Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

BUENOS AIRES (6/8/2026). — El sector foresto-industrial y las economías regionales del país seguirán con máxima atención la sesión del Senado de la Nación de este jueves, donde finalmente se incluyó con el tratamiento del proyecto de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada».

El Poder Ejecutivo busca una reforma y largamente demandada por los productores: la modificación de los artículos 22 bis y 22 quáter de la Ley de Manejo del Fuego (Ley N.º 26.815).

La iniciativa oficialista busca desarmar el esquema restrictivo introducido en 2020 por la Ley N.º 27.604, el cual impone congelamientos de uso del suelo por hasta 30 años en zonas rurales, pastizales o matorrales y hasta 60 años en bosques nativos o implantados que hayan sufrido incendios, ya sean intencionales o accidentales.

Los cambios en debate: ¿Flexibilización o corrección jurídica?

El dictamen que no logró prosperar proponía sustituir el artículo 22 bis para mantener la prohibición explícita de cambiar el uso del suelo únicamente en bosques nativos (bajo el Ordenamiento Territorial de la Ley N.º 26.331) y bosques no productivos, pero eliminando el plazo rígido de 60 años y la mención expresa a loteos o desarrollos inmobiliarios.

A la vez, el proyecto contempla la derogación total del artículo 22 quáter, eliminando la restricción de 30 años que hoy rige a nivel nacional para avanzar con emprendimientos productivos e inmobiliarios en tierras agrícolas, pastizales o zonas urbano-rurales siniestradas.

El argumento central del Gobierno y los bloques aliados radica en que la legislación vigente genera una profunda distorsión jurídica al aplicar la misma pena administrativa al delincuente que provocó el incendio intencional y al productor que perdió su masa forestal o cosecha por causas naturales, fallas eléctricas o el fuego generado en un terreno vecino.

La postura de los consorcios privados de la Red de Manejo del Fuego Rural: «Se castiga a la víctima»

En las horas previas al debate, la Red de Manejo del Fuego Rural —entidad que agrupa a los consorcios de prevención y combate de incendios de las principales provincias forestales— presentó un documento técnico ante las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado respaldando las modificaciones.

En diálogo con ArgentinaForestal.com, los especialistas de la Red remarcaron que el régimen actual no ha demostrado eficacia para reducir la siniestralidad y genera un efecto bumerán peligroso:

·         Incentivos perversos: Al castigar automáticamente al propietario con la inmovilización de su campo, la ley actual desestimula la denuncia temprana de los focos de fuego por temor a las sanciones sobre la propiedad.

·         Falta de sustento técnico: Sostienen que los plazos fijados (30 y 60 años) carecen de evidencia científica, ya que los tiempos de recuperación varían según cada ecosistema y muchas veces requieren intervención productiva para la restauración.

·         Perjuicio económico: Genera desvalorización de activos, inseguridad jurídica para las inversiones y restringe la recuperación productiva de las tierras.

«La protección ambiental y el respeto al debido proceso no son objetivos en conflicto. Corregir una regulación que presume culpabilidad y castiga a la víctima es un paso necesario para construir políticas públicas más eficaces», argumentaron desde la Red de Manejo del Fuego Rural.

Los puntos de conflicto y el escenario parlamentario

Pese a los argumentos del sector productivo, la reforma generó un fuerte rechazo en bancadas opositoras y organizaciones ambientalistas.

Las principales objeciones señalaron que, si bien el proyecto instaba al Estado a fortalecer la prevención, la alerta temprana y las investigaciones penales por incendios intencionales, no creaba una nueva figura penal específica, ni establecía mecanismos de restricción preventiva sobre el terreno mientras la Justicia investiga el origen del fuego.

Para los detractores, eliminar la prohibición expresa de loteos abría la puerta a que se provocaran incendios con fines especulativos en áreas rurales no protegidas por la Ley de Bosques.

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Fuente: Diario Río Negro

RIO NEGRO (4/8/2026).- Con 74 años y más de cuatro décadas dedicadas al combate de incendios en la Patagonia, Roberto Molina continúa siendo una voz de consulta obligada en el ámbito de la protección forestal sudamericana. Fundador del pionero Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro, Molina fue convocado para disertar en el primer Encuentro Internacional de Investigación de Causas de Incendios Forestales e Intercambio de Experiencias, que se llevará a cabo del 12 al 16 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

En el foro internacional —que reunirá a especialistas de Brasil, Paraguay, Costa Rica, México y Bolivia—, el experto argentino expondrá una tesis central que ha guiado su carrera: la prevención no empieza en el equipamiento, sino en comprender los motivos exactos que originan cada foco.

«El fuego no entiende de fronteras y sus causas se repiten de un país a otro. Reunir a quienes lo combaten para compartir método, datos y experiencia es la forma más eficaz de mejorar la prevención en toda la región. Saber por qué se inicia un incendio es el primer paso para evitar el siguiente», sostiene el especialista al diario Río Negro.

Molina, retirado del servicio activo en 2005 pero en constante investigación, integra la ONG internacional SOS WildFire, nacida en España para responder a las megacatástrofes hídricas y forestales que en los últimos años han arrasado millones de hectáreas en Chile y la Amazonía.

En este marco, el experto elaboró el Manual de Introducción a la Investigación de Causas de Incendios Forestales, un documento de 200 páginas con croquis y metodologías de peritaje que presentó recientemente en Bariloche y que sirvió de base para la invitación a la cumbre boliviana.

Según el análisis de Molina, en América Latina existe una grave vacancia en el peritaje posterior a los siniestros: «Por lo general, ante un incendio forestal no se realizan peritajes, excepto en los casos donde se registra alguna víctima fatal. La policía y el Poder Judicial investigan los motivos generales, pero difícilmente se avanza en la prueba técnica de las causas. En este sentido, debemos aportar herramientas científicas a las fuerzas de seguridad y a la justicia».

Para ejemplificar la importancia del peritaje, Molina evoca el caso de California, donde la investigación detallada permitió condenar a prisión perpetua al responsable de arrojar un vehículo en llamas a un barranco, provocando la destrucción de más de 174.000 hectáreas. «En ese camino de determinación de responsabilidades y rigor técnico es hacia donde pretendemos avanzar», plantea.

Molina fue el impulsor de una brigada de incendios forestales en El Bolsón, junto a Felipe Ivandic, del Instituto Forestal Nacional, y Eric van Konijnenburg, director de Bosques de esa localidad. De esta forma, nació el primer dispositivo de protección contra incendios forestales del Estado Provincial.

En 1988 desembarcó en Bariloche para replicar el programa y armar una nueva central que se inauguró dos años después. «En ese momento, los incendios de Chile avanzaban hacia las fronteras nacionales y no había quien los atajara. Así nació el Splif, pero la temporada, en ese momento, arrancaba en diciembre y terminaba en marzo. Solo en esos meses se asignaba personal. Poco después, se creó por ley. Río Negro fue pionera en una institución de estas características, pero se lo debemos a la fábrica sin chimenea de Bariloche y El Bolsón para cuidar los bosques», recordó.

