Incendios forestales en Misiones: “Es clave un cambio cultural en Yabotí para evitar quemas ilegales y que la Justicia avance en determinar las responsabilidades por los daños causados”, dijo el representante legal de Juan Alberto SA

Silvio Contreras es el abogado de la familia Harriet, propietaria de la empresa Juan Alberto SA que realiza aprovechamiento sustentable de madera en la Reserva de Biosfera Yabotí, en El Soberbio. En noviembre, en el Paraje Mandarina, Colonia Pepirí, ocupantes iniciaron una quema ilegal en el Lote 8 y se perdieron en el fuego 313 hectáreas de bosques nativos de alto valor para el ecosistema. Pero aún no avanzó la investigación. “La empresa se presentará como querellante en la causa penal iniciada por el Gobierno de Misiones, queremos que la Justicia identifique a los responsables y aplique las sanciones correspondientes según la legislación vigente”, adelantó Contreras.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

 

MISIONES (2/1/2021).- La tecnología a través de monitoreos satelitales (SIG), el alerta temprana en el territorio con la detección de focos de incendios forestales y el ataque a tiempo de los brigadistas y bomberos voluntarios -una vez fortalecidos en recursos y capacidades- como base local de primera acción ante las quemas, son aspectos que analizan en el gobierno provincial reforzar en el Plan de Manejo de Fuego ante el Cambio Climático que incrementa los riesgos y extiende la temporada crítica y el alerta máxima a prácticamente todo el año, entre abril y noviembre, según indican los especialista consultados.

Tras las pérdidas ambientales y económicas registradas en noviembre en la Reserva de Biosfera Yabotí, afectando propiedades privadas con bosques nativos y reservas privadas. El fuego quemó 313 hectáreas de Juan Alberto SA en el Lote 8 y Lote 9 en Yabotí, y dañó áreas de la Reserva Natural Cultural Papel Misionero, el remanente más grande de monte primario del Bosque Atlántico en la provincia. Pero además, durante esa misma semana, en cadena se generó una serie de focos simultáneos entre la zona centro y sur de Misiones, amenazando áreas naturales como el Parque Provincial Teyú Cuaré y el Parque Temático de la Cruz de Santa Ana. Cerca de mil hectáreas entre bosques nativos y pinares, según datos preliminares, fueron afectadas entre el 23 y el 25 de noviembre.

 

Las investigaciones judiciales, los peritajes que permitirán identificar a los responsables de los daños ambientales están en marcha. El gobierno provincial se presentó como querellante para determinar responsabilidades e inició en diciembre una causa penal por el incendio en Paraje Mandarina, Colonia Pepiri, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí.

En diálogo con Radio Libertad, el representante legal de la empresa Juan Alberto SA, Silvio Contreras, se refirió al proceso que llevan adelante desde el siniestro, ya que fue un incendio que generó grandes pérdidas ambientales por la quema de bosques nativos en la selva misionera, abarcando una superficie de 313 hectáreas de bosques nativos, en el Lote 8 y Lote 9.

“En las próximas semanas podremos acceder al expediente para ver los avances, ya que la familia decidió acompañar el proceso iniciado por la Provincia y se constituirá como querellante. Las pericias preliminares indican que “no fue un incendio accidental o natural”. En el lote un ocupante de tierras inició una quema cuando estaba prohibido, y esta se fue de control el día sábado 19 de noviembre. Los guardaparques de Moconá y Bomberos Voluntarios apagaron el fuego, pero por los fuertes vientos y la sequía que había en el lugar, las llamas se reavivaron el domingo y el foco solo pudo ser apagado con las llegadas de las lluvias el viernes siguiente, y se realizaron varios días de guardia de cenizas. Es decir que hubo negligencia o impericia, y esto fue lo que provocó un grave daño al propietario y al ambiente de la selva misionera. Más allá de que sea doloso o no, hay responsables del inicio del fuego y eso es lo que hay que determinar”, planteó el abogado.

De acuerdo al Art 189 del Código Penal Argentino, los daños por incendios están contemplados bajo la figura de peligro por “Estragos”, un delito penal que consiste causar un daño de grandes proporciones y que haya generado un peligro común. Tiene una pena de 3 a 10 años, y no es excarcelable.

En el lote 8 trabajaron bomberos voluntarios de El Soberbio, Andresito, San Pedro, Iguazú, Apóstoles, guardaparques, brigadistas, y pobladores de la zona que en forma solidaria asistieron durante toda la semana para aplacar las llamas y socorrer a las personas que luchaban en la primera línea de fuego. Además, hubo refuerzo con el avión hidrante del Plan Nacional de Manejo del Fuego. “Se trabajó intensamente durante esa semana, en el despeje y corta fuego, se dispuso de 6 zanellos, topadoras, pero el fuego siguió avanzando y tomó dimensiones tremendas al quemar bosques nativos. Los focos activos se mantuvieron hasta el 29 de noviembre”, sostuvo Contreras.

