La agenda pendiente en la Argentina ante la crisis ambiental | 10 puntos esenciales para lograr sostenibilidad global

Cuarenta referentes ambientales de distintos ámbitos del país difundieron un exhaustivo documento en el que advierten que “la dirigencia política, empresarial y gremial presta escasa atención a la agenda de la sostenibilidad, que será determinante para la recuperación y el desarrollo global en las próximas décadas”. Enumeraron 10 puntos esenciales de la agenda que consideran aún pendiente en la Argentina y en la urge avanzar. frente a la crisis climática.

Fuente: La Agenda Pendiente

 

 

BUENOS AIRES (17/4/2022).- “Debemos alertar a la sociedad y en especial a la dirigencia sobre la otra gran crisis: la ambiental. La sostenibilidad ambiental determinará la agenda de la recuperación y el desarrollo global en las próximas décadas. No prestar debida atención a esta agenda tendrá altos costos y tornará más complejo aún superar nuestra crisis económica y social.”, explican en el documento difundido “La Agenda Pendiente”, firmado por mas de 40 referentes y expertos del país.

“Los abajo firmantes queremos enfatizar la importancia de que la sociedad -y particularmente, su dirigencia política, empresaria y gremial- comprendan el valor estratégico que implica hoy la integración de una agenda ambiental racional en las decisiones que adoptan”, expresaron en el documento.

“Hoy estamos frente a cuatro crisis, la pandémica o postpandémica, la económico-social argentina, la del nuevo contexto geopolítico global y la ambiental, que es climática y de biodiversidad. Sin sostenibilidad ambiental no hay salida: sólo habrá crisis cada vez más graves», concluyeron, enumerando 10 puntos esenciales de la agenda que consideran a{un pendiente en la Argentina y en la urge abordar.

 

1. Una política ambiental hoy es una política de desarrollo, no una barrera.

Durante décadas se ha interpretado que las regulaciones, el control y la protección ambiental eran barreras al desarrollo económico. Esta percepción es todavía mayoritaria en muchas provincias argentinas y en la dirigencia del país. Hoy esa visión marca nuestro envejecimiento político e institucional en el contexto global e impide impulsar los empleos con base ambiental que se están creando rápidamente en el resto del mundo.

Si queremos exportar más, tendremos que adaptarnos rápidamente a una nueva realidad: la sostenibilidad moldeará la economía global durante los próximos años. Con ese objetivo, las regulaciones ambientales son una condición necesaria. Es clave implementarlas con métodos ágiles, transparentes y antiburocráticos. Hoy las inversiones del mundo evitan contextos en los que priman la arbitrariedad y las controversias ambientales. Poseer marcos jurídicos claros es una ventaja: garantizan a los inversores que sus proyectos se adaptan a las exigencias ambientales de la sociedad.

Debemos conocer, medir y monitorear mejor nuestro desempeño ambiental. La rigurosa medición de factores clave como la deforestación, la sobrepesca y sus efectos ecosistémicos asociados nos permitirá ofrecer productos que garanticen sostenibilidad, trazabilidad y transparencia. Para reducir la conflictividad ambiental, aumentar la competitividad y ejercer cabalmente nuestra soberanía sobre los recursos necesitamos regulaciones claras y su estricto seguimiento.

2. Hay una nueva economía emergiendo de la mano de la transición energética, aunque gran parte de la política aún no lo percibe.

Hay una nueva economía emergiendo de la mano de la transición energética, aunque gran parte de la política aún no lo percibe La transición energética nos plantea un inédito cambio tecnológico para dar respuesta al cambio climático. La comunidad internacional se comprometió a hacerlo con los objetivos del Acuerdo de París.

La economía global, hoy fuertemente basada en los combustibles fósiles, ya inició un proceso de descarbonización que se acelerará en los próximos años. Una menor dependencia de combustibles fósiles impulsa, además, una mayor soberanía energética, objetivo clave ante las restricciones energéticas surgido del conflicto en Europa oriental. Hasta ahora, Argentina se ha integrado muy tímidamente en este proceso global. Hay enormes oportunidades para nuestro país si lo hacemos más rápidamente.

En materia de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), toda política nacional que mantenga los enormes subsidios a los combustibles fósiles seguirá anclándonos en un pasado deficitario con un futuro muy limitado. Tenemos un enorme potencial en energías limpias (solar, eólica, biocombustibles, etc.) que nos permitirá afrontar la transición energética a lo largo de las próximas décadas. Pero este potencial no puede desplegarse si compite con combustibles fósiles fuertemente subsidiados. Más aún, la promoción de inversiones en hidrocarburos -si no se la enmarca dentro de los objetivos de mitigación a los que el país ya se comprometió- es incoherente.