Del origen del SPLIF al trabajo en el Amazonas

La trayectoria de Molina en la gestión del fuego comenzó en 1979, cuando fue designado jefe del cuerpo de Bomberos de El Bolsón en un contexto donde no existía infraestructura, personal ni autobombas. Con los años, esa experiencia derivó en la creación del SPLIF, organismo referente a nivel nacional en ataque rápido y manejo del fuego que el próximo año cumplirá cuatro décadas de operatividad.

Actualmente, a través de SOS WildFire —organización que prestó colaboración en los voraces incendios de los parques nacionales Nahuel Huapi y Los Alerces—, Molina trabaja en capacitaciones en la Amazonía boliviana. En una superficie de 50 millones de hectáreas, la frontera agrícola ha avanzado sobre más de 25 millones, generando un escenario crítico por el uso del fuego en la limpieza de parcelas.

«Muchas veces, para limpiar esos terrenos, las comunidades queman residuos agrícolas. Claramente necesitan capacitaciones en prevención para que el fuego no se descontrole y afecte al bosque nativo. La intención es darles herramientas para que cuiden su entorno», explica.

Para el especialista rionegrino, la política pública frente a la emergencia climática debe trascender la compra de insumos de combate e incorporar una inteligencia analítica de largo plazo.

«No solo hay que invertir en preparación y en equipamiento, sino ir más allá. Se requiere un registro puntilloso de todos los incendios que se generan: evaluar las pérdidas, la cantidad de personal destinado al combate, pero fundamentalmente evaluar qué pasó y cómo se produjo. Hay que armar un historial estadístico para planificar la prevención del futuro», concluyó Molina.

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Fuente: ATE

BUENOS AIRES (3/8/2026).- La Asociación Trabajadores del Estado alertó sobre la grave situación que atraviesa el sector de Parques Nacional y el sistema nacional de manejo del fuego en Argentina que viene sufriendo sostenidos recortes presupuestarios y subejecución de los vigentes, despidos masivos, renuncias forzadas por los bajos salarios las condiciones precarizadas de trabajo, entre otras. Este complejo escenario, potencia los peligros regionales marcados por el cambio climático, y el fenómeno del El Niño que podría ocasionar los daños más graves vistos en la historia reciente.

“Mientras el hemisferio norte muestra la magnitud que puede alcanzar una temporada récord de incendios bajo estas condiciones climáticas, y mientras las proyecciones de El Niño 2026-2027 anticipan un escenario de riesgo elevado para el sur, la estructura argentina de manejo del fuego viene de una seguidilla de recortes presupuestarios en 2026”, expresaron desde ATE.

Parte de los países del hemisferio norte se encuentran acosados por el fuego, producto del cambio climático, el calor prolongado combinado con suelos resecos por la sequía, lo que generó focos simultáneos de gran magnitud en España, Francia, Italia, Estados Unidos de América y Canadá.

Mientras tanto en Argentina se profundiza el desmantelamiento del Estado y la proyección para la temporada de incendios en el hemisferio sur 2026-2027 anticipa una disminución de los regímenes de lluvias y altas temperaturas, potenciados por el fenómeno de El Niño que eleva el riesgo de incendios forestales. Pero también porque la estructura del Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufre una seguidilla de recortes presupuestarios.

El Gobierno nacional asignó $20.131 millones en 2026, lo que representa una caída nominal del 53,6% respecto de 2025 y se posiciona como uno de los presupuestos más bajos de los últimos diez años. Además, disolvió el Fondo Nacional de Manejo del Fuego; cayeron las horas de vuelo de 5.100 (2023, con solo 3.058 ejecutadas) a apenas 3.100 para 2026 junto a los informes de alerta temprana y evaluación de peligro; se subejecutó el presupuesto y se recortó los gastos operativos en las áreas protegidas.

Por otra parte, la Administración de Parques Nacionales cuenta con aproximadamente 380 Brigadistas nacionales — con sueldos bajos y contratos precarios -, cuando según informes oficiales el mínimo necesario debería rondar entre 600 y 700, para cubrir las más de 5 millones de hectáreas que el organismo tiene bajo su jurisdicción.

En medio de este complejo escenario, en Argentina se debatirá la Ley de inviolabilidad de propiedad privada que impulsa el Gobierno nacional y que incluye un capítulo sobre la eliminación a la restricción al cambio en el uso de la tierra después de un incendio forestal situación que desprotege aún más el territorio nacional frente a la extranjerización de áreas estratégicas.

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Por Patricia Escobar

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SAN JUAN (29/9/2026) .- La provincia de San Juan y la comunidad de combatientes de incendios forestales de todo el país se encuentran conmocionadas tras confirmarse la peor tragedia aérea registrada en la historia provincial. Un helicóptero Bell 412EP biturbina, perteneciente a la empresa Jasfly S.A., se estrelló en una zona de difícil acceso en las inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto, provocando la muerte de sus siete ocupantes.

La aeronave había partido en la mañana del miércoles 29 de julio hacia el departamento de Valle Fértil para llevar a cabo un entrenamiento de adiestramiento y despliegue para brigadistas locales, organizado por la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego.

Tras perder contacto con la base, un intenso operativo de búsqueda coordinado entre fuerzas provinciales y federales confirmó el hallazgo de la nave sin sobrevivientes.

El Gobierno de San Juan decretó duelo provincial y la suspensión de las actividades oficiales. La localización exacta del siniestro se corroboró mediante un sobrevuelo desde el Parque Nacional Talampaya, aunque las patrullas terrestres de Gendarmería, Policía y Bomberos debieron desplegarse a pie y en cuatriciclos por la ausencia de caminos consolidados en la geografía deshabitada del terreno.

Un golpe devastador para la cúpula de seguridad local

El impacto institucional del siniestro es inédito para la estructura de protección civil de San Juan, al haberse cobrado la vida de cuatro altos referentes de la provincia:

Germán Videla: Subjefe de la Policía de San Juan.

Rubén Castro: Director de Bomberos de la Policía de San Juan.

Jorge Carbajal: Segundo jefe de Bomberos de la Policía de San Juan.

Carlos Heredia: Director de Protección Civil de la provincia.

La nómina de víctimas se completa con el piloto de la aeronave, Matías Valenzuela (residente en la Ciudad de Buenos Aires), y dos especialistas en manejo del fuego oriundos de la provincia de Córdoba: Rodrigo Aimetta, instructor técnico del curso, y Andrés Bosch, coordinador regional del sistema nacional.

El legado de Andrés Bosch: Liderazgo técnico y pasión en el terreno

La muerte de Andrés Bosch representa una pérdida irreparable para el Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Bosch, quien asumió en febrero de 2024 la coordinación de la Región Centro (con jurisdicción en Córdoba, San Luis, Catamarca, San Juan y La Rioja), contaba con una extensa trayectoria en la instrucción de brigadas y la logística de medios aéreos.

