Penal.

Cuestionamiento procesal: «El operativo fue un despojo de hecho»

El conflicto sumó un nuevo capítulo cuando integrantes de la comunidad reingresaron al predio rural que el titular registral reclama como propio. Según la letrada, dicho retorno no constituye una desobediencia judicial -como acusa la contraparte-, sino la restitución de una posesión ancestral interrumpida irregularmente.

«La resolución o esa orden de desalojo no estaba vigente porque había sido apelada oportunamente. El 28 de julio la Policía ejecutó un operativo descomunal y los sacó de este lote en un procedimiento que no puede catalogarse como retiro voluntario. ¿Qué voluntariedad puede haber en un despliegue de más de 50 efectivos, ambulancias, bomberos y un camión jaula?», planteó Rivas.

La representante de ENDEPA señaló además una severa contradicción en el expediente penal: mientras el informe policial caratuló la medida como cumplimiento de un desalojo, el juez interviniente dejó asentado que las familias se habían retirado por medios propios.

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Los límites del INAI y el debate entre el fuero penal y civil

Frente a los planteos del abogado querellante Osvaldo Rubén Lunge -quien cuestiona la transparencia y alcances de la Ley 26.160-, la abogada Rivas defendió el valor probatorio del relevamiento técnico del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Para la defensa de la comunidad:

• Posesión y territorialidad de usos tradicionales y costumbres: La ocupación indígena no responde a patrones urbanos ni a límites de mensura tradicionales, sino a desplazamientos dentro de un territorio abarcativo que incluye áreas de caza, recolección, sitios sagrados y rotación de cultivos.
• Inexistencia de delito: Al contar con la carpeta técnica que reconoce el uso ancestral del espacio, Rivas sostiene que la defensa rechazó la tipificación de usurpación. «Ellos estaban en el lugar por un derecho que el propio Estado les reconoce; por ende, no puede constituir nunca un delito penal», aseveró.
• Prevalencia constitucional: Aunque reconoce la validez del título de propiedad a nombre de Ruff, la letrada argumentó que el principio de preexistencia de los pueblos originarios le otorga prevalencia a la propiedad comunitaria, lo que está respaldado por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional.

Urge resolución estatal

Finalmente, la representante legal de la comunidad instó al Estado nacional y al Gobierno de Misiones a asumir la responsabilidad política y financiera para resolver la superposición de derechos sobre el Lote 192.

«Corresponderá al juez civil determinar quién posee el mejor derecho y al Estado compensar los intereses que queden en juego, en este caso los del propietario Ruff, que tiene la titularidad dominial. La discusión no puede cerrarse por la vía punitiva penal cuando hay una demanda civil de fondo para obtener la titularización comunitaria», concluyó Rivas.

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

MISIONES (3/8/2026).- La disputa territorial y jurídica por el Lote 192 en Paraje Cañafístola, en Garuhapé, sumó una tajante toma de posición por parte de la querella. El abogado representante del empresario maderero Alfredo Ruff, el Dr. Osvaldo Rubén Lunge -exjuez Correccional y de Menores de Puerto Rico y con desempeño en la justicia misionera hace más de tres décadas-, rechazó de plano las impugnaciones de la defensa de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, la abogada Roxana Rivas, y del Fiscal de Instrucción de Puerto Rico, Héctor Daniel Simón. 

En una entrevista con ArgentinaForestal.com, confirmó que tras la nueva usurpación registrada el fin de semana, iniciarían acciones penales por «incitación a la sedición y desobediencia judicial», y adelantó que la representación legal y el propietario no participarán en la mesa de diálogo convocada por el Gobierno de Misiones, a través del Ministerio de Derechos Humanos, Cultura y Asuntos Guaraníes.

Para la representación legal del empresario, el reingreso de unas 60 personas de la comunidad originaria sobre el predio de 270 hectáreas realizada este fin de semana, constituye la comisión flagrante de un nuevo delito penal que «pretende imponerse mediante vías de hecho por encima de un fallo firme».

