El Gobierno Nacional dispuso la reducción de entre 20% y 40% la tarifa máxima del servicio de pilotaje y practicaje en los puertos del país para aumentar la competitividad del sector portuario, mediante la resolución 9-E/2018 publicada esta semana en el Boletín Oficial.
Por Patricia Escobar
BUENOS AIRES (21/1/2018).- El Gobierno Nacional dispuso la reducción de entre 20% y 40% la tarifa máxima del servicio de pilotaje y practicaje en los puertos del país para aumentar la competitividad del sector portuario, mediante la resolución 9-E/2018 publicada esta semana en el Boletín Oficial. Los costos de practicaje y pilotaje fueron desregulados en el ‘92. Aunque el gobierno federal podía fijar topes a las tarifas, es la primera vez que se hace.
La medida fue tomada luego de la audiencia pública del 12 de diciembre pasado para fijar una tarifa máxima en el servicio de practicaje, uno de los costos logísticos que paga el productor por el traslado de sus productos desde y hacia los puertos fluviales, informó el Ministerio de Transporte de la Nación.
La audiencia pública, la primera de estas características en 25 años, contó con el apoyo de los gobiernos de Tierra del Fuego, Chubut, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones.
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Además del nuevo cuadro tarifario, que se actualizará anualmente, para garantizar mayor eficacia y regularización, en la audiencia se acordó con todos los actores del sector consideraciones relacionadas con la eliminación de las limitaciones en el coeficiente máximo a aplicar, y una bonificación especial para aquellas empresas con mayoría de capital nacional.
En un comunicado, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, señaló al respecto que “desde el primer día definimos con el Presidente (Mauricio Macri) el espacio estratégico que tiene el sector de los puertos y las vías navegables para el desarrollo del país. Durante muchos años fue abandonado, desatendido. Ya no más”.
“Queremos -planteó el ministro- nuevas reglas claras, que aseguren la competitividad de un servicio que es fundamental para la seguridad de la navegación. Una Argentina competitiva, es una Argentina que crece”, afirmó.
El Gobierno Nacional ya realizó importantes avances en el desarrollo del servicio de practicaje como fueron la limitación de la responsabilidad civil, lo que puso al práctico en igual de condiciones con el resto de los profesionales. Además, en conjunto con Prefectura Naval, se mejoró los márgenes de seguridad de navegación en el servicio, según se informó oficialmente.
“Más competitividad”
Jorge Metz, subsecretario de Puertos y Vías Navegables, destacó que “esta medida resulta fundamental para lograr mayor competitividad en el servicio de practicaje y pilotaje en todo el país. Venimos de décadas donde el servicio estaba desregulado y la problemática se incrementaba año a año”, según publicó Télam.
Expuso que “realizamos una Audiencia Pública y ahora estamos fijando las tarifas máximas, reduciendo entre un 20 y un 40 por ciento las tarifas, lo que provoca una mejorar los costos logísticos, transparencia en el mercado y un paso más para que todo el sector portuario siga creciendo”.
Recordó Metz que hasta 1991 la retribución por los servicios de practicaje se regía por un cuadro tarifario fijado por el Estado, pero entonces fue desregulado y se permitió la libre contratación entre privados, reservándose al Estado la facultad de imponer tarifas máximas, lo que se hizo por última vez en 1992.
“Hoy la tarifa se encuentra desactualizada e inobservada por lo que existe una marcada discrecionalidad y dispersión según las distintas zonas en las que se cobra, no existe oferta competitiva y el mercado está cerrado a la entrada de nuevos actores; todo esto incide directamente en el costo logístico argentino”, indicó el comunicado de Transporte.
Avances de la Mesa Foresto-industrial
El Presidente Mauricio Macri y el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Etchevehere, mantuvieron una reunión con los principales representantes de la Mesa de Competitividad de la Cadena Foresto-industrial y los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de Corrientes, Gustavo Valdés, el lunes 15 de enero en la Casa Rosada. En la oportunidad informaron sobre los avances en logística y las medidas que se aplicarían sobre Puerto e Hidrovía.
Respecto a puertos, en la reunión se informó que dejó “sin efecto el cargo high cube (HC) en BACTSA (rebaja de costos de 195 U$S/cont); se redujo el escaneo de contenedores para todos los puertos a un 45% (baja de costos de 104.5 U$S/cont). Y se continúa trabajando para llevar el escaneo a un 10% de los contenedores (reducción adicional de 66.5 U$S/cont)”, precisó a la prensa la directora de Desarrollo Institucional de la Asociación Forestal Argentina, Claudia Peirano.
Al cierre del encuentro, Peirano indicó en contacto con ArgentinaForestal.com que “ya se logró una reducción del 30% de los costos del Puerto de Buenos Aires. El director de Puertos de Buenos Aires indicó en la reunión que ya se llegó al 10% de escaneo y se espera llegar al 7%, con mayor reducción de costos”.
Con respecto a los puertos de la Mesopotamia, se espera lograr consolidación de carga en el Puerto de Posadas para mejorar la escala. “La Licitación del Puerto de Posadas saldría en el mes de mayo próximo. En el caso de Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés solicitó evaluar un Puerto en Ituzaingó, a lo que Nación le solicitó que presente el pedido. El puerto de Ita Ibaté estará terminado en dos años y están evaluando un puerto en Lavalle. En el caso de Entre Rios, el Puerto de Concepción del Uruguay se encuentra operativo y con plan de dragado de 23+2, calaje que se lograría en dos meses. Por otro lado, el puerto de Ibicuy se encontrará habilitado en el segundo semestre.