Pese a sus responsabilidades a nivel federal, «El Flaco», como lo apodaban en el ambiente, mantenía un profundo arraigo local: ejercía desde hacía décadas como jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Las Rosas, en el Valle de Traslasierra, donde residía, y había estado al frente de la Regional 11 de la Federación de Bomberos de Córdoba.

«Queremos hacer una mención entrañable a Andrés Bosch, destacado evaluador de combatientes de incendios en el programa de la Asociación Forestal Argentina (AFoA) y un profesional sumamente cercano a nuestra red. Andrés no solo aportó su rigor técnico y su vasta experiencia para formar a mejores brigadistas en todo el país, sino que se ganó el afecto y la admiración de todos por su calidad humana y su incansable pasión por la seguridad en el fuego», expresaron a través de un comunicado desde la Red de Manejo del Fuego Rural.

Por su parte, Gustavo Nicola, jefe operativo de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, lo recordó como «uno de los profesionales más capacitados en materia de incendios y un referente sumamente respetado en el sistema».

Las muestras de pesar se multiplicaron en toda la comunidad forestal y de bomberos. Entre los homenajes más emotivos destacó el de Tamara Toselli, integrante del equipo de Brigadistas Forestales de Córdoba y alumna de Bosch: «Para mí era el viejo, el ‘papi’ Bosch; el que me recibió sin dudarlo, me ayudó desde el primer momento y nunca me dijo que no a nada. Me ayudó a crecer de una manera tremenda», compartió la brigadista junto a imágenes de entrenamientos compartidos.

«Voy a extrañar tu dislexia, tus chistes y esa manera rara en que tu mirada me decía que la capacitación iba bien… que yo podía. Gracias por sacarme siempre de mi zona de confort y por estar siempre cuidándome», concluyó.

Mientras avanzan las pericias técnicas para determinar las causas del fallo en la aeronave, el sistema federal de manejo de emergencias y la provincia de San Juan despiden a siete profesionales caídos en cumplimiento del servicio.

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Fuente: FSC 

ESPAÑA (JULIO 2026).- En años recientes, incendios forestales han devastado millones de hectáreas de tierras con áreas boscosas, han destruido miles de hogares y cobrado cientos de víctimas.

A escala mundial, prácticamente los peores años para incendios forestales de los que se tenga registro, han ocurrido desde 2020. Asimismo, los incendios son ahora el mayor factor de pérdida de bosques en todo el mundo.

Se requiere de una acción urgente y coordinada para impedir una mayor devastación, aunque con varios factores que fomentan la intensidad de los incendios, incluyendo los impactos del cambio climático y las actividades del ser humano, una respuesta sencilla es inexistente.

Sin embargo, esto es lo que sí conocemos: el manejo responsable ayuda a mitigar los riesgos de incendio y protege a comunidades y ecosistemas contra los impactos devastadores de los incendios forestales.

Los principios fundamentales del sistema de certificación FSC exigen que los administradores forestales evalúen los riesgos relativos a desastres naturales, incluyendo incendios forestales, además de que implementen actividades para ayudar a mitigar esos riesgos.

En la práctica, estas actividades podrían ser distintas en cada país, dependiendo de las condiciones ambientales, los riesgos y características de cada región. Los estándares nacionales de certificación del FSC correspondientes a distintos países toman en consideración estas diferencias.

Por ejemplo, en el norte de España, donde la Devesa da Rogueira se convirtió en el primer bosque del país en recibir la certificación FSC en 2020, los miembros de la comunidad que manejaban el bosque, periódicamente cortaban la vegetación que podría avivar incendios.

Dos años después, un incendio forestal abrasó a más de 11,000 hectáreas de la zona – pero dejó el bosque de la Devesa da Rogueira prácticamente intacto.

En Guatemala, donde las comunidades han invertido en patrullar los linderos de concesiones certificadas FSC, establecido y mantenido cortafuegos y supervisado continuamente la zona mediante tecnología de GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y uso de drones, un estudio de 2018 encontró que las tierras boscosas manejadas carecieron prácticamente de incidentes de incendios en el transcurso de una década.

Los incendios forestales de 2017 en Portugal, los cuales abrasaron más de 500,000 hectáreas y donde perecieron más de 120 personas, también recalcaron la necesidad urgente de actividades de manejo forestal mejoradas y, desde entonces, se han llevado a cabo una diversidad de iniciativas de manejo.

Ahí, en bosques certificados FSC, los administradores han trabajado proactivamente durante años en manejo forestal responsable, implementando acciones que aumentan la resistencia a incendios y la resiliencia del ecosistema, incluyendo mediante el control de especies invasoras y promoviendo la regeneración de especies nativas.

Las prácticas de manejo en todo el mundo que pueden ayudar a impedir incendios también incluyen procedimientos tales como el control de actividades de visitantes, la remoción de basura, la creación de espacios que los bomberos pueden usar en caso de algún incendio súbito y el mantenimiento de zonas de amortiguamiento entre caminos públicos.

En todo el mundo, la certificación FSC significa que los bosques se manejan de formas que protegen los ecosistemas y mejoran la resiliencia forestal – ya que bosques más sanos no solamente ayudan a reducir los riesgos de incendios forestales de elevada gravedad, sino que también permiten una recuperación más rápida de los ecosistemas.

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ARGENTINA (Julio 2026).- Tras décadas de aplicar políticas basadas en la extinción absoluta de cualquier foco ígneo, la evidencia científica plantea un cambio radical de paradigma: para prevenir las catástrofes de incendios rurales, donde está probado que es indispensable utilizar el fuego de manera planificada y como un aliado de prevención ante los riesgos.

Desde la Red de Manejo de Incendios Rurales destacan el aporte científico que un grupo de profesionales sustenta -con evidencia científica- que la quema prescripta se consolida como la estrategia de prevención más eficiente y sustentable frente a la crisis climática actual.

A continuación, un artículo compartido con ArgentinaForestal.com de autoría de  especialistas como el Dr. Diego Broz (Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM – CONICET), el Dr. Guillermo Defossé (UNPSJB en Patagonia), la Dra. Sandra Bravo (Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE), el Ing. Javier López (FCF- UNaM – CONICET) y Lorena Paszko (Administración de Parques Nacionales), .

Durante la primera mitad del siglo pasado prevalecía la idea de que todos los incendios debían extinguirse. La ecología demostró lo contrario: en gran parte del planeta, el fuego tiene un rol clave en la dinámica natural del paisaje, y apagar cada chispa es la manera más segura de alimentar las catástrofes que tanto tememos.

En el verano de 1988, el Parque Nacional Yellowstone se convirtió en una conflagración inimaginable, sobre todo en un país que lideraba la conservación y la creación de áreas protegidas en el mundo.

Durante semanas el fuego avanzó sobre los bosques del oeste de Estados Unidos hasta consumir, en una sola jornada, unas 64.000 hectáreas. ¿Cómo era posible semejante desastre justo allí, en uno de los parques mejor cuidados del planeta, donde durante décadas se había apagado hasta la última fogata?

