Los  cuestionados plazos de restricción de 30 y 60 años sobre tierras quemadas que rigen en la actual normativa, serán el eje de la modificación. Mientras los consorcios forestales y productores rurales reclamaban corregir la «presunción de culpabilidad» que castiga a las víctimas de incendios, sectores ambientalistas y de protección de bosques piden la  continuidad para frenar el avance de desarrollos inmobiliarios por sobre areas de valor de conservación.