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19
Abril
2017

La Nación le bajó el tono a la discusión por fondos para viviendas

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En el Ministerio de Interior y Obras Públicas descartaron que se les quite el manejo de los planes a las provincias.La intención de la Casa Rosada es que los recursos vayan efectivamente a la construcción de casas. Este año se invertirán 19 mil millones de pesos.

 

Fuente: La Voz

 

BUENOS AIRES (18/4/2017).- El Gobierno nacional mantendrá el envío a las provincias del financiamiento de los programas de construcción de viviendas sociales, pero hará más rigurosos los controles para que los recursos tengan ese destino y no sean manejados discrecionalmente por las administraciones locales.

 

En los albores de la campaña hacia las elecciones legislativas clave de medio término, la aclaración corrió por cuenta del Ministerio del Interior, a través de declaraciones periodísticas que hizo el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, el tucumano Domingo Amaya, al tiempo que el presidente Mauricio Macri firmaba ayer con 13 de las 24 provincias el denominado “Compromiso federal para la modernización del Estado” y la Casa Rosada ultimaba con gobernadores los términos del proyecto de ley sobre responsabilidad fiscal, cerca de ser enviado al Congreso.

 

“Eso no se hará”, dijo a la agencia oficial Télam el secretario a cargo de los planes de vivienda social en todo el país, que en los próximos cuatro años prevé la construcción de 120 mil viviendas con un presupuesto de 100 mil millones de pesos (19 mil millones este año), según el anuncio que hizo hace dos semanas el presidente Macri ante empresarios y sindicalistas de la construcción, en vísperas de la primera huelga nacional contra su política económica y social.

 

 

Amaya agregó: “Somos un país federal y respetamos a las provincias. Hoy por hoy tenemos 70 mil viviendas que se ejecutan, no sólo a través de las provincias, sino también con los municipios”.

 

 


Aclaración

 

Una fuente del Ministerio del Interior consultada por este diario descartó que pueda haber cambios en el mecanismo de financiamiento, ni ahora ni después de las elecciones: “Sería poco operativo y trabaría la ejecución de la obra pública, justamente ahora que después de ocho meses hemos logrado ponerla en orden y reactivarla”.

 

La aclaración fue motivada por una nota publicada ayer por el diario La Nación , según la cual el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a cargo de Rogelio Frigerio, pondría en marcha después de las elecciones un mecanismo que prevé la cancelación de pagos a los contratistas de las obras de manera directa por parte del Estado nacional sin la necesidad de pasar por las provincias, como sucede actualmente.

 

Aun así, en su aclaración, el secretario de Vivienda y Hábitat reafirmó la decisión gubernamental de incrementar los controles para que el destino de los fondos sean finalmente los planes de vivienda, “y no que se usen para pagar la luz u otros gastos corrientes, como ha pasado”.

 

Al respecto insistió en que para el Gobierno nacional sería conveniente la derogación de la ley de 2001 que permite a las provincias redireccionar discrecionalmente los fondos del Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda) porque “la situación del país hoy es distinta”, pero aclaró que ese cambio es “materia de decisión del Congreso Nacional”.

 

“Desde la Nación sí les pedimos a las provincias que armen una cuenta especial para que se ejecuten lo más rápido posible los fondos que enviamos para vivienda y hábitat, para que no vayan a una cuenta común”, dijo Amaya.

 

También mencionó, como formas de mayor control, que no se vendan más los pliegos de licitación de las obras, sino que se publiquen en la web y en forma gratuita para evitar la cartelización de las ofertas por parte de las empresas licitantes, como también que los futuros beneficiarios de las viviendas sean controlados a través del Sistema de Identificación Tributaria y Social (Sintys) de la Anses.

 

Además insistió en que cada Instituto de la Vivienda provincial abra una cuenta específica para los fondos para vivienda enviados por la Nación.

 

Macri, junto con el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, encabezó por otra parte la firma de un compromiso de modernización con 13 de las 24 provincias. No firmaron Córdoba ni Mendoza, aunque estuvo presente una funcionaria schiarettista, la secretaria General de la Gobernación, Silvina Rivero.

 

Macri instó a “dejar de lado la intervención nociva que ha tenido la política al transformar el Estado en un aguantadero”. Los cinco objetivos del acuerdo firmado son: la desburocratización del Estado, jerarquizar el empleo público, acceso a la infraestructura tecnológica y la planificación y el control por resultados para que el Estado tenga verdaderos compromisos de gestión.

 

 

En Córdoba, la discusión es por $ 1.600 millones. La Provincia licitó planes de vivienda, pero espera los fondos. El Gobierno de Córdoba ya licitó 1.428 viviendas, de un plan de dos mil que acordó con el Gobierno nacional. El programa indica que la Nación financiará la construcción de las viviendas, con un presupuesto de 800 mil pesos por unidad, y la Provincia aporta el terreno y la infraestructura. Si se tiene en cuenta que se levantarán dos mil viviendas, la gestión macrista deberá girar 1.600 millones de pesos. El ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales de Córdoba, José García, se mostró optimista y cree que los fondos llegarán, pero aclaró que, si bien las licitaciones están listas, los contratos se firmarán cuando la Nación envíe los recursos comprometidos.

 

 

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