La respuesta encierra una de las paradojas más reveladoras de la ecología moderna. Aquel infierno no ocurrió a pesar de un siglo combatiendo el fuego. Ocurrió, en buena medida, a causa de eso: durante cien años se apagó cada incendio en un ecosistema que necesita quemarse de tanto en tanto para mantenerse sano. Entenderlo obliga a abandonar una idea muy instalada, pero equivocada: que todo fuego es, por definición, una tragedia.

El fuego no es un intruso

El fuego no llegó con los seres humanos ni con sus descuidos. Arde en la Tierra desde hace cientos de millones de años, desde que existen plantas terrestres capaces de encenderse.

Durante todo ese tiempo, el fuego, ayudó a moldear el paisaje de continentes enteros. Sobre todo en las regiones con estaciones marcadas, donde a una temporada húmeda le sigue otra seca que deja la vegetación lista para arder.

Los ecólogos William Bond y Jon Keeley propusieron una idea que cambió la forma de entenderlo: el fuego se comporta como un enorme “herbívoro” global, un gran consumidor de plantas a escala planetaria. Pero come distinto a un animal. El pastoreo es selectivo: la vaca o el ciervo eligen qué plantas comer y cuáles dejar, y así favorecen a las que evitan y desbalancean de a poco el ecosistema. El fuego no elige y eso es algo bueno. Consume todo lo que puede encenderse y reinicia la comunidad vegetal, dejando el ambiente listo para una nueva etapa.

Eso no significa que el fuego “borre todo y empiece de cero” por igual en todos lados. Cada especie reacciona a su manera. Algunas resisten mejor el calor. Otras vuelven a brotar desde yemas protegidas. Otras dependen de sus semillas para regresar. La forma en que cada planta se recupera después del fuego cambia según su tamaño, su estructura y su modo de crecer.

¿Qué pasaría si nunca más hubiera incendios?. Los modelos que imaginan un planeta sin fuego dan una respuesta contundente: la cobertura de árboles treparía del 27 % a cerca del 56 % de la superficie con vegetación. Y más de la mitad de las sabanas tropicales del planeta —esos pastizales con árboles dispersos que hoy reciben lluvia suficiente para sostener un bosque— se cerrarían en selvas. Que esto ocurra o no depende, en gran parte, de cuánto cambie el patrón de incendios de cada lugar —su frecuencia, su intensidad, la época del año en que ocurren— respecto del que existió siempre allí: cuanto más se aleje, más le cuesta adaptarse a la vegetación.

Dicho de otro modo: muchos pastizales y sabanas no existen solo por el clima, sino porque el fuego los mantiene abiertos. Son ecosistemas que dependen del fuego para seguir siendo lo que son.

Especies que esperan la chispa

El fuego modeló los pastizales y las sabanas durante eras geológicas. No sorprende, entonces, que muchas plantas hayan evolucionado para convivir con él. Desarrollaron rasgos que solo tienen sentido en un mundo que arde. Algunas tienen cortezas gruesas que aíslan del calor a los tejidos vivos. Otras esconden yemas protegidas que rebrotan apenas pasan las llamas. Y hay semillas que no germinan hasta recibir el estímulo del calor o del humo.

El caso más extremo es la serotinia. Es una estrategia por la cual la planta guarda sus semillas en conos o frutos sellados que solo se abren con el calor del fuego. Cuando el fuego llega, esos frutos liberan una lluvia de semillas. Y caen sobre un suelo recién despejado de competencia y abonado con cenizas: las condiciones ideales para germinar y crecer.

Los ecólogos Juli Pausas y Jon Keeley, en el año 2023, plantearon un matiz importante: las plantas no están adaptadas “al fuego” en general, sino a lo que los ecólogos llaman un régimen de fuego concreto, es decir, una combinación particular de frecuencia, intensidad y época del año en que ocurren los incendios de cada lugar.

La fauna también escribe su historia en las cenizas. Cuanto más grande es el área quemada, más variado suele ser el paisaje que queda después. Se forma un mosaico de parches en distintas etapas de recuperación: zonas recién quemadas junto a otras que se recompusieron hace tiempo. Los ecólogos llaman pirodiversidad a esa variedad. Y es clave, porque cada parche ofrece un refugio o un alimento distinto. Más variedad de ambientes significa más especies que un mismo paisaje puede albergar.

Los ejemplos sobran. En la provincia de Buenos Aires, el venado de las pampas casi desapareció de la Reserva Campos del Tuyú cuando se excluyeron el fuego y el pastoreo. Los animales se mudaron a campos vecinos, donde las quemas mantenían los pastos tiernos. En Escocia, los criadores queman parcelas pequeñas desde hace casi un siglo para sostener al lagópodo escocés, un ave de caza típica de esos arbustales. Y en el fynbos sudafricano —un matorral de enorme riqueza vegetal— hay plantas que dejan de reproducirse tras apenas un par de décadas sin fuego.

El precio de apagarlo todo

Acá vuelve la paradoja de Yellowstone. Durante el siglo XX, la política dominante fue la supresión total: apagar cualquier incendio lo antes posible, sin importar si ese ambiente necesitaba el fuego o no. En su momento parecía lo más sensato. Pero tenía un costo oculto.

El combustible que no se quema no desaparece: se acumula. Y eso es decisivo en los ambientes que tienen una estación seca. La hojarasca, las ramas, los pastos resecos y los arbustos se amontonan año tras año hasta formar una carga enorme. Los investigadores lo llaman déficit de fuego. Su lógica es implacable: cada pequeño incendio que evitamos hoy guarda leña para uno gigantesco mañana.

Un estudio de Mark Kreider y colegas, publicado en 2024, lo mostró con claridad. Al apagar siempre los fuegos moderados —los que arden en días tranquilos y se controlan con facilidad— el combustible sigue creciendo. Y tarde o temprano arde, pero bajo las condiciones más extremas. El paisaje, cargado de leña acumulada, termina ardiendo con una violencia desproporcionada.

Las consecuencias no son solo materiales. En algunos ambientes, la falta de fuego favorece que los pastizales y las sabanas se llenen de plantas leñosas —un proceso que los ecólogos llaman arbustización. Esto conlleva a que se pierda diversidad y se vuelvan más inflamables. En el Parque Nacional El Palmar, en Entre Ríos, ocurre algo paradójico: la ausencia de fuego acumuló tanto combustible que hoy amenaza a las propias palmeras yatay que el parque busca proteger.

El ejemplo más dramático ocurrió en enero de 1994, cerca de Puerto Madryn. Como analizan María del Carmen Dentoni y colaboradores, allí se combinaron dos factores: el cese del pastoreo y varios años sin fuego. El resultado fue una acumulación enorme de pasto seco que alimentó un incendio de comportamiento extremo. Murieron 25 bomberos, en la peor tragedia del combate de incendios rurales en la Argentina.

La diferencia entre quemar y quemar bien

Si el fuego es necesario y su ausencia es peligrosa, la pregunta deja de ser si quemar o no. Pasa a ser cómo y cuándo quemar. Ahí entra la quema prescripta. No hay que confundirla con una simple quema controlada. No se trata de prender fuego al campo y vigilar que no se desmadre: es una disciplina técnica.

