La denuncia penal fue realizada desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) ante la Justicia Federal con sede en la provincia de Chaco para desmantelar la «mafia del desmonte» enquistada en el gobierno. La investigación devela una trama de corrupción de funcionarios vinculados con empresas del negocio agrario y taninero que obntenían «permisos legales» de deforestación.