Si bien adelantó que hay dos personas que serán denunciadas como sospechosas de haber iniciado el fuego, serían hermanos y ocupantes del Lote 8, aun todo es materia de investigación. “Estas personas que iniciaron el fuego, sabían que estaba vigente la prohibición de quemar y de realizar rozados dentro del lote. Son personas que ya habían sido desalojadas por la Justicia por una denuncia por usurpación, pero en la última mesa de diálogo donde se acordó la entrega de tierras a las familias históricas, la empresa donó 12 has al gobierno provincial para que fueran incorporados al acuerdo histórico. Pero el principal compromiso que pidió el gobernador fue no dar un cambio al uso de suelo dentro de Yabotí, que modifiquen su manera de producir dentro de la reserva, que busquen actividades que no vayan en contra del desarrollo de un área natural. Es una cuestión cultural, pero después suceden estos incendios. Por ello, la empresa quiere que la Justicia determine quiénes son los responsables, para que esto no vuelva a ocurrir en el lugar. Es necesario avanzar en una investigación seria y con sanciones efectivas”, dijo el abogado.

Para Contreras, no son necesarias penas más duras en la problemática de incendios forestales sino que “se las aplique. La figura penal existe y las leyes están vigentes, lo que no sucede es que se aplique una sanción efectiva ante el daño ambiental y económico generado. La gente vuelve a reincidir, vuelve a quemar, se vuelve a desbordar la situación y no pasa nada. Esto ocurre muy seguido en Misiones, que por intrusión decidan “limpiar” el lote y allí arrasan con todo para levantar su vivienda o plantar, pero con las quemas ponen en peligro otras vidas. Y la Justicia es lenta para este tipo de delitos. Se necesita acelerar los procesos judiciales para lograr una actuación más rápida en todo lo que se refiere a delitos rurales, ya que demandan un tratamiento de urgencia muchas veces. Tengo un caso en Oberá donde iniciaron un incendio y pudo haber terminado en una desgracia si no fuera por los Bomberos Voluntarios, ya que estaba muy cerca de la zona urbana y lindante a un asilo de ancianos. Pero en nada se avanzó contra los intrusos. Se necesita mayor celeridad, rigurosidad y eficiencia en la aplicación de las normas”, concluyó el representante de la familia Harriet.

Investigaciones judiciales por daños ambientales: una de las “adaptaciones” jurídicas a revisar frente al Cambio Climático

Los incendios forestales están directamente relacionados a los desmontes y el Cambio Climático. En el país en 2020 generaron estragos ya que por la sequía extrema y el alto riesgo de propagación del fuego al iniciarse una quema afectó a grandes extensiones en Santa Fe y Entre Ríos, en los humedales y las Islas del Delta; además de Córdoba y provincias del NEA.

En las ultimas semanas de enero, se suman los registrados en Río Negro, en un área cercana a El Bolsón, donde ya se perdieron en las llamas más de 8 mil hectáreas de bosques nativos y plantaciones. Pero en este último caso, la Justicia avanzó con la imputación del delito penal.

“Este viernes, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro imputó a tres hombres y tres mujeres de entre 29 y 36 años como coautores del delito de incendio, resultado de la investigación realizada para identificar a los responsables del inicio del fuego”, publicó el diario Río Negro.

Los acusados tienen domicilio en las localidades rionegrinas de Cipolletti, Fernández Oro y Allen. Uno de ellos es poseedor del terreno en el que se habría iniciado el incendio, en el barrio El Mirador del paraje Los Repollos, muy cerca de la intersección entre las rutas 40 y 6. Al parecer, no habrían apagado debidamente las brasas luego de encender un fuego sobre una chapa en contacto directo con el suelo. Tal como lo solicitó la fiscalía, la investigación preliminar preparatoria durará cuatro meses. El artículo 186, inciso 2° b, del Código Penal, prevé una reclusión o prisión de tres a diez años para el delito de incendio.

En Corrientes y Misiones se enfrentó a fines de noviembre la peor semana de la temporada en la lucha contra los incendios forestales. Sólo las lluvias lograron aplacar las llamas. Y entre Virasoro e Ituzaingó se quemaron más de 20 mil hectáreas.

Mientras que en el norte y centro de la provincia de Misiones se registraron quemas intencionales de pinares que amenazaron ingresar a las áreas naturales protegidas, sucediendo la mayor tragedia ambiental en el lote privado de la Reserva de Biosfera Yabotí; en el NE de Corrientes se registraba el mayor incendio de la historia de la provincia, con más de 20 mil hectáreas quemadas de pinos, eucaliptos y producción forestal, que ardieron prácticamente en 48 horas en Virasoro e Ituzaingó.

Aún se investigan las causas del incendio forestal, un propietario de un campo inició una investigación y pidió un análisis técnico para determinar cuándo, cómo, y dónde inició la quema que “saltó” a su establecimiento. El trabajo resultó en un monitoreo satelital que revela cómo fue la evolución del siniestro que afectó al establecimiento “La Malena” y predios lindantes, en Ituzaingó.

 

 

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