Consiste en aplicar fuego sobre una superficie definida, con personal capacitado y con objetivos claros. Pero la clave está en el cuándo. La quema solo se hace dentro de una “ventana” estrecha de humedad, viento y temperatura. Para saber cuándo se abre esa ventana, los equipos usan índices de peligro de incendio como el FWI: herramientas que combinan datos del clima y de la vegetación para anticipar cómo se va a comportar el fuego ese día. Acertar la ventana es lo que separa una quema segura de una que se escapa de control.

Antes de encender hace falta conocer en detalle el ambiente que se quiere tratar. La prescripción define el dónde, el cuándo, el cómo y el para qué. Así, el comportamiento del fuego queda dentro de los límites previstos: en un pastizal, una llama que consume la vegetación de la superficie; en un bosque, un fuego rastrero que limpia el sotobosque —la vegetación baja entre los árboles— sin tocar las copas.

Bien aplicada, esta herramienta restaura ecosistemas. En Campos del Tuyú, un programa de quemas en pequeños parches iniciado en 2001 recreó el mosaico de pastos que el venado de las pampas necesitaba para volver. En El Palmar se usan quemas para frenar especies invasoras como el paraíso y la acacia negra y dar lugar a los brotes de plantas nativas. En ambos casos el fuego no destruye: repara lo que su ausencia había roto.

Cuánto cuesta no quemar

La quema prescripta, además, ahorra dinero. Su mayor aporte económico es la prevención. Cada incendio catastrófico que se evita son pérdidas que no ocurren: en infraestructura, en ganado, en plantaciones, en agua potable.

Y la evidencia es contundente. Un metaanálisis —un estudio que combina los resultados de muchas investigaciones previas— de Katherine Davis y colegas, publicado en 2024, revisó tres décadas de trabajos en los bosques de coníferas del oeste de Estados Unidos. El resultado fue claro: la quema prescripta, sola o combinada con raleo —la tala de parte de los árboles para aclarar el bosque—, reduce entre un 62 % y un 72 % la severidad de los incendios posteriores, es decir, cuánto daño causan, frente a las áreas sin tratar. El raleo por sí solo rindió bastante menos. Lo decisivo es quitar el combustible del suelo, justo lo que el fuego hace de forma directa.

Pero los beneficios van más allá del dinero. Alcanzan a recursos que rara vez asociamos con el fuego, como el agua. Los grandes incendios de alta severidad disparan la concentración de metales tóxicos —arsénico, selenio, cadmio— en los arroyos. Las quemas prescriptas de baja intensidad, en cambio, no alteran la calidad del agua. Y, al evitar las catástrofes, protegen las cuencas que abastecen de agua a las ciudades.

También hay un beneficio para el productor rural. El fuego planificado renueva los pastizales envejecidos y multiplica el forraje, el alimento del ganado. En la Pampa Deprimida —zona ganadera de la provincia de Buenos Aires— llegó a triplicar la oferta de proteína de ciertos potreros.

A esto se suma un beneficio menos visible: una quema prescripta bien hecha emite una fracción mínima del carbono que libera un gran incendio, y la diferencia es enorme.

Según una publicación de 2013 firmada por la AssociationforFireEcology, la International AssociationofWildlandFire, TallTimbersResearchStation y TheNatureConservancy, en Estados Unidos y Canadá los incendios emiten a la atmósfera, en promedio, 452 millones de toneladas de carbono por año, mientras que las quemas planificadas, aplicadas con objetivos puntuales, representan apenas una porción muy chica de eso.

Además, ese carbono vuelve a capturarse rápido: las plantas que rebrotan lo reabsorben en períodos cortos, a menudo de 2 a 7 años. Con el tiempo, el ecosistema queda en equilibrio de carbono, o incluso termina guardando más carbono en el suelo del que liberó.

El caso de Portugal lo resume bien. Allí se mantienen mosaicos de vegetación joven mediante quemas periódicas. Y en esas áreas los incendios casi nunca superaron las 400 hectáreas.

El caso de las plantaciones forestales

Pocos escenarios muestran mejor el valor de esta herramienta que las plantaciones de pino, abundantes en provincias como Misiones, Neuquén o Corrientes. Los pinares acumulan combustible fino a una velocidad asombrosa.

En pocos años, el sotobosque y la hojarasca forman una carga capaz de convertir cualquier chispa en un incendio de copas: el más destructivo de todos, el que salta de árbol en árbol por las alturas. ¿Qué permite que el fuego trepe hasta ahí? La vegetación intermedia, la que crece entre el suelo y las copas. Los técnicos la llaman “combustible de escalera”, porque funciona justamente como una escalera por la que las llamas suben.

Quema prescripta bajo una plantación de pino en la Patagonia. El fuego, aplicado de forma controlada, consume la hojarasca acumulada en el suelo y reduce el riesgo de grandes incendios. Foto: Guillermo Defossé

La quema prescripta corta esa escalera. En el sur de Estados Unidos se queman bajo control alrededor de 1.500.000 hectáreas de plantaciones por año para mantener el riesgo a raya. En la Argentina, ensayos realizados entre 1998 y 2000 en Misiones, Neuquén y Santiago del Estero demostraron algo prometedor: un fuego aplicado dentro de la ventana técnica adecuada reducía los combustibles finos entre un 24 % y un 71 %, sin dañar los árboles maduros ni el suelo. Investigaciones más recientes van un paso más allá: calculan el momento y la frecuencia ideales de las quemas a lo largo del turno forestal —el ciclo completo de la plantación, desde que se planta hasta que se cosecha la madera—, buscando el equilibrio entre bajar el riesgo de incendio y dejar crecer los árboles. Para el productor, es una inversión modesta que protege décadas de trabajo.

Antes y después: la capa de acículas —las hojas en forma de aguja del pino— pasó de unas 25 toneladas por hectárea a apenas 5-7 tras la quema prescripta, sin afectar a los árboles.

“Las quemas prescriptas constituyen una herramienta eficaz para reducir la carga de combustibles y disminuir el riesgo de incendios de alta severidad en plantaciones forestales. Sin embargo, su implementación requiere determinar las condiciones ambientales y operativas óptimas que maximicen su efectividad y seguridad.”— Diego Broz, de la FCF-UNaM e investigador del CONICET.

Convivir con el fuego

La quema prescripta no es magia ni una solución de una sola vez. El combustible se vuelve a acumular. Por eso su efecto dura pocos años y obliga a repetir los tratamientos y a planificarlos pensando en todo el territorio, no parcela por parcela. Reconocer ese límite no debilita el argumento: lo vuelve honesto. Una herramienta seria se mide por su rigor, por la distancia que hay entre una prescripción cuidada y una fogata improvisada.

