Corrientes: tras la sanción de leyes que declararon el interés de promover industrias celulósico-papeleras y fondos para controles ambientales, se reavivó la polémica por tierras y el “no” a las pasteras

La ley de promoción de industrias de base forestal en Corrientes, aprobada recientemente por la legislatura, incluye el anexo de una partida de 100 millones de pesos para el contralor de la evaluación y monitoreo ambiental de las futuras pasteras, plantas celulósicas y proyectos de biomasa que se instalen en la provincia.

Por Patricia Escobar 

CORRIENTES (11/5/2019). Tanto el Gobierno de Corrientes, en conjunto con sectores privados de la foresto-industria deberán avanzar en la búsqueda de la aceptación social y ambiental para conseguir una revertir un eventual “rechazo” desde diferentes espacios de la comunidad que pedirán garantías para la protección de los recursos naturales ante el desconocimiento de los potenciales proyectos empresarios a instalarse, tras la sanción de leyes que promueven la instalación de industrias de celulosa y papel en la provincia.

La Cámara de Diputados de Corrientes sancionó esta semana dos leyes que podrían cambiar el escenario para el sector foresto-industrial con la promoción de inversiones de industrias de celulosa y papel en la provincia.

La propuesta del Ejecutivo Provincial fue aprobada por los diputados y senadores, con una Ley de Declaración de Interés, con carácter estratégico para el desarrollo de la economía local y de promoción de industrias celulósico- papeleras; y otra Ley de Protección Ambiental que regularía la actividad y dispondrá de un presupuesto de 100 millones de pesos para el control ambiental.

“Se trata del proyecto que busca favorecer la instalación de plantas celulósicas o papeleras, que incluía cambios normativos para dar certezas a los inversores. La iniciativa original recibió modificaciones, por lo que sanción definitiva incluye una especial mirada al control ambiental de emprendimientos industriales de base forestal”, explicaron los legisladores a la prensa local.

La iniciativa fue de autoría de los senadores Noel Breard, Sergio Flinta, Alejandra Seward, Ricardo Colombi y David Dos Santos, contó con el apoyo de las cámaras empresariales desde el APEFIC, Consejo de Crecimiento y Desarrollo Social y Económico, el Gobierno provincial y empresas foresto-industriales nacionales, además de los bloques opositores en ambas cámaras. Ahora, pasa al Poder Ejecutivo para su puesta su reglamentación y puesta en vigencia.

Parámetros y controles ambientales

Según se establece en la ley sancionada, el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), canalizará su gestión a través del Ministerio de Producción, o cualquier otro que lo sustituyera, a cuyas políticas adecuará su trabajo; con excepción de la industria celulósica y pastera, la industria de tableros y pellets, y la actividad industrial de biomasa para la generación de energía, las que se gestionarán por vía del Ministerio de Coordinación y Planificación, o cualquier otro que lo sustituyera, a cuyas políticas adecuará su trabajo.

Se añade además en la normativa que el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente dispondrá de los siguientes recursos:

los fondos asignados por la Ley anual de presupuestos de la Provincia, en la que se deberá prever una partida presupuestaria de pesos cien millones ( $100.000.000,00) o las que producto de las necesidades futuras sean necesarias para que el Instituto Correntino del Agua y Ambiente (ICAA) o el organismo que lo sustituya pueda financiar y llevar adelante convenios con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de forma tal de dar cumplimiento a la función de evaluación de impacto ambiental y monitoreo permanente de la instalación y explotación de las industrias celulósicas y del papel, la industria de tableros y pellets, y la actividad industrial de biomasa para la generación de energía.

b) los provenientes de créditos y recursos para planes, proyectos y programas que otorguen las instituciones públicas, mixtas o privadas, ya sean nacionales, provinciales, municipales o internacionales.

c) el producto de los derechos, cánones, y tasas establecidas en las leyes en las cuales el ICAA es Autoridad de Aplicación y las reglamentaciones que en su marco se dicten”.
La nueva ley establece asimismo en su artículo 15º que la actividad industrial celulósica y papelera, la industria de tableros y pellets, y la actividad industrial de biomasa para la generación de energía, y sus obras complementarias que generen impacto ambiental crítico o significativo.