Necesitamos un plan gradual para salir de los subsidios a los combustibles fósiles, con metas y plazos concretos. Debemos integrar las emisiones de carbono dentro de los costos de estos combustibles. Un primer paso debe ser el cierre de la mina de carbón de Río Turbio.

Necesitamos además un plan de transición en el sector del transporte hacia la electromovilidad o en base a combustibles limpios. Las ventas globales de vehículos eléctricos han despegado y se estima que alcanzarán alrededor de 5,6 millones este año: un aumento de más de 80% sobre las cifras de 2020. La industria automotriz está en una profunda transformación. Nuestra demora es notable aún en relación a otros países de la región.

El mundo laboral también se transforma. Según el Foro Económico de Davos, la proporción de empleos ofrecidos por el sector fósil en relación al sector de las energías limpias era de 5:1 en 2015, pero en el 2020 fue de 2:1 y las proyecciones indican que la relación se invertirá ya en el 2023. Los nuevos “empleos verdes” no se restringen al sector energético o transporte: surgen en el financiero, turístico, agropecuario, pesquero, tecnológico. La transición laboral también es ambiental..

3. Nuestros recursos naturales no son ilimitados.

Aunque muchos actúan como si los recursos naturales en nuestro país fueran infinitos, la realidad es que son limitados, como sucede en el resto del planeta. Debemos manejarlos responsable y eficientemente. La eficiencia en la administración de los recursos debe traducirse en una diversidad de políticas sectoriales que abarcan desde la energía a los residuos.

La eficiencia energética es una materia postergada en Argentina y eso está ligado a los subsidios energéticos, que hacen creer a los consumidores que los recursos para producir energía son abundantes y baratos. Los subsidios energéticos desincentivan todas las prácticas y tecnologías para hacer un uso más eficiente y racional de la energía. La energía subsidiada nos coloca en un retraso enorme en materia de eficiencia ya sea en la construcción, en el transporte o en la industria. En el corto plazo los precios de la energía subirán, tanto por escasez como por el aumento de los precios internacionales, y no estamos preparados para usarla con eficiencia.

En relación al uso responsable del suelo y la conservación de su fertilidad, si bien se logró un gran avance en la Argentina con la siembra directa, falta mucho en materia de prácticas de rotación y conservación de suelos, así como impulsar más y mejores controles sobre el uso de agroquímicos. Para lograr estas mejoras, el sector debe tener previsibilidad y dejar de estar bajo permanentes cambios regulatorios que perjudican su competitividad y rentabilidad.

La eficiencia en el uso del agua es otra materia pendiente. Casi no medimos el consumo y en el AMBA potabilizamos, por ejemplo, miles de millones de litros dejando que se pierda el 40% en caños rotos antes de llegar a nuestros hogares por falta de mantenimiento, mientras otras provincias sufren escasez en el suministro por ausencia de infraestructura adecuada.[1]

La eficiencia también debe alcanzar al manejo de los residuos. Aún no tenemos un plan nacional con una distribución geográfica equilibrada de plantas de separación, tratamiento y reciclado de materiales descartados, así como el aprovechamiento de los residuos orgánicos en compostaje a gran escala. Aún en casos como el del relleno sanitario Norte III que maneja CEAMSE, donde se ha avanzado con la planta MBT y la generación de energía a partir del gas que emanan los residuos, la vida útil de los rellenos sanitarios es limitada. Complementariamente, necesitamos marcos regulatorios para reducir residuos especiales (envases, neumáticos, etc.) basados en la implementación de medidas empresariales de responsabilidad extendida del productor (REP) bajo supervisión estatal, enfocada en la experiencia internacional y latinoamericana y no en la creación de más tributos.

4. El mundo se encamina hacia una producción más sostenible de alimentos.

Todo indica que la población mundial superará los 9.700 millones de personas en el 2050. La FAO pronostica que será necesario aumentar la producción de alimentos en más de un 70%. La producción de alimentos debe conducirse con estándares ambientales cada vez más estrictos para hacer sostenible ese crecimiento. Hasta ahora hemos subestimado sus costos ambientales, pero muchos países exigen cada vez más calidad social y ambiental en sus alimentos. La industria agroalimentaria argentina tiene un futuro mucho más potente si busca una mayor producción con menores impactos. Mientras este sector ha mostrado gran capacidad de innovación y adaptación en varios aspectos, es preocupante la aparición de algunos referentes del sector ganadero y su negacionismo respecto de las emisiones de metano. Es clave procurar su reducción, que es factible con cambios, tanto en la alimentación del ganado como en su manejo en el campo.