El desafío de fondo, entonces, no es expulsar el fuego de nuestros paisajes. Sería una empresa imposible y, además, los degradaría. El desafío es aprender a convivir con él y a gestionarlo con inteligencia. Durante un siglo intentamos ganarle al fuego apagándolo siempre, y descubrimos que esa guerra solo lo volvió más feroz.

Quizás la lección más profunda de la ecología del fuego sea también la más antigua: hay fuerzas de la naturaleza que no se vencen, se acompañan. Devolver el fuego, de manera deliberada y prescripta, a los paisajes que lo necesitan es una de las formas más sensatas que tenemos de cuidarlos.

Y de cuidarnos.

(*) Artículo de divulgación basado en evidencia científica de la ecología del fuego, con casos y datos de la Argentina y del mundo (Bond y Keeley, 2005; Kreider et al., 2024; Davis et al., 2024; Fernández-Guisuraga y Fernandes, 2024; Kunst et al., 2003; Broz et al., 2023; Dentoni et al., 2021, entre otros).

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

Fuente: Red de Manejo de Fuego Rural 

BUENOS AIRES (25/6/2026).- Un foco detectado en los primeros 5 minutos puede ser controlado fácilmente; dos horas más tarde, puede transformarse en un incendio catastrófico y fuera de control en su propagación por varios factores. Evitar que el incendio sea inmanejable es la premisa, y para ello la mejor acción para evitar un incendio es que no se produzca ante un contexto de índice de peligro por las condiciones climáticas del momento.

“La verdadera solución radica en la detección temprana y en el ataque inicial coordinado dentro de la «hora de oro», logrando reducir al mínimo absoluto las pérdidas materiales y ambientales”, explican desde la Red de Manejo de Fuego Rural.

Para ello, el llamado para actuar en prevención y dar respuesta a tiempo es concreto: gobiernos, empresas del sector productivo, organismos nacionales y actores de la sociedad civil deben sentarse en la misma mesa, acordar modelos de financiamiento compartido y asumir el compromiso de trabajar en conjunto para que ninguna región vulnerable quede desprotegida.

“Prevenir es actuar a tiempo. Y actuar a tiempo, hoy, requiere actuar juntos”, advierten desde la red en un reporte de prensa difundido este jueves.

Guardianes tecnológicos

¿Cómo se detectamos el fuego hoy en la región? La transformación digital reemplazó en gran medida a la histórica dependencia de la vigilancia humana con binoculares. En la actualidad se dispone de dos grandes familias de tecnologías complementarias:

1. Ojos en el cielo: los instrumentos geoespaciales (Satélites)

·  Satélites Geoestacionarios (ej. GOES-16) que envían imágenes completas cada 10 o 15 minutos. Tienen la ventaja de la inmediatez para detectar anomalías térmicas casi en tiempo real, aunque su menor resolución dificulta registrar focos a los pocos minutos de comenzar.

·  Satélites de Órbita Baja o Polares (ej. Terra, Aqua, Suomi NPP y Sentinel), con sistemas que pasan sobre una misma zona entre 2 y 4 veces al día. Al estar más cerca de la Tierra, sus sensores infrarrojos térmicos tienen una precisión milimétrica para captar focos pequeños y delimitar áreas afectadas.

·  Aporte Científico Nacional (CONAE): Argentina cuenta con los satélites SAOCOM 1A y 1B. Aunque operan mediante radar, generan mapas de humedad del suelo que son clave para identificar zonas críticas de sequedad antes de que ocurra la ignición.

2. Guardianes en el terreno

Otra tecnología complementaria son las cámaras con Inteligencia Artificial, instaladas en estructuras elevadas o torres de telefonía, cubren un radio de 8 a 15 kilómetros y combinan:

·  Cámaras ópticas de alta resolución, que utilizan Visión Computacional (IA) para analizar el horizonte y diferenciar el humo incipiente de nubes o niebla.

·  Cámaras infrarrojas y térmicas, que son ideales para la noche, detectan la radiación de calor directa de las llamas antes de que el humo sea visible.

Al detectar una anomalía, el sistema calcula las coordenadas exactas mediante triangulación láser y envía una alarma inmediata con imágenes al centro de operaciones.

El satélite aporta el panorama estratégico; la cámara terrestre otorga la velocidad para el ataque inicial en el lapso de la “hora de oro”. La sinergia entre ambos es insustituible para lograr el resultado. Llegar lo antes posible ante el inicio de un foco de riesgo de propagación.

¿Por qué la prevención de incendios y las acciones no pueden ser aisladas?: “Por costos”

La información de la Red de Manejo de Fuego Rural sobre este aspecto pone en foco a uno de los obstáculos más urgentes y menos visibles del sistema de prevención: las tecnologías de detección automatizada son costosas.

“ Una red de cámaras inteligentes implica inversión en equipamiento, infraestructura de comunicaciones, energía en campo, mantenimiento especializado y centros de monitoreo operativos las 24 horas”, detallan.

En la actualidad, en el país, el desarrollo de estas redes está liderado principalmente por consorcios del sector forestal privado, concentrado en la Mesopotamia y el Delta del Paraná, a través de la red. “Esto significa que vastas regiones del país —con igual o mayor vulnerabilidad al fuego como es la Patagonia— carecen de sistemas automatizados simplemente porque no existe un actor privado con escala suficiente para financiarlos, o porque el Estado provincial o municipal no cuenta con el presupuesto para hacerlo por sí solo”, explican en el documento de prensa.

“La brecha de cobertura es, en definitiva, una brecha de financiamiento y de voluntades”, remarcaron. En este contexto, sostienen que “extender estos sistemas requieren de un modelo de gobernanza y financiamiento compartido”.

En su análisis, se debería trabajar en forma coordinada con entre los siguientes actores:

·  El Estado Nacional y las Provincias: aportando marcos regulatorios, cofinanciamiento y la integración con organismos como la CONAE, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y las defensas civiles.

·  El Sector Privado (empresas forestales, agroindustriales, ganaderas y tecnológicas): Contribuyendo con inversión directa, infraestructura física (torres, repetidoras, reservorios) y know-how operativo.

·  Los municipios y comunidades rurales: Facilitando el acceso al territorio, la vigilancia activa y la articulación con los cuerpos de bomberos voluntarios.

·  Organismos de financiamiento internacional (ej. BID, CAF o Fondo Verde para el Clima): Como fuentes de recursos para respaldar proyectos de prevención de desastres naturales en la región.

Los Consorcios de Manejo del Fuego: el modelo a replicar

Desde la Red de Manejo de Fuego Rural destacan el trabajo logrado a través de los  Consorcios de Manejo del Fuego en la región de la Mesopotamia y Delta. “Son la estructura más eficaz que existe actualmente en el país para articular esta vinculación”, aseveran.

“Permiten que empresas, productores y organismos públicos compartan infraestructura, coordinen alertas y desplieguen respuestas integradas. Al detectar un foco, las alarmas se integran directamente a las centrales de despacho, comunicando de inmediato a bomberos voluntarios y defensa civil”, agregaron.

Este modelo demostraría que la articulación público-privada no es una abstracción, sino una herramienta operativa real.