«La Ley 26.160 no concede títulos»

En el análisis de fondo sobre el conflicto territorial que conmueve a la zona centro de Misiones, Lunge fue enfático al desarmar el argumento de la posesión ancestral sobre el predio de Ruff: «La Ley 26.160 nació mal, incluso en mi opinión es inconstitucional porque jamás notificó a los privados sobre estos oscuros relevamientos sobre tierras con legítimo dominio. Creo que aún habrá varios propietarios que no tienen idea que sus tierras están bajo este relevamiento. Pero además, bajo ningún punto de vista un relevamiento técnico del INAI otorga un título de propiedad. Y esto está claro en la misma normativa. Por lo tanto, es una lectura caprichosa de la norma la que hacen desde las organizaciones que se adjudican la defensa de los derechos indígenas, que sólo buscan confundir a la opinión pública», aseveró el letrado.

El exmagistrado subrayó que está fehacientemente probado en el expediente que miembros de la comunidad Puente Quemado II nunca estuvieron asentadas dentro del lote de Alfredo Ruff:

• Ubicación real: La aldea de la comunidad se encuentra asentada a 7 kilómetros de distancia, en un predio de 600 hectáreas perteneciente a la firma Arauco Argentina S.A.
• Certificaciones oficiales: Tanto el Ministerio de Ecología de Misiones como constataciones notariales e informes de ingenieros forestales presentados para planes de ordenamiento sustentable certificaron en años anteriores que dentro del inmueble de Ruff no existían asentamientos indígenas.
• Giro en la relación: Según Lunge, siempre existió un uso tradicional pacífico y de buena vecindad, pero la situación mutó drásticamente en los últimos dos años hacia la ocupación violenta e ilícita.

Vigencia del desalojo, réplica al fiscal y acciones contra instigadores

Frente a los cuestionamientos de la abogada defensora Roxana Rivas, quien en una entrevista con Misiones Online explicó sobre la caducidad del mandamiento judicial, Lunge ratificó que la orden de la medida cautelar emitida por el juez de Instrucción N.º 2 de Jardín América, Dr. Roberto Antonio Sena, «se mantiene plenamente firme», aseveró Lunge.

Asimismo, le restó relevancia jurídica al dictamen desfavorable al propietario en la opinión del Fiscal de Instrucción de Puerto Rico, Dr. Héctor Daniel Simón, a quien también corrió vista y respondió con un escrito. En principio, para Lunge la opinión pública debe saber que «la opinión de un fiscal en contra del fallo de un juez es parte del procedimiento, pero no revoca ninguna resolución ni obliga al magistrado a retractarse. Además, respondimos formalmente esa vista remarcando que el fiscal de Puerto Rico carece de competencia en la causa, que se tramita en la jurisdicción de Jardín América», señaló el abogado.

Por otra parte, en respuesta al fiscal Simón, en su escrito sintetizó en que: «La Resolución INAI 514/2015 no constituye título ni acredita posesión tradicional, conforme doctrina de Briones, Lenton y Lubertino, y jurisprudencia de la CSJN (‘Paichil Antriao’, 2012), Cámara Federal de General Roca (‘Quemquemtreu’, 2021) y Juzgado Federal de Eldorado (‘Ka’a Kupe’, 2020). La Ley 26.160 exige posesión previa, pública y continua, circunstancia ausente en autos, donde la ocupación es de reciente data (dos meses), sin correspondencia parcelaria y desmentida por el informe del Ministerio de Ecología que indica que no existe comunidad indígena en el lote”, fundamentó Lunge.

En consecuencia, considera que el relevamiento administrativo carece de eficacia para impedir la tutela cautelar dictada ante indicios objetivos de despojo. ”La Ley 26.160 no suspende desalojos automáticamente. La Corte Suprema y la jurisprudencia federal han establecido que la protección solo se activa cuando la comunidad acredita: Posesión actual, Tradicional e históricamente transmitida, publica, continua, previa al conflicto y correspondencia parcelaria. Y en este caso faltan todos los requisitos y la falta de una sola de ellas pone en jaque la protección pretendida”, sostiene el abogado penalista.

