Reflexiones para el día después del COVID-19

Análisis del Dr. Mario Pastorino, de la Unidad de Genética Ecológica y Mejoramiento Forestal (INTA EEA Bariloche) del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche (IFAB) INTA-CONICET.

 

Martes 30 de junio de 2020, Argentina.

Un cisne negro de múltiples impactos: una reacción que no puede quedarse en la coyuntura

“Todo tiene un final, todo termina…” reza el clásico del rock nacional. Y aunque ya parezca que será eterna, la pandemia del COVID-19 también va a terminar y con ella la cuarentena.

Tenemos que comenzar a pensar en el día después, y así ganar tiempo para la recuperación de las duras consecuencias que este evento inédito dejará en todos nosotros. Los impactos son múltiples, y seremos muy poco sabios si nos quedamos en consideraciones coyunturales y no profundizamos en evaluaciones estructurales. El mejor provecho que podríamos sacar de esta experiencia colectiva traumática sería, al menos, un análisis crítico y reflexivo de las estructuras que dieron lugar a la enfermedad y sus drásticas derivaciones.

Pese a que la pandemia es un evento global y da pie a pensar en sus consecuencias a nivel de toda la humanidad, estas breves reflexiones no tienen pretensiones más que locales. Ya que se trata de una enfermedad, el efecto más evidente se refiere al sistema de salud. ¿Tenemos un sistema sanitario adecuado?.

Habrá que reflexionar no sólo sobre la infraestructura disponible sino también sobre su forma de organización, el papel del Estado y del sector privado, su vinculación con el sistema científico, su desarrollo territorial, la cantidad y calidad de sus recursos humanos. La situación límite que significa esta pandemia nos está dejando muchas lecciones que no podemos desaprovechar.

En cierto sentido, el impacto económico tiene mayor relevancia que el sanitario, por el carácter general de su efecto. Es que el golpe que la pandemia ha asestado contra la economía de Argentina es muy duro. Veníamos de una situación delicada, con una proyección al decrecimiento de nuestro PBI de 1,5 % para este año, como arrastre del desastroso resultado económico de 2019.

Con el COVID-19, esas proyecciones se derrumbaron al 9,5 % negativo, lo que nos vaticina la profundización de la recesión. La capacidad industrial instalada en Argentina actualmente funciona a menos del 50 %. El hambre crece y el sufrimiento de los argentinos se expande como se expandió el virus. Aunque nuestro país tiene una gran experiencia en las crisis económicas recurrentes, esta vino con la novedad de no ser una crisis de oferta sino más bien de demanda: hay menos compradores que vendedores.

Ante esta situación económica, el Estado decidió una política de intervención coyuntural “poniendo algo de plata en los bolsillos” de la gente, primero de las clases más vulnerables, pero luego también en las clases medias con empleo en blanco.

Se otorgaron bonos a jubilados y a beneficiarios de planes sociales y de la Asignación Universal por Hijo (AUH), se creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para 9 millones de personas, se reforzó la provisión de alimentos a comedores comunitarios, se otorgó un bono para el personal de salud y de seguridad, se bajaron aportes patronales a algunas actividades, se creó el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) por el cual el Estado paga parte de los salarios de los trabajadores de empresas en crisis, se otorgaron pequeños créditos a monotributistas a tasa 0 % y con 6 meses de gracia. Esta intervención estatal procuró no sólo dar asistencia a las personas más afectadas sino también sostener un mínimo nivel de demanda que evite el desplome de más cortinas de nuestra industria nacional.

Frente a esta realidad, es evidente que al finalizar la pandemia todos los estamentos dirigenciales de la Argentina estarán abocados a la recuperación económica del país; a volver a poner en marcha la totalidad de la capacidad industrial instalada; a procurar un rebote que le dé algún alivio a la gente y nos permita pensar en un crecimiento futuro como sociedad.

Claro que eso está bien. Sin embargo, lo urgente no puede tapar lo necesario. Debemos prepararnos para encarar respuestas sanitarias y económicas, pero también en otros múltiples aspectos, tal vez no urgentes, pero sí imprescindibles, como la reformulación de costumbres en el relacionamiento social, o la construcción de una sociedad más solidaria dada la evidencia de que la salud propia depende de la del conjunto.

En esta misma línea, y para reducir las probabilidades de volver a tropezar con la misma piedra, es ineludible una consideración ambiental y el desarrollo de acciones en consecuencia.

¿Prevenir el incendio o apagar el fuego?

El COVID-19 es una enfermedad zoonótica, o sea transmitida de una especie animal al ser humano, como el hanta, la rabia, el dengue, el zika, la triquinosis, la tuberculosis, la hidatidosis, el cólera, la fiebre amarilla y tantas otras. Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, un 60 % de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas, y cada año aparecen cinco enfermedades nuevas de las cuales tres son de origen animal.