Cuando los consorcios operan de forma integrada, se logra:

·  Optimización de recursos críticos: coordinación previa de pistas de aterrizaje, reservorios de agua en campos privados, maquinaria pesada y repetidoras de comunicación.

·  Respuesta sin fronteras: los incendios no reconocen alambrados ni límites municipales; la respuesta operativa unificada evita la duplicación de esfuerzos y las zonas ciegas.

·  Protección de la economía regional: contener el fuego en su fase de brote resguarda vidas, bienes, empleo rural, infraestructura vial y eléctrica, y recursos productivos.

Una inversión en prevención y una acción frente al cambio global climático

Cada región sin sistema de detección temprana automática es una ventana de vulnerabilidad abierta. “Cada año que pasa sin ampliar la cobertura es un año en que incendios evitables se convierten en catástrofes”, advierten desde la Red.

En conclusión, indicaron que “invertir en detección temprana no es un gasto: es la política de prevención más costo-eficiente que existe. El costo de instalar y operar una red de cámaras inteligentes es incomparablemente menor al impacto económico, social y ambiental de un incendio descontrolado”.

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Fuente: Gobierno de Córdoba

CÓRDOBA (8/6/2026).- En el Día del Bombero Voluntario, el gobernador Martín Llaryora encabezó la incorporación de tres nuevas aeronaves a la flota de la Dirección Provincial de Aeronáutica (DPA), fortaleciendo la capacidad operativa de la Provincia para la prevención y el combate de incendios forestales, las tareas de rescate y la respuesta ante emergencias en todo el territorio cordobés.

Las nuevas unidades son un avión hidrante Air Tractor AT-802 Biplaza y dos helicópteros Airbus H-125, adquiridos mediante una inversión superior a los 14 millones de dólares.

Con esta incorporación, Córdoba pasa a contar con 11 aeronaves especializadas y consolida la flota aérea destinada al combate de incendios más importante de la Argentina.

Estas unidades forman parte de una estrategia sostenida de inversión provincial destinada a anticiparse a la temporada de incendios y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a emergencias, en un contexto de creciente riesgo ambiental.

La incorporación de las aeronaves se produce en el marco del Estado de Alerta Ambiental por riesgo de incendios dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, vigente desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre.

La medida prohíbe el encendido de cualquier tipo de fuego en tierras públicas y restringe toda actividad que pueda generar focos ígneos.

La decisión fue adoptada a partir de informes técnicos elaborados por la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, que advierten sobre el agravamiento de las condiciones de sequía durante los meses de otoño e invierno, la ocurrencia de heladas tempranas, temperaturas superiores a los valores históricos y una importante acumulación de material combustible en zonas serranas y agroganaderas.

La resolución faculta además a dicha Secretaría a adoptar medidas preventivas complementarias y adecuar las disposiciones vigentes de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas y del riesgo en cada región de la provincia.

“Hoy ratifico el compromiso que asumí para seguir consolidando el sistema. Cada helicóptero y cada avión que incorporamos tiene el propósito de proteger las vidas de los bomberos mientras protegen a la comunidad. Este equipamiento, aun en tiempos de crisis, consolida a Córdoba como la provincia con mayor capacidad de ataque aéreo contra incendios en el país”, afirmó Llaryora.

El nuevo avión estará destinado a la lucha contra incendios forestales y a la formación de pilotos. En tanto, los helicópteros multipropósito podrán intervenir en operativos de combate del fuego, rescates, apoyo policial y traslado de brigadistas forestales.

“A pesar de las dificultades actuales, trabajamos juntos y hemos garantizado no solo los recursos que les corresponden, sino también fondos adicionales. En el contexto actual de la Argentina, es un orgullo sostener este apoyo a los bomberos”, agregó el mandatario.

Llaryora destacó además las capacidades que Córdoba ha desarrollado en materia de gestión del riesgo, entre ellas el entrenamiento permanente de los pilotos de la DPA, la incorporación de tecnología de monitoreo de última generación y el fortalecimiento institucional del sistema de bomberos voluntarios.

La Provincia cuenta actualmente con 36 pistas operativas distribuidas estratégicamente en distintos puntos del territorio, especialmente en las zonas de mayor riesgo, lo que permite una respuesta rápida y eficiente durante la temporada de incendios.

El secretario General de la Gobernación, David Consalvi, destacó que la inversión “consolida a Córdoba en la vanguardia del combate aéreo. Contar con estas herramientas y con recursos humanos altamente capacitados permite brindar respuestas eficaces para proteger a la comunidad y a nuestros recursos naturales”.

Por su parte, el ministro de Vinculación y Gestión Pública, Miguel Siciliano, resaltó el trabajo articulado con los cuarteles de bomberos voluntarios de toda la provincia.

“El Gobierno de Córdoba hace muchos años que viene trabajando en sintonía con los brigadistas. En el Día del Bombero Voluntario queremos agradecer su labor y reconocer el enorme compromiso que tienen con cada comunidad”, señaló.

A su turno, el jefe de la Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios, Fernando López, agradeció la incorporación de los nuevos recursos y sostuvo que “estas herramientas fortalecen la prevención, mejoran los entrenamientos y potencian la capacidad de combate de incendios en toda la provincia”.

Solidaridad y entrega al servicio de la comunidad

Durante el acto, el gobernador rindió homenaje a los bomberos voluntarios cordobeses, a quienes definió como un ejemplo de solidaridad y vocación de servicio.

“Ustedes no solo apagan incendios; son la verdadera defensa civil de nuestros pueblos. Acompañar y respaldar a su institución es apoyar la solidaridad de Córdoba, así como la prevención y el combate de las emergencias”, expresó.

En la oportunidad, el Gobierno provincial también entregó aportes económicos destinados al fortalecimiento de los cuarteles de bomberos voluntarios. Los montos, que oscilaron entre los 18 y los 30 millones de pesos por institución, fueron asignados de acuerdo con la dimensión operativa de cada cuerpo y las características de sus localidades.

El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Marcelo Zornada, destacó que la Provincia continuará acompañando al sistema de bomberos voluntarios.

“Sabemos que es una herramienta clave para el combate de incendios y el rescate. El Gobierno de Córdoba los va a seguir apoyando siempre. No vamos a dejar a ningún bombero en el camino”, aseguró.

Las nuevas aeronaves se incorporan a una flota aérea que constituye una herramienta estratégica para la prevención y el combate de incendios forestales.

Hasta antes de esta adquisición, la Dirección Provincial de Aeronáutica contaba con ocho unidades:

• Tres aviones Air Tractor AT-802A destinados al combate del fuego.
• Un Air Tractor AT-802 Fire Boss Biplaza para combate de incendios e instrucción de pilotos.
• Dos helicópteros Airbus AS350 B3 para combate de incendios, rescate y traslado de brigadistas.
• Un helicóptero Airbus H145 destinado a operaciones de lucha contra el fuego y transporte de personal especializado.
• Un avión vigía Cessna 206 para tareas de coordinación y apoyo táctico.