En ese contexto, en la entrevista adelantó que analizan varias medidas  judiciales que incluirán:

• Denuncia por incitación a la sedición: contra los miembros de la comunidad, asesores jurídicos y organizaciones como EMiPA, acusándolos de alzarse contra las órdenes de la policía y el Poder Judicial.
• Demanda por daños y perjuicios: acciones civiles y resarcitorias contra quienes ingresaron al predio y contra quienes «difamen e instiguen al avasallamiento» de la persona y el patrimonio de Ruff.
• Imputación por desobediencia judicial: por violar la cautelar de no innovar y restituciones dictadas por el magistrado interviniente.

Llamado a la seguridad jurídica

Respecto a la Mesa de Diálogo, convocada para esta semana a través del Ministerio de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, para abordar este conflicto en forma «pacifica» y en marco «institucional», el Dr. Lunge confirmó que la querella no acudirá a la mesa de concertación de partes que el Ejecutivo provincial al considerar que «no están dadas las condiciones para un diálogo sincero mientras se vulnera la ley, como es de público conocimiento».

El representante legal del propietario de las tierras consideró que «es perder tiempo en ámbitos administrativos cuando hay un delito en curso. El empresario Ruff se ajusta a derecho en todo, vive de la cultura del trabajo, la producción y la inversión, y cuenta con la solidaridad de los colonos de la zona. El derecho de propiedad es claro y el fuero judicial es el único ámbito donde corresponde actuar. El caso de Alfredo Ruff debe marcar un antecedente definitivo de orden e institucionalidad en Misiones», concluyó el exjuez.

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Por Patricia Escobar

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MISIONES (2/8/2026).- La tensión territorial en el centro de la provincia de Misiones alcanzó un punto crítico este domingo tras registrarse la usurpación de un lote perteneciente a la familia de Alfredo Ruff, en Garuhapé.

El hecho contrapone de manera directa dos garantías consagradas por la Constitución Nacional: el derecho a la propiedad privada (Artículo 17) frente al reconocimiento del Estado Argentino de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos originarios (Artículo 75, inciso 17) y el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El episodio ocurrió pasado este mediodía y se transmitió en vivo por Instragram, mientras se esperaba la llegada de los efectivos policiales de la Comisaría de Garuhapé, a requerimiento del propietario. «Hay una medida judicial, una restricción, no pueden hacer esto, no pueden ingresar a mi propiedad», cuestionaba.

El hecho se da a pocas horas de que el Gobierno de Misiones —a través del Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes— convoque este martes en Posadas a una mesa de diálogo multidisciplinaria con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, las fuerzas de seguridad, caciques e intérpretes, y representantes legales de las partes involucradas, para encauzar el conflicto por vías institucionales.

Propietario denuncia «terrorismo» e impotencia en el territorio

Pese a que la orden de desalojo dictada por el juez Roberto Antonio Sena (Juzgado de Instrucción Nº 2 de Jardín América) fue ejecutada el pasado 28 de julio por 50 efectivos policiales, este domingo unas 60 personas integrantes de la comunidad indígena -entre hombres, mujeres y niños- derribaron los alambrados perimetrales y reingresaron a la propiedad en Garuhapé.

El operativo de usurpación indígena, realizado en un predio que carecía de custodia policial, fue transmitido en vivo por las redes sociales del empresario y el conservacionista Roberto Bonetti, para acompañar al damnificado ante la tensión reinante.

«Es una impotencia tremenda. Somos la tercera generación de la familia viviendo en estas tierras desde 1945. La comunidad Puente Quemado 2 está asentada a 7 kilómetros de acá, en tierras de la empresa Arauco. Ellos jamás habitaron este lote, ni siquiera son nuestros vecinos inmediatos. Esto no es un reclamo pacífico, es una invasión planificada, violenta y con amparo de organizaciones que están mal asesorando a la gente», denunció públicamente Alfredo Ruff, titular registral del inmueble.