Datos como estos han llevado a desarrollar el concepto de “una sola salud”, que se resumen en considerar que la salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas, constituyendo una interfaz animal-hombre-ecosistema.

Según el Programa Ambiental de la ONU, el surgimiento de estas enfermedades se ve promovido por diversas causas antrópicas, tanto indirectas como directas. El cambio climático provocado por el aumento exponencial de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, producto de la actividad humana, es sin dudas la causa indirecta más relevante por su impacto global.

Su efecto se refleja en la ocurrencia de eventos extremos catastróficos que degradan el ambiente de forma muy significativa, como extensas inundaciones, sequías prolongadas, explosiones demográficas de plagas (y sus patógenos asociados), y grandes incendios devastadores de ecosistemas. Para señalar la relevancia de estos eventos en Argentina, basta con citar el dato de que entre 2010 y 2016 se quemaron en promedio 102.000 ha de bosques nativos por año en nuestro país (SGAyDS 2018).

Causas directas de responsabilidad humana que promueven la emergencia de enfermedades zoonóticas son el tráfico de fauna silvestre, la intensificación de la producción agropecuaria y la deforestación y cambio de uso de la tierra. Todas ellas rompen el equilibrio ecológico que contribuye a que los patógenos se circunscriban a las especies de animales sobre las que se desarrollan en forma natural cumpliendo parte de ese equilibrio en su control demográfico.

La aparición en las últimas décadas de enfermedades emergentes como el SIDA, el ébola, la gripe A, el SARS y ahora el Covid 19, parecen ser el resultado del quiebre de barreras ecológicas por causas antrópicas, lo que ha permitido que esas enfermedades “saltaran” de los animales al ser humano.

El crecimiento demográfico exponencial, la pérdida de hábitats de los animales salvajes y el uso intensivo de los recursos naturales, ha llevado al incremento del contacto entre las poblaciones de animales y las poblaciones humanas. Ese contacto acrecentado vuelve más frecuente la ocurrencia del contagio inter-específico, facilitado por las constantes mutaciones de los patógenos que les permiten adaptarse a nuevos hospedadores.

Así las cosas, la emergencia de una nueva enfermedad zoonótica parece ser sólo cuestión de tiempo. Cabe entonces preguntarse qué estrategia decidiremos como humanidad para enfrentar ese pronóstico aciago: ¿esperamos a que aparezca esa nueva enfermedad para tratar de curar a los contagiados? ¿o procuramos prevenir su emergencia? ¿Apagamos el incendio o quitamos combustible para que no se inicie el fuego?

 

La salud humana depende de la salud ambiental

Un ambiente saludable, con los ciclos biogeoquímicos en equilibrio, con las cadenas tróficas estables, con los caminos evolutivos sin distorsiones, será sin dudas la mejor estrategia para la prevención de nuevas enfermedades. Como forestales, nos preocupan y ocupan los ecosistemas boscosos.

Según estadísticas oficiales del Ministerio de Ambiente nacional (2017) ente 1990 y 2014 perdimos 7.226.000 ha de bosque nativo, a razón de 289.000 ha por año, con un pico de casi 400.000 ha en 2010, una posterior caída a 156.000 ha en 2016 y un leve repunte hasta 187.000 ha en 2018.

Evolución de la superficie deforestada en Argentina (en hectáreas) entre los años 1990 y 2018 (de MAyDS 2017 y SGAyDS 2019).

Pero el problema no se agota en la deforestación. Ese es el signo más evidente y fácil de cuantificar de degradación de los ecosistemas boscosos, pero también existen niveles intermedios de degradación, producto de la extracción selectiva de árboles y distintas intensidades de uso ganadero.

En este sentido, vamos percibiendo que, en muchos casos, a la oportuna propuesta de manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI) parece que le sobraron tres letras. Así, esta propuesta técnica superadora es frecuentemente desvirtuada, de forma que poco le queda de manejo de bosques y se termina reduciendo a sistemas ganaderos dentro de bosques.

El Manejo de Bosques implica necesariamente considerar la regeneración del mismo, que puede ser tanto natural como asistida (plantación). La extracción de árboles y el ganado pastoreando dentro del bosque deben regularse con criterios silvícolas de modo que la regeneración se instale y prospere hasta llegar a la etapa reproductiva. Si esto no se verifica, entonces no se está manejando el bosque sino que se lo está remplazando lentamente a través de un proceso artificial que se simula natural.

Cambio de uso del suelo en la Selva Misionera. 