Con la incorporación de las tres nuevas aeronaves, Córdoba continúa fortaleciendo un sistema de respuesta aérea considerado entre los más importantes de América Latina para la prevención y el combate de incendios forestales y la atención de emergencias en todo el territorio provincial.

Estuvieron presentes la diputada nacional Carolina Basualdo; los ministros Manuel Calvo, Juan Pablo Quinteros, Sergio Busso y Miguel Siciliano; el secretario General de la Gobernación, David Consalvi; el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Marcelo Zornada; director del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Martín Degano; autoridades provinciales, representantes de cuarteles de bomberos voluntarios de toda la provincia y miembros de distintas instituciones vinculadas al sistema de gestión del riesgo.

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Fuente: SLT – FAUBA 

BUENOS AIRES (21/4/2026).- Los incendios forestales en la Patagonia generan impactos severos sobre los ecosistemas, arrasando bosques nativos y afectando a numerosas especies. Sin embargo, un reciente estudio científico aporta una mirada clave para la producción regional: los insectos polinizadores no desaparecen tras el fuego, sino que encuentran refugio en sistemas productivos cercanos.

La investigación, desarrollada por equipos de la FAUBA, la UNRN y el CONICET, se llevó adelante en chacras de frambuesa de la Comarca Andina del Paralelo 42. Allí se evaluó la abundancia y diversidad de polinizadores tras un incendio ocurrido en 2021 en la zona de Lago Puelo, que afectó cerca de 11.000 hectáreas de bosque nativo.

Los resultados fueron contundentes: las chacras ubicadas a menos de 700 metros de los focos de incendio registraron un 60% más de abejas nativas y escarabajos polinizadores en comparación con aquellas situadas a mayor distancia.

“En las áreas cercanas al fuego, los insectos se concentraron en las chacras luego de perder su hábitat natural. En cambio, en zonas alejadas, se distribuyen entre el bosque y los cultivos”, explicó María Noel Szudruk, investigadora egresada de la Escuela para Graduados de la FAUBA.

El estudio también arrojó un dato clave para los productores: a pesar de los cambios en la distribución de los insectos, los rendimientos de frambuesa se mantuvieron estables entre chacras cercanas y lejanas al incendio.

Según Szudruk, esto se explica por el rol de las abejas nativas, que no generan efectos negativos sobre el cultivo, a diferencia de la abeja melífera (Apis mellifera), que en altas densidades puede afectar las flores.

En la región del Bosque Andino Patagónico, la producción de frutas finas depende en gran medida de los servicios ecosistémicos, especialmente de la polinización. Por ello, la permanencia de estos insectos resulta estratégica para sostener la productividad.

Uno de los factores determinantes identificados por el estudio es la diversidad de cultivos presentes en las chacras. Además de frambuesa, muchos establecimientos combinan mora, corinto, otros frutales y cultivos hortícolas, lo que incrementa la oferta floral disponible.

A esto se suma el manejo productivo: el riego permitió que las plantas florezcan con normalidad tras el incendio y favoreció el desarrollo de vegetación espontánea, que actúa como alimento tanto para polinizadores como para insectos benéficos que controlan plagas.

“Es recomendable mantener sectores con vegetación, como bordes o entre hileras, mediante un control intermedio. Esto contribuye a sostener la biodiversidad sin afectar la producción”, señaló la investigadora.

Un enfoque integral: bosques y producción

El estudio también resalta el rol fundamental del bosque nativo en el equilibrio ecológico. En estos ambientes, muchas especies de abejas nativas nidifican y completan su ciclo de vida, además de albergar insectos que regulan plagas.

“Los bosques proveen servicios ecosistémicos esenciales para los sistemas productivos. Su conservación es clave para sostener la biodiversidad y la producción”, afirmó Szudruk.

En este contexto, los investigadores destacan la necesidad de avanzar hacia una planificación territorial integral que articule la restauración de bosques, la prevención de incendios y el manejo sustentable de las chacras.

El estudio aporta evidencia concreta de que los sistemas productivos diversificados no solo generan alimentos, sino que también pueden funcionar como refugios clave para la biodiversidad en escenarios de crisis ambiental.

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BUENOS AIRES (9 de abril de 2026),. La Red de Manejo del Fuego Rural informó que se realizó una presentación ante las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Honorable Senado de la Nación su posición técnica respecto a las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego (Ley N.º 26.815), incluidas en el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (Exp. PE 13/26).

Desde la entidad —que agrupa a consorcios de manejo del fuego en distintas regiones del país— señalaron que la reforma no implica una flexibilización ambiental, sino que busca corregir distorsiones del régimen vigente que han generado efectos jurídicos y económicos adversos sin reducir los incendios.

Un punto central: identificar a los responsables y a las víctimas de un incendio

Según explicaron, la normativa actual (Ley N.º 27.604) introdujo restricciones automáticas sobre el uso del suelo tras incendios, sin distinguir su origen ni las circunstancias del siniestro. “Se configuró un esquema que, en la práctica, presume culpabilidad y aplica consecuencias sobre propietarios que también son víctimas del incendio”, indicaron desde la Red.

En ese sentido, advirtieron que este enfoque:

• no ha demostrado eficacia en la reducción de la siniestralidad,
• genera incentivos que desalientan la denuncia de incendios,
• y produce efectos económicos desproporcionados sobre las tierras afectadas.

Protección ambiental: qué se mantiene en la ley

La entidad remarcó que la reforma mantiene intacta la protección de los bosques nativos, conforme al ordenamiento territorial establecido por la Ley N.º 26.331.

Las modificaciones se concentran en eliminar restricciones generalizadas que hoy se aplican también sobre tierras productivas, sin diferenciación ni sustento técnico.

Por otro lado, uno de los ejes del planteo es la ausencia de evidencia científica que respalde los plazos de restricción de uso del suelo (hasta 30 y 60 años).

Desde la Red señalaron que:

• los tiempos de recuperación varían según el ecosistema,
• en muchos casos son significativamente menores,
• y pueden incluir cambios en el uso del suelo como parte del proceso de restauración.

Impacto económico y seguridad jurídica

La entidad también advirtió que el régimen vigente genera:

• pérdida de valor de los activos,
• incertidumbre para la inversión,
• y restricciones que afectan el uso productivo del suelo de manera desproporcionada.

Finalmente, desde la Red señalaron que la discusión responsable de la problemática de los incendios rurales requiere un abordaje más amplio, que incluya prevención, detección temprana, ataque rápido, control, identificación de causas y responsabilidades y restauración.

“Este debate excede el alcance del proyecto presentado y requiere una discusión específica sobre políticas de gestión integral del fuego”, indicaron.

Desde la organización destacaron también que la reforma en tratamiento representa una oportunidad para alinear la normativa con principios básicos del derecho y evitar efectos contraproducentes.

“La protección ambiental y el respeto al debido proceso no son objetivos en conflicto. Corregir una regulación que genera distorsiones es un paso necesario para construir políticas públicas más eficaces”, concluyeron.

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