Estas actividades además deberán desarrollarse en un entorno y con tecnología que reduzca al mínimo la posibilidad de generar un impacto ambiental. Al respecto, se deberá dar cumplimiento a la normativa de protección ambiental vigente, especialmente en lo referente a los vuelcos y a las emisiones gaseosas.

Todas las empresas deberán realizar una evaluación de estudio de impacto ambiental y monitoreo posterior, de acuerdo a lo mandado por la ley aprobada.

Inversiones para un clúster forestal sostenible

El proyecto de declaración de interés en Corrientes aún no pasa de ser solamente una expresión enunciativa sin peso jurídico desde la mirada de los inversores. Fue un mensaje para las grandes multinacionales y potenciales inversores que reclaman en todos los espacios al gobierno de Corrientes y al gobierno de Cambiemos, principalmente revisar los límites de venta de tierras a extranjeros establecidos en el Art. 61 de la Constitución Provincial, y .

La revisión del alcance es uno de los principales planteos de las empresas miembros de la Asociación Forestal Argentina (AFoA) y de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), ya que consideran es una traba para el desarrollo de la actividad.

A Entre Ríos, el primer reclamo fue lograr la derogación de la Ley de la Madera, respuesta que se logró por parte del  gobernador Gustavo Bordet, quien consideró viable para potenciar la actividad en la provincia, y eliminó la normativa que trababa las exportaciones de rollos de madera. Hoy, forestales de la provincia están exportando rollos a China.

Al gobierno de Misiones, el reclamo que se mantiene desde las empresas de Celulosa y Papel –pero no se avanzó en su revisión en el ámbito de la Provincia- es un pedido de “derogación de la Ley de Insalubridad en toda las industria de Celulosa y Papel del territorio provincial”.

Las primeras reacciones de rechazo

Las repercusiones de las organizaciones civiles y ambientales no son tan auspiciosas en las redes sociales, como reflejan los medios de comunicación de la provincia con las declaraciones de los funcionarios de gobierno, los legisladores y referentes de la actividad foresto-industrial.

La licencia social será el principal desafío para consolidar el cluster forestal sostenible, y este trabajo deberá enfrentarse en conjunto entre el sector público, privado y organizaciones civiles.

Entre las repercusiones, la Organización Guadianes del Iberá  llama a la comunidad a movilizarse: “ Ante la reciente aprobación de la ley que declara de interés estratégico para el desarrollo económico la instalación de industrias de pasta celulosa para papel en Corrientes, quienes conformamos Guardianes del Yvera expresamos nuestro rechazo ante este camino que pretende trazar el gobierno provincial hacia un futuro que nada tienen que ver con las profundas necesidades con las que vivimos”, expresaron.

“Este proyecto, que se basa en desarrollo del monocultivo forestal, el cual nos ha significado ser la provincia más forestada del país, con más de 500 mil hectáreas de pino y eucalipto, es el paso a seguir para continuar con la terrible política extractivista que ha fomentado la precarización laboral, el trabajo en negro, la disminución drástica de la vida campesina tradicional, el consumo a gran escala de agua dulce y un daño irreparable de la biodiversidad de nuestros pastizales”, describieron en una carta abierta.

Consideraron que “esta política productiva no ha tenido como resultados ni progreso ni desarrollo sostenible, sino el índice de pobreza más alto de la Argentina” y señalaron respecto a la normativa que “no es ninguna garantía una norma complementaria puesta como pantalla, que estas industrias actuarán con respeto a la naturaleza o “minimizando” los daños que puedan provocarle; y hay todavía menos seguridad cuando el organismo contralor y con poder de policía para supervisar este tipo de inversiones es el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) al que, como si fuese un mal chiste se lo premia sumando 100 millones de pesos más a su presupuesto anual por ser la oficina irresponsable de la cual se han logrado las más vergonzosas autorizaciones, recordemos el conocido caso del terraplén de Yahaveré, la venta irregular de tierras fiscales e islas para negociados privados, el fracaso del proyecto Ayuí (fallido gracias a la lucha popular) y la más reciente e inútil destrucción del riachuelo correntino”, expusieron.

Finalmente, adelantaron que “no vamos a permitir la instalación de ningún tipo de industria contaminante, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para frenar este plan nefasto y dañino, reclamando en principio consulta pública y una audiencia libre, previa y de participación ciudadana”, concluyeron.

 

 

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