La creciente demanda mundial de alimentos orgánicos y saludables ofrece la oportunidad de complementar la producción agroindustrial con otra basada en prácticas de bajo impacto, trazabilidad y certificaciones de calidad. Las nuevas prácticas ganaderas basadas en el buen trato animal marcan una tendencia global que aún hoy en nuestro país es poco atendida. La ganadería regenerativa y el manejo ganadero en pastizales naturales ofrecen la oportunidad de recuperar biodiversidad y de reposicionar el prestigio de la carne argentina en el mundo, vital para el ingreso de divisas. En todos estos rubros tenemos productores que constituyen buenos ejemplos de lo que debemos multiplicar.

En relación a la pesca, nuestro país está entre los 25 mayores productores, pero nuestra historia ya mostró la velocidad a la que podemos colapsar un stock pesquero. La pesca en el mar argentino continúa siendo manejada por pocos, y allí la ciencia es la voz menos escuchada y la transparencia, ignorada. Al mismo tiempo, no se está cuidando el recurso frente a la pesca ilegal ni existe plan para desactivar el riesgo ambiental que generan las más de 500 embarcaciones que operan cada año sin control en la zona adyacente a la Zona Económica Exclusiva. Allí, nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad necesitan más recursos y directivas claras, instruidas sobre bases científicas.

Las capturas marinas pueden ser mucho más eficientes y sostenibles agregando más valor en tierra, aprovechando lo que hoy se descarta en el mar e instalando un sistema de trazabilidad en el que cada barco deba demostrar que su captura es legal y sostenible. Por otra parte, estamos en el puesto 102 a nivel global en producción acuícola. En nuestros ríos se superponen normas provinciales inconexas: la pesca industrial y la clandestina siguen causando conflictos y dejando sin peces a los pescadores artesanales. El desarrollo de la acuicultura de especies nativas puede multiplicar empleos y hacerlos sostenibles, proporcionando proteína animal de alta calidad. Nuevamente, hay que poner la ciencia de la ecología en la racionalidad del desarrollo.

5. La pérdida de bosques y humedales: todos se pasan la pelota.

La firma de nuestro país del compromiso global de deforestación cero para el 2030 plantea la urgencia de detener los desmontes. Sin embargo, son muchas las provincias que siguen otorgando permisos de desmonte incluso violando su propio ordenamiento territorial surgido de la ley de bosques[1].

Es más, todo indica que esos permisos se acelerarán en los próximos años, como suele ocurrir cada vez que se acerca una fecha para detener desmontes. Hoy la mitad de la deforestación es ilegal.[2]

La falta de fondos para apoyar la ley de bosques es un buen ejemplo de esta desidia nacional. Ello no quita la responsabilidad de las provincias que siguen otorgando permisos de desmonte, ni la del sector privado que en varios casos avanza por encima de la ley con la complicidad de las autoridades.

La demora en la aprobación de la ley de humedales, por su parte, es una muestra de la poca seriedad con que se ha tomado este tema que atañe a todas las provincias, pero despierta temores especialmente en las provincias mesopotámicas y en las mineras. En las primeras, por la gran proporción de sus territorios con humedales; en las segundas, porque nunca han sido proclives o bien a la regulación ambiental o bien a la transparencia en la implementación de las normas.

Impulsar una ley sin un trabajo sólido con esas y otras provincias transformó el objetivo de conservar los humedales en meras declaraciones y continuas tensiones. Es imprescindible retomar un diálogo maduro y urgente con ellas, que permita realizar un ordenamiento territorial y de jerarquización de los humedales con bases sólidas y respaldo legal.

Los humedales deben ser administrados por su valioso aporte como fuentes claves de biodiversidad, de agua y para la adaptación al cambio climático. Las provincias deben activar su conservación y manejo sostenible en vez de rehuir el debate por la presión de productores y desarrolladores urbanos locales. Para ello deben comprender la importancia de estos ecosistemas para la sustentabilidad de sus propias economías.

6. Volver a honrar nuestros parques nacionales y darles un futuro más potente.

Las metas de conservación de áreas silvestres basadas en la mejor ciencia disponible recomiendan la protección de un 30% como mínimo de las superficies terrestre y marina para abordar la crisis de la biodiversidad, el cambio climático, la provisión de servicios ecosistémicos esenciales y la reducción del riesgo de futuras zoonosis.

