Falta de estructuras oficiales capacitadas, complejidad burocrática que alcanzó niveles desalentadores para los potenciales beneficiarios de la misma; y la falta de presupuesto para el apoyo económico, que si bien es solo uno de los beneficios contemplados en la ley, es el de mayor impacto para el impulso de la forestación en los niveles pequeños y medianos. “Nunca se dotó a la Ley con los fondos requeridos para cumplir con la demanda de los proyectos”, exponen desde la Comisión Forestal del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA)