El desfinanciamiento de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, herramienta jurídica que promueve beneficios de aportes económicos no reintegrables a productores y otorga estabilidad fiscal a las empresas con proyectos forestales, fue uno de los temas que quedaron a resolver en 2025. El reclamo llegó del sector privado y las provincias mesopotámicas durante la última reunión de la Mesa Nacional Foresto-industrial. El Presupuesto nacional destinó históricamente fondos insuficientes para ejecutar la normativa. Para 2025 se solicitó un monto de más de $1200 millones, pero aún no se aprobó en el Congreso Nacional.