Nuestros parques nacionales, además de contribuir con los desafíos mencionados, son objeto de un turismo global creciente. La Argentina siempre ha exhibido con orgullo un buen sistema de áreas federales protegidas y en las últimas décadas se han creado nuevas. Es un impulso que debe continuar. Con una adecuada implementación y presupuesto, nuestros parques pueden convertirse en verdaderos motores de desarrollo para las comunidades adyacentes, generando nuevas oportunidades de trabajo e inclusión social. En este camino, es absolutamente injustificado admitir usurpaciones y la destrucción de sus bienes e instalaciones. Por otra parte, se debe promover el reconocimiento de las comunidades originarias argentinas y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Todos debemos cumplir las normas. No hay justificación alguna para admitir intrusiones violatorias de la ley, como tampoco la hay para permitir que propietarios privados con tierras dentro de nuestras áreas protegidas la incumplan.

Nacidos de la inspiración del perito Francisco Moreno a inicios del siglo pasado, los parques nacionales tienen hoy una misión renovada en la que además de asegurar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, también deben preservar bienes intangibles como el patrimonio histórico y cultural asociado al paisaje, potenciando así el turismo. Las áreas protegidas provinciales, municipales y privadas pueden tener un papel enorme para alcanzar el objetivo del 30% protegido. Para ello, el Sistema Federal de Áreas Protegidas debe tener la relevancia adecuada para alcanzar tal objetivo.

 

7. La minería necesita cambiar o será más demonizada.

La actividad industrial minera es sin lugar a dudas indispensable para disponer de una diversidad de materiales que utilizamos cotidianamente. La nueva economía basada en las tecnologías de la información y la descarbonización de la energía requieren de minerales que aumentan su valor. La salud, la educación, el transporte, las comunicaciones y en general, la producción de bienes y servicios dependen de la minería. Sin embargo, la actividad ha sido objeto en las últimas décadas de una “demonización” que tiene su origen en razones atendibles.

Falta de transparencia, arreglos bajo la mesa entre empresas y gobiernos, hechos de violencia hacia quienes se manifiestan en contra de sus proyectos, repetidos derrames de contaminantes, destrucción de glaciares y otros ecosistemas frágiles para abrir pasos y caminos, son elementos que han generado una reacción “anti-minera” que ha escalado hasta llegar a prohibirse ciertos tipos de minería en algunas provincias.

La intensa conflictividad de la industria minera demuestra una incapacidad manifiesta de negociar con transparencia el ordenamiento del territorio y sus mecanismos de supervisión y control. En gran medida, es un enorme desafío para las empresas mineras, que lejos de escuchar a las comunidades locales han preferido avanzar muchas veces en procedimientos administrativos con nula o escasa participación, incluso con el aval de las autoridades.

Se trata de un desafío principalmente para la dirigencia política, que suele instalarse cómodamente en posiciones extremas de un lado u otro. Es preciso alcanzar un ordenamiento territorial que permita el desarrollo minero minimizando impactos, para lo cual el camino es diseñar ese ordenamiento de modo participativo, con base científica y en el marco de un programa de estado de desarrollo de las economías regionales. Esconder impactos o exagerarlos impide un debate racional. La conservación y la producción minera deben encontrar un punto de equilibrio.

8. Sin plan para adaptarnos a los impactos.

En materia de adaptación a la crisis climática, la indefensión de nuestro país es alarmante. La propia Auditoría General de la Nación confirmó en el 2021 que el país no tiene un plan.

Muy pocas ciudades tienen planes de adaptación basados tanto en medidas estructurales (de ingeniería) como no estructurales (ecosistémicas), para hacer frente a una mayor frecuencia de inundaciones y tormentas severas. No tenemos plan que contemple la vulnerabilidad creciente ante inundaciones producto de sudestadas y lluvias intensas. El aumento del nivel del río de la Plata y del mar en la costa bonaerense, desde Quilmes, Berisso y Ensenada hasta Villa Gesell, debe ser materia de evaluación: no hay plan para evaluar en qué sitios deberemos adaptar áreas urbanas e infraestructura (rutas, puentes, etc.) que se verán afectadas en los próximos años.