Por otra parte, al analizar los resultados de la Sub-mesa sobre hidrovía, señalaron que el Dec. 27/2018 reglamentó el art. 6 de la ley de cabotaje, facilitando y flexibilizando la contratación de remolcadores. “En la reunión hubo un intenso intercambio sobre los alcances del art. del Dec. 27, hasta que finalmente se quedó en continuar con este tema en la reunión de la mesa específica”, informó Peirano.
En la reunión con Macri se analizó, además, la prórroga de la Ley de Promoción 25.080, la Ley de Tierras, la necesidad de obras en infraestructura y logística, e inversiones en celulosa y papel. El sector privado presentó a autoridades provinciales planteos sobre Ley de la Madera entrerriana, la de Insalubridad de la Industria de Celulosa y de Papel en Misiones, y la cuestión de la Ley de Tierras en Corrientes.
Los puertos argentinos en «estado crítico»
En agosto de 2017 el gobierno de Mauricio Macri tuvo el primer diagnóstico de la situación de los puertos argentinos. El informe fue publicado por Infoae y sostenía que la conclusión del resultado al que llegó la Auditoría General de la Nación (AGN) era «lapidario».
Sobre la situación de los puertos argentinos en materia de control, fiscalización, infraestructura y seguridad el estado era «crítico». «El descalabro es tan grande que la AGN no pudo obtener ni siquiera una lista oficial de la cantidad de puertos operativos en la Argentina. Ni siquiera fueron coincidentes los números entregados por la Dirección Nacional de Puertos (DNP) y aquellos que acercó Prefectura Nacional. Los auditores determinaron que existen 255 terminales portuarias en funcionamiento pero 116 de ellos funcionan sin la habilitación de Presidencia de la Nación», indicaron en la publicación.
«Se constató que sólo 42 puertos se encuentran habilitados a través del respectivo Decreto de habilitación. Teniendo en cuenta que existen Puertos que no requieren habilitación (por ejemplo los deportivos) y descontando estos 42 antes citados, aquellos desestimados, como así también aquellos no operativos, se arriba a un total de 116 Puertos que están operativos sin contar con la debida habilitación portuaria que otorga el Poder Ejecutivo Nacional», sentencia una de las partes del informe de 45 páginas que auditó lo realizado por la DNP entre enero de 2009 y octubre de 2014, mientras que las tareas de campo se realizaron entre marzo de 2015 y junio de 2016. La auditoría aseguró que la información entregada por la Dirección de Puertos es «inconsistente y poco confiable».
Con respecto específicamente a los Puertos de Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF), la información recabada tuvo diferentes resultados según quien la suministrara, a saber: DNP suma 46 Puertos, la Dirección de Asuntos Técnicos de Frontera (DATF) totaliza 61, y la PNA informa un total de 51 Puertos». El dato no es menor. Las autoridades de control no pueden determinar cuántos puertos fronterizos existen en la Argentina, en el marco de lo que significa, entre otras cosas, la lucha contra el narcotráfico, trata de personas y contrabando.
Cada página del documento es la descripción del caos. El 63,89% de los puertos objeto de la muestra que requieren autorización de amarre, no poseen dicho permiso vigente: «De los 50 casos solicitados, la DNP remitió los expedientes correspondientes a 46 de ellos. Del análisis de los mismos surge que: siete están exceptuados y tres se encuentran cerrados/sin actividad y/o desestimados. De lo expuesto surge que la labor del equipo de auditoría consistió en constatar la vigencia de dicho permiso en los 36 Puertos que sí lo requieren. Este relevamiento permitió verificar que sólo 13 de ellos tienen la convalidación de amarre vigente, exigida por la normativa». La situación fue calificada como de «riesgo».
El estudio constató que no había un protocolo de control de puertos ni habilitaciones y que la DNP ni siquiera cuenta con actas de inspección o manuales de procedimiento. «Las constataciones referentes a operatividad y seguridad en los puertos son débiles, dado que no surge de los citados informes de inspección el debido diagnóstico de las condiciones operativas existentes, ni es posible constatar el cumplimiento de los programas de seguridad portuaria, de los planes de contingencia y de la normativa relacionada al medio ambiente». Todo indica que en los puertos argentinos en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Tampoco se cumplen, ni se aplican, ningún tipo de sanción a las administradoras de puertos en falta y lo que es peor, no se «aplicó la suspensión de actividades» en situaciones que lo ameritaban.
Al momento del informe, tampoco existía una red informática que aglutine en tiempo real la información de las terminales, ni conecte a cada una de ellas, organismos, fuerzas de seguridad y entidades. A medida que se avanzaba en el análisis de la auditoría, las conclusiones eran aún más preocupantes: «No existe una Base de Datos confiable que permita un acabado y actualizado conocimiento del estado de seguridad y operatividad de la totalidad de los puertos». En términos de control, la foto lograda era insólita: el 82% de los puertos del universo determinado no se encontraba incorporado al Registro Nacional de Puertos (RNP).
De ese contexto, el gobierno nacional debe recuperar los terminales portuarias y reorganizar su funcionamiento para garantizar competitividad a los exportadores de las distintas actividades productivas de la argentina que buscar volver a ocupar un lugar en los mercados internacionales.
