La decisión se tomó en común acuerdo con el Ministerio de Ecología y la empresa Arauco SA. “El objetivo de la convocatoria era comunicar en forma pública el alcance del Plan de Manejo de la reserva natural y poner en valor las actividades hasta el momento desarrolladas, pero no están dadas las condiciones”, explicaron desde la compañía. Aseguran que la comunicación es permanente con el representante comunitario, y que fueron entregados y dispuestos a consulta el plan de manejo de la reserva. Sin embargo, el cacique de Alecrín y el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) denunciaron que se “avasallaron” los derechos indígenas al no cumplirse el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada en todo lo que afecte a las tierras que fueron reconocidas en el marco de la Ley Nac. 26.160 (INAI).
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (16/9/2022).- Representantes de la Comunidad Mbya Guaraní Alecrín reclamaron esta semana, por medio de una nota presentada ante el Ministerio de Ecología, que se “respete” sus derechos de consulta previa, libre e informada al tomar conocimiento que estaba previsto para este jueves 15 de septiembre un evento de presentación pública del Plan de Manejo de la Reserva Natural Privada “Valle de la Alegría” de Arauco SA, que se ubica en su territorialidad demarcada por la Ley Nacional 26.160, y en espera del proceso de regularización de titularidad comunitaria.
La propiedad está ubicada en la localidad de San Pedro, y lindante al Parque Provincial Cruce Caballero, cumple un rol estratégico en la conservación de la biodiversidad del Bosque Atlántico, protegiendo un sitio de alto valor ambiental y en pleno Corredor Verde.
En un comunicado público el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) sostienen que “está claro que la comunidad no fue consultada previamente, como debiera hacerse según lo establece la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros marcos legales nacionales e internacionales”.
Ante el reclamo realizado se decidió postergar el evento de presentación prevista por la empresa, aunque se aclaró desde el Ministerio de Ecología que “no se suspendió el Plan de Manejo otorgado”, dijo el titular del área, Víctor Kreimer, quien intermedia entre Arauco y la comunidad Alecrín para encauzar el proceso de diálogo entre las partes.
“De ambas lados hay muy buena predisposición. Hay coincidencia respecto de la importancia de esta reserva, y están dadas todas las condiciones para que se pueda realizar en un marco de colaboración entre las partes, realizando el proceso de información adecuado”, agregó el funcionario ante la consulta periodística.
El Valle de la Alegría es un área ambiental única en la provincia, con una superficie de 8.550 hectáreas de alto valor de conservación de la Selva Paranaense. Al firmar el año pasado el convenio con Ecología, se registró como reserva privada N°041 y para ello la empresa forestal debió cumplir con la documentación de titularidad del inmueble requerido para poder ser incorporado al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas según Ley XVI-n° 29.
Arauco sumó a esta reserva natural en septiembre de 2021 con el objetivo de dar un mayor estándar de protección, ratificando su interés en afianzar un modelo de conservación beneficioso para todas las partes.
“Tenemos grandes expectativas con respecto a la firma de este convenio, dado que desde Arauco venimos trabajando desde hace muchos años en la protección de 110.000 hectáreas de Bosque Atlántico en Misiones. Sin dudas es un puntapié inicial para un trabajo compartido junto a la provincia, para que en conjunto podamos ampliar la lucha contra la caza furtiva, la prevención de incendios y la preservación de la biodiversidad misionera”, expresó en la oportunidad de la firma de convenio, Pablo Ruival, Country Manager de Arauco Argentina.
Pablo Ruival junto al ex ministro de Ecología, Mario Vialey, en el registro institucional (N°041) como reserva privada y convenio para sumar las más de 8 mil hectáreas al sistema provincial (Septiembre 2021). A un año del anuncio, la Comunidad Alecrín sostiene que no fue consultada y pidió la nulidad del Plan de Manejo otorgado por el organismo público.
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La compañía forestal lleva un vínculo de largo tiempo con las Comunidad Mbya Guaraní que se encuentran ubicadas en la zona de influencia a los predios de la empresa donde compró tierras para forestar, desde la zona Norte, la zona del Alto Uruguay, hasta el Sur misionero en áreas del cerrado de San Ignacio.
“Particularmente en el año 2007 se comenzó con el trabajo de identificación y caracterización de las comunidades, a través de un trabajo realizado por técnicos de Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM, donde se realizaron croquis participativos de territorialidad, sitios de importancia ecológica, económica y cultural, identificados por las propias Comunidades en predios de la empresa”, explicaron desde el área de Comunicación de la empresa en contacto con ArgentinaForestal.com.
Por la ubicación de estas comunidades indígenas en zonas donde quedan pocas extensiones continuas de Selva Paranaense, las reservas, bosques protectores de cursos de agua y las fajas ecológicas de bosque nativo remanentes en los predios forestales linderos, constituyen una importante fuente de recursos para el uso cotidiano.
De los mismos extraen plantas medicinales, frutales, materiales para artesanías, para la construcción de sus viviendas, amuletos, plantas ornamentales para comercializar, tinturas, zonas de caza donde arman sus trampas tradicionales, sitios por donde acceden a los arroyos o ríos para pescar.