Es muy grande la fragilidad de nuestro país al momento de enfrentar los incendios que se multiplican descontrolados en los períodos extensos de sequía. Todo indica que el cambio climático está prolongando y exacerbando esos períodos secos, lo que nos coloca en una situación de vulnerabilidad extrema. Necesitamos un plan de manejo del fuego más moderno y eficiente ante el aumento previsible de incendios forestales y de pastizales y que permita prepararnos para evitar niveles catastróficos como los que hemos tenido en los últimos meses.

La reciente modificación de la ley de manejo del fuego puso el eje en culpabilizar a los propietarios de los campos antes que en colocar al Estado en capacidad de actuar ante este fenómeno extremadamente complejo. El Plan Nacional de Manejo del Fuego no sólo necesita recursos económicos y logísticos. Se necesita también más gestión, estrategia y coordinación. El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo es el organismo que debe encargarse de esta tarea. Es el organismo clave para la etapa de riesgos crecientes que comenzamos a transitar.

Todos los centros urbanos deben prepararse para reducir el impacto previsto de una ampliación en frecuencia e intensidad de las olas de calor. En tal sentido, la creación de nuevas áreas naturales protegidas urbanas y suburbanas es una herramienta estratégica que la Argentina debe impulsar aceleradamente. Si las negociaciones globales no avanzan con pasos concretos, el aumento planetario de temperatura en este siglo será de casi 3oC por encima del promedio, multiplicando 36 veces las olas de calor. Los cortes en los servicios de electricidad y agua asociados a esos eventos impactarán especialmente sobre niños y ancianos.

Estas tendencias, entre otras, muestran que hemos ingresado en una etapa de cambios profundos en nuestro sistema climático. Es necesario crear un plan de adaptación a la crisis climática a través del cual cada provincia, cada jurisdicción, debe prepararse para ser parte del plan, para proteger sus recursos y especialmente a sus ciudadanos. El Estado nacional, por su lado, debe asistir a las provincias y a los ciudadanos afectados con un sistema de respuesta rápida, acorde a la nueva dimensión de estos impactos.

Adaptarnos mejor a los impactos de la crisis climática nos ofrece, además, muchas oportunidades para crear empleos. Las inversiones globales proyectadas en materia de adaptación basada en la naturaleza generarán, según el Foro Económico de Davos, 395 millones de empleos en el 2030.

 

9. Es hora de adaptar la política a la crisis climática y no al revés.

Hoy no tenemos una institucionalidad robusta para diseñar una política climática y poner a la Argentina en el sendero de la inédita transición a la que se encamina el mundo. El Gabinete Interministerial de Cambio Climático se encuentra debilitado. Esta debilidad es una barrera fatal cuando la política climática debe pasar de lo meramente declarativo a ser el eje rector que define las condiciones para el desarrollo de los diferentes sectores de la economía. Carecemos de esa institucionalidad capaz de resolver las inevitables tensiones que el Estado debe administrar.

Más allá de la responsabilidad coyuntural de un gobierno dado, la sumisión de la política ambiental a las áreas económicas es una regla que ha prevalecido en todos los gobiernos de las últimas décadas.Ahora necesitamos que la política ambiental, ante la creciente crisis climática, establezca el marco de la agenda del desarrollo. Vivimos en un estado creciente de inseguridad ambiental. Una respuesta sólida que aumente esa seguridad, acordada por la dirigencia política, empresarial y social, aumentará las oportunidades de inversiones y empleos.

Un acuerdo de ese tipo será frágil o potente según sus condiciones políticas y éticas. Un buen ejemplo lo señaló recientemente el ex ministro de ambiente del Perú, Manuel Pulgar Vidal, quien planteó en el contexto de la COP26 que América Latina tiene un futuro oscuro, sin financiación, si sus países pretenden acceder a fondos internacionales sin adecuar mecanismos para evitar que su uso no caiga en el terreno de la corrupción.

Nuestro entorno social y económico vivirá durante estas décadas profundos cambios que ya han comenzado a acelerarse. La sociedad global consumirá cada vez más alimentos orgánicos y libres de maltrato animal. El teletrabajo y la teleeducación, la movilidad eléctrica y en base a combustibles de cero emisiones serán las tendencias dominantes, cambiando la configuración del transporte de personas y mercaderías. No es sólo un cambio tecnológico, es también un cambio profundo en el modo en que accedemos a la movilidad.

Las energías limpias habrán aumentado significativamente su inserción en las matrices energéticas de muchos países, acelerándose aún más el ritmo de incorporación actual. En muchas ciudades, millones de viviendas producirán su propia energía y la intercambiarán continuamente con sus vehículos eléctricos, que actuarán como baterías dispersas en movimiento, capaces de integrarse al sistema interconectado de electricidad.