Según relataron los propietarios, en el lugar habrían llegado referentes del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA) y representantes legales de la comunidad, contraviniendo la orden judicial de prohibición de acercamiento vigente. A fin de evitar incidentes violentos, las fuerzas de seguridad locales solicitaron a los propietarios abstenerse de intervenir directamente, garantizando que se notificará nuevamente a las autoridades judiciales.

El fallo judicial: La vía de hecho no reemplaza al derecho

El dictamen del juez Sena sienta un precedente determinante respecto a las vías de hecho en disputas territoriales. En su escrito, el magistrado desestimó los planteos de la defensa de la comunidad Mbya basados en la Resolución 514/2015 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), sosteniendo que dicho relevamiento no se encuentra finalizado en su trámite registral y que fue tramitado bajo una legislación de emergencia territorial (Ley 26.160) derogada por el Poder Ejecutivo Nacional.

El juez enfatizó en sus fundamentos que los reclamos de tierras no pueden ejecutarse por mano propia: «El ordenamiento jurídico prevé mecanismos específicos para canalizar las controversias relativas al dominio. Lo que no resulta jurídicamente admisible es que tales pretensiones sean ejecutadas unilateralmente mediante el desapoderamiento de quien detentaba legítimamente la posesión del inmueble», fundamentó la resolución judicial.

Pese a que la fiscalía y los abogados defensores presentaron un recurso de amparo con efecto suspensivo apelando a la jerarquía constitucional del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, el fallo de desalojo se mantuvo firme -hasta la fecha- para restituir la posesión al propietario.

La controversia por los relevamientos del INAI

El conflicto reavivó un reclamo de fondo formulado por diversos productores y propietarios privados de la provincia. Roberto Bonetti, titular de una reserva natural privada en Teyú Cuaré (San Ignacio), solicitó la anulación y revisión integral de los relevamientos territoriales confeccionados por el INAI en años anteriores.

«Se hicieron relevamientos fraudulentos sin consultar a los propietarios registrales legítimos, asignando cientos de hectáreas de forma irregular. En el año 2002, un censo oficial de la Entidad Binacional Yacyretá registraba solo dos comunidades aborígenes en San Ignacio; hoy figuran casi 20 reclamando derechos sobre títulos privados. Se está desinformando a la opinión pública a través de redes sociales para avalar la toma ilegal de tierras», aseveró Bonetti.

Frente a la escalada de la confrontación, las miradas están puestas en la reunión convocada por el Estado provincial para este martes. El encuentro buscará dirimir una encrucijada institucional compleja: por un lado, garantizar el estricto cumplimiento de las órdenes judiciales y la protección de la propiedad privada de los ciudadanos; por el otro, evitar la violencia social y canalizar los reclamos de los pueblos originarios mediante la vía expropiatoria o la regularización dominial, una responsabilidad de fondo que le compete al Estado Nacional y no a los particulares.

EMIPA: «Es una recuperación de territorio ancestral»

Desde el Equipo Pastoral Aborigen Misiones (EMIPA) confirmaron la toma de tierras, pero sostienen en su comunicado que se trata de una recuperación pacífica de Puente Quemado II de su territorio ancestral, «cuya ilegalidad» fue advertida por el Ministerio Público Fiscal.

Además, solicitaron garantías para la seguridad de la comunidad. «Puente Quemado reafirma que este territorio le pertenece ancestralmente y que sus derechos se encuentran respaldados por el relevamiento territorial realizado en el marco de la legislación nacional. El desalojo fue realizado pese a que la defensa habia interpuesto un recurso de apelación que debía ser remitido previamente al Ministerio Público Fiscal. Esa intervención no se produjo antes de ejecutar el desalojo. El Fiscal solicitó dejar sin efecto el desalojo, poniendo en evidencia las graves irregularidades del procedimiento», resumieron en un comunicado difundido en sus redes sociales.

En este contexto, «como ejercicio y defensa de los derechos de la comunidad indigena, se realizó la recuperación del territorio este domingo, en forma pacífica».

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