Pastoreo intensivo en la Selva Misionera degradada

En el circuito económico formal entran anualmente 3.776.591 toneladas de productos madereros extraídos del bosque natural (promedio del período 2010 – 2016, SGAyDS 2018), raramente con criterios silvícolas, correspondientes a rollizos, leña, leña para carbón, postes y otros productos de menor importancia (el 94 % proviene de la Región Chaqueña).

Probablemente una cantidad igual o superior se integre al circuito económico informal que caracteriza a la producción forestal del bosque natural.

Las actividades productivas forestales durante la cuarentena del COVID-19 se vieron drásticamente reducidas, y es esperable que se impulsen en la post-cuarentena al igual que todas las actividades productivas. Paradójicamente, es posible que el empeño por superar el impacto económico de la pandemia termine por contribuir a dañar más el ambiente. Si no consideramos este posible efecto adverso, estaremos echando leña a la hoguera de la próxima pandemia.

La agenda ambiental ya está instalada en el Estado Nacional. Hay múltiples compromisos nacionales e internacionales que así lo reflejan. La Ley 26.331 de Conservación de Bosques Nativos es en la actualidad el máximo exponente legal para el cuidado de nuestros bosques. Su buen funcionamiento, medido por su impacto real en la conservación de los ecosistemas boscosos naturales, es imprescindible y urgente. Todos los años asistimos a su violación con cifras alarmantes de deforestaciones, aun autorizadas, e incluso en zonas rojas. Estos delitos ambientales no pueden pagarse con un sistema de multas, sino con la imposición de la restauración de los bosques devastados o degradados.

Internacionalmente nos hemos comprometido a reducir nuestras emisiones de carbono proyectadas un 18,5 % para 2030. Este objetivo se ha programado a través del Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático (PANByCC) del Ministerio de Ambiente, que incluye una estrategia REDD+, o sea reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, y la captura adicional de carbono por plantaciones.

De acuerdo a las Salvaguardas de Cancún (COP16 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) estas capturas adicionales no pueden hacerse a través del remplazo de bosques nativos por plantaciones de especies de rápido crecimiento. Por lo tanto, debemos conservar nuestros bosques nativos, conservarlos sanos, enriquecerlos cuando estén empobrecidos y restaurarlos cuando estén degradados o devastados. De este modo también estaremos dando respuesta al Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto, a la Convención de Diversidad Biológica y al Proceso de Montreal, de los cuales la Argentina es parte.

Luego de algunas experiencias preliminares, en 2018 el Ministerio de Ambiente lanzó, en el marco del PANByCC, un Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos, con convocatorias abiertas a la presentación de proyectos en distintas regiones del país.

La meta declarada apunta a lograr para 2030 la restauración de 20.000 ha de bosques por año, un objetivo del que estamos aún a años luz. El financiamiento otorgado se limitó al primer año de cada proyecto, dejándolos luego sin continuidad. Ese puntapié inicial fue relevante, despertó un interés genuino en la comunidad y representó una propuesta federal que puso en evidencia las capacidades locales.

Sin embargo, sin un financiamiento continuo, nacional o provincial, los proyectos no superarán el nivel de experiencia anecdótica.

Un relanzamiento del programa como una de las respuestas formales frente a la post-pandemia, sería no sólo una reacción adecuada dada la relación mencionada entre la pandemia y el deterioro ambiental, sino que podría ser una oportunidad de generación de empleo de baja y mediana calificación en sectores rurales o periurbanos y un mensaje simbólico, positivo y propositivo de fuerte impacto en toda la sociedad.

Un proyecto así debería proponerse nuevos objetivos y buscar nuevas formas de organización, con una propuesta nacional que involucre el compromiso de los estados provinciales.

Plantación de lengas y coihues en 2018 en el marco del Proyecto de Restauración de la Ladera Sur del Cerro Otto (Bariloche) del Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos del MAyDS.

 

Conclusiones

Así como imaginamos diversos planes de recuperación económica, con una intervención activa del Estado Nacional y los estados provinciales, es necesario que se elabore un plan ambiental en respuesta a la pandemia. Eso mostraría a la sociedad argentina que hemos entendido el problema, que no se trata únicamente de pasar el mal trago, sino de actuar sobre la raíz del problema, y hacer lo que esté a nuestro alcance para que no vuelva a suceder.

 

 

(*) Ingeniero Forestal
Contacto: pastorino.mario@inta.gob.ar
Unidad de Genética Ecológica y Mejoramiento Forestal (INTA EEA Bariloche)
Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche (IFAB) INTA-CONICET

 

Este artículo forma parte del espacio mensual de la REDFOR.ar, en ArgentinaForestal.com, que busca divulgar y generar debate sobre la problemática forestal del país. Las opiniones pertenecen a los autores. 

 

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