A diciembre de 2013, se concluyó el relevamiento de territorios y el análisis de los mismos para la determinación de sitios de Alto Valor de Conservación (AAVC). Desde entonces, la empresa tomó la decisión de declarar precautoriamente el área utilizada por las 26 comunidades como Áreas de Alto Valor de Conservación bajo los atributos de valor de conservación 5 y 6 (Necesidades básicas de las comunidades e Importancia cultural, económica, religiosa, respectivamente).
Desde el año 2015 y en forma anual, se realiza el monitoreo con la participación de la comunidad, a fin de evaluar la efectividad de las medidas de protección implementadas para mantener y elevar los atributos de alto valor de conservación identificados.
En ese contexto, la empresa en forma voluntaria y regida por sus propios estándares, en un momento decidió involucrarse y afianzar un modelo de gestión y convivencia con las comunidades que se encuentra en las áreas de influencia, facilitando el acceso y la utilización de los recursos naturales que tradicionalmente utilizan.
“Todo este proceso se dio en el marco de un relacionamiento directo entre colaboradores de Arauco y los representantes comunitarios de Alecrín”, aseguran desde la compañía. Y agregaron respecto a la tenencia de la tierra que aún no están en conocimiento de un título comunitario otorgado a Alecrín, aunque la comunidad realizó el relevamiento territorial en el marco de la Ley Nac. 26.160.
Por su parte, en diálogo con Vasco Baigorri, miembro del EMIPA, quien mantuvo una reunión el lunes 12 con autoridades de Ecología para abordar temas de mercado de carbono y proyectos REDD+ que incluyan a las comunidades indígenas en Planes Integrales Comunitarios, indicó que “si bien el encuentro fue por otro, ese mismo día, en forma paralela a nuestra reunión, representantes de Alecrín presentaron una nota de reclamo en el organismo y tuvieron respuesta a su planteo. Por medio del cacique tomamos conocimiento que el ministro Víctor Kreimer escuchó el reclamo y confirmó la suspensión de la presentación prevista por la empresa. Se retomará un proceso de diálogo entre las partes para que se cumplan todos los pasos legales del proceso”, indicó.
Se refieren a lo que establece la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de consulta previa, libre e informada, entre otros marcos legales nacionales e internacionales, que según el escrito presentado, no se habría respetado.
En la Comunidad Mbya Alecrin habitan 48 familias y 225 personas
Alecrín, como tantas otras Comunidades Mbya, fue relevada en el marco de la Ley 26.160, que demarcó su territorio y están en proceso de reconocimiento de la titularidad comunitaria de sus tierras. “Aún así, el solo hecho de preexistir y habitar un territorio ancestralmente debiera ser suficiente para no invadirlos. Este es un nuevo avance y una violación de los derechos indígenas, y la Comunidad ha solicitado la nulidad del plan de manejo que fue autorizado”, agregaron desde EMIPA, en un escrito que difundieron a través de sus redes sociales.
En dicho documento citaron parte de la carpeta de presentación de la reserva, en la que Arauco da cuenta del conocimiento pleno que ha tenido siempre sobre la preexistencia Mbya en el lugar.
“No alcanza con mencionar nuestra existencia, o pretender que porque será una reserva privada con los altos fines conservacionistas que esto pueda tener, la consulta previa se suple y con ello se valida el acto de constitución de esta reserva. No alcanza, la consulta es un derecho de los pueblos indígenas al que no renunciamos nunca, y el que exigimos siempre”, señala el escrito presentado.
“Una vez más –a pesar de que pareciera un acto amable e inofensivo- con la creación de esta reserva privada se vulneran nuestros derechos, se invisibiliza nuestra existencia como sujetos activos en la gestión, manejo y decisión sobre nuestro territorio, más grave aún se conforma una Reserva Privada con aprobación del Estado en la que nuestra comunidad pareciera ser un objeto más dentro de esa área”, cuestionan desde la comunidad.
En tanto, desde la Comunidad aclararon que no se trata de una oposición a la conservación y cuidado del monte, porque de hecho eso es algo que ya lo traen incorporado ancestral y culturalmente, sino que es el hecho de no haber sido consultados como partícipes activos y necesarios en el proceso de creación del proyecto.
“En ese marco pedimos la nulidad del plan de manejo, por cuanto no se ha cumplido con los recaudos legales precisos para la validez del mismo”, reiteraron en la nota presentada con el asesoramiento de la abogada Roxana Rivas y la firma del cacique Sebastián Benítez.
Recodaron entonces el decreto del 26 de mayo, mediante el cual el Gobernador Oscar Herrera Ahuad ordenó frenar la actividad de la empresa CARBA en territorio de Ka’a Kupe, Ruiz de Montoya. “Este precedente logrado por nuestro Pueblo Mbya Guaraní no puede desconocerse por las autoridades del Ministerio de Ecología cuando participa de las gestiones privadas sobre nuestro territorio, lo cual vuelve más grave el acto en el que ha participado, no puede haber consentido la creación de esta Reserva Privada sin garantizar que la Comunidad que se hallaba dentro del área, a quién pertenece ancestralmente el territorio por preexistencia, como bien lo expresa la propia empresa, fuera debidamente consultada”, reclamaron.
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