Las entidades financieras dejarán de respaldar actividades vinculadas a los combustibles fósiles. Al mismo tiempo el mal uso de valiosos recursos naturales como el agua será penalizado globalmente. Aún en medio de la actual crisis bélica en su borde oriental, Europa sigue avanzando en esa dirección, consciente de que forma parte de su estrategia hacia una mayor independencia energética.

10. Debemos estar a la altura del desafío de este nuevo contexto.

Los firmantes hacen un llamado a considerar el valor clave y estratégico que implica hoy la integración de una dimensión ambiental racional en las decisiones que se adoptan.

“Si queremos exportar más tendremos que adaptarnos rápidamente a una nueva realidad: la agenda ambiental moldeará la economía global durante los próximos años. Para integrarnos, se deberán medir factores clave como la deforestación, la sobrepesca y sus efectos ecosistémicos asociados para poder ofrecer productos que garanticen sostenibilidad, trazabilidad y transparencia”, señalan en un fragmento del documento.

El documento analiza el impacto de los distintos sectores productivos y hace recomendaciones para que el desarrollo nacional sea verdaderamente sostenible. Los firmantes sostienen allí que “la finitud de los recursos naturales requiere cada vez más eficiencia en su administración” y que se necesitan diversas políticas sectoriales específicas que abarquen desde la energía hasta los residuos.

Respecto del sector energético, se afirma que el enorme potencial que tiene el país para producir energías limpias (solar, eólica, bioenergías, etcétera) no podrá desplegarse para realizar la transición energética si compite con combustibles fósiles fuertemente subsidiados. Y agrega que es necesario enmarcar la promoción de inversiones en hidrocarburos dentro de los objetivos de mitigación de gases de efecto invernadero a los que el país ya se comprometió.

En un capítulo del documento, se remarca que la intensa conflictividad que genera la industria minera demuestra una incapacidad manifiesta de negociar con transparencia el ordenamiento del territorio y sus mecanismos de supervisión y control. “La falta de transparencia, arreglos bajo la mesa entre empresas y gobiernos, hechos de violencia hacia quienes se manifiestan en contra de sus proyectos, repetidos derrames de contaminantes y la destrucción de glaciares, entre otros, son la base de la desconfianza hacia el sector”, dice.

Y afirma por otra parte que la industria agroalimentaria argentina tiene un futuro mucho más potente si busca producir más con menores impactos.

Por último, los firmantes reclaman que la política climática pase de lo meramente declarativo a ser el eje rector que defina las condiciones para el desarrollo de los diferentes sectores de la economía y piden crear un plan de adaptación a la crisis climática a través del cual cada provincia, cada jurisdicción, deba prepararse para proteger sus recursos y especialmente a sus ciudadanos.

“Hoy estamos frente a cuatro crisis – finalizan- la pandémica o postpandémica, la económico-social argentina, la del nuevo contexto geopolítico global y la ambiental, que es climática y de biodiversidad. Sin sostenibilidad ambiental no hay salida: sólo habrá crisis cada vez más graves”, concluyeron.

 

Firmantes:
Ardura, Fernando; Bertonatti, Claudio; Bilbao, Consuelo; Breglia, Nahuel; Caeiro, Federico; Campagna, Claudio; Casañas, Hernán; Castelli, Luis; Corcuera, Javier; Crespo, Enrique; Diotti, Carolina; Ezcurra, Emiliano; Fernández Balboa, Carlos; Fraguío, Martín; Giacchino, Adrián; Goncalves, Alejandra; Gorostarzu, Gonzalo; Lutzky, Claudio; Martínez, Luis; Masariche, Mariano; Protomastro, Gustavo; Pujó, Lorena; Quispe, Carina; Rabassa, Jorge; Raggio, Juan; Román, Ricardo Marcelo; Roulet, Elva; Sabsay, Daniel; Salerno, Silvia; Savino, Atilio, Schvartzman, Milko; Soto, Pedro Joaquín; Stancich, Elba; Taboada, Miguel Ángel; Testa, María Eugenia; Vázquez, Javier José; Villalonga, Juan Carlos; Vogt, María Laura; Von Below, Jonathan; Winograd, Alejandro.

Para adherir al documento, ingresar al formulario : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScit2a91BbJ-0vaUA-we2ZVh2H2KRHsI_xI7mT-8ACWRZyS4g/viewform

 

 

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