Consejo Indígena rechazó medidas de Jair Bolsonaro que afectarán derechos constitucionales de los Pueblos Originarios

El gobierno brasileño decretó, en su primer acto de poder, la destrucción de los derechos adquiridos en los artículos 231 e 232 de la Constitución Federal, carta magna del país. “Bolsonaro atacó severamente a los Pueblos Indígenas, sus derechos fundamentales a la tierra, el de ser diferentes, el de ser sujetos de derechos y sus perspectivas de futuro”, cuestionan desde Consejo Indigenista Misionero (CIMI), en Brasilia. En Argentina, ENDEPA y otras organizaciones repudiaron la medida y acompañan a las comunidades indígenas brasileñas en su lucha por sus derechos.

 

Por Patricia Escobar 

 

BRASIL (6/1/2019).- Desde la Argentina, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) ratificó el apoyo y acompañamiento al Consejo Indigenista Misionero (CIMI), con sede en Brasilia, que emitió un documento en “repudio” a los actos y decisiones que fueron anunciados por el gobierno de Jair Bolsonaro, en relación a los Derechos Indígenas y la recuperación de sus territorios.

A través de un documento público, desde CIMI se “repudia medidas que pretenden gestar en el país a partir de propósitos que visan descalificar los derechos individuales y colectivos de Comunidades y Pueblos tradicionales, atacar líderes que luchan por Derechos, amenazar y criminalizar defensores y defensoras del medio ambiente, indigenistas, entidades y organizaciones de la sociedad civil”.

 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, minutos después asumir el 01 de enero de 2019, dictó la Medida Provisoria 870/2019, decreto que tiene la finalidad de establecer la estructura del gobierno, los objetivos y funciones, sus ministerios, órganos y las medidas que serán adoptadas por la administración pública federal.
“Entre las medidas está la transferencia de la Fundação Nacional do Índio (Funai), que hasta entonces se encontraba en el Ministerio de Justicia (MJ), para el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. Concurrentemente a eso, retiró de la Funai sus principales atribuciones, de proceder a los estudios de identificación y delimitación de tierras, promover la fiscalización y protección de las áreas demarcadas, bien como aquellas donde habitan Pueblos que todavía no establecieron contacto con la sociedad nacional”, detallaron.

El gobierno brasileño, además de vaciar las funciones legales del órgano de asistencia a los Pueblos y Comunidades Indígenas, transfirió para el Ministerio de la Agricultura comandado por terratenientes, que se oponen a los Derechos de los Pueblos, la atribución de realizar los estudios de identificación, delimitación, demarcación y registro de áreas requeridas por los Pueblos Indígenas, explicaron.

 

 

Sumado a todo esto, el gobierno decretó, en su primer acto de poder, la destrucción de los derechos adquiridos en los artículos 231 e 232 de la Constitución Federal, carta magna del país. “Bolsonaro atacó severamente a los Pueblos Indígenas, sus derechos fundamentales a la tierra, el de ser diferentes, el de ser sujetos de derechos y sus perspectivas de futuro”.

Entregar la demarcación de tierras Indígenas y Quilombolas a los ruralistas – transfiriendo tal responsabilidad de la Funai y del Incra al Ministerio de la Agricultura – el gobierno no respeta las leyes y normas infra constitucionales, así como afrenta la Constitución Federal.

“Hiere, de pronto, el Art. 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) – sobre Pueblos Indígenas y tribales, promulgada por el Decreto nº 5051, el 19 de abril de 2004, bien como afrenta el Art. 1º del Decreto 1775/1996, Art. 19 de la Ley 6001/1973 y los Arts. 1º y 4º del Decreto nº 9010/2017. La medida hiere todavía los derechos culturales de los Pueblos Indígenas con fundamento en el Art. 129, inciso V, de la Constitución Federal”, remarcaron en el documento los miembros del CIMI.

 

Empresas mineras, rurales y madereras en la mira

El Consejo Indigenista Misionero repudió así públicamente las medidas anunciadas, denunciando que “se trata de una colusión articulada por la bancada ruralista, empresarios de la minería y de la exploración maderera con el objetivo de desencadenar un intenso proceso de robo de las áreas demarcadas, entregarlas a emprendimientos de la iniciativa privada del país y del exterior y además de eso, inviabilizar nuevas demarcaciones de tierras tradicionales”, afirmaron en su documento.

Desde el CIMI entienden que el gobierno recién empezado pretende gestar el país a partir de propósitos que visan descalificar los derechos individuales y colectivos de Comunidades y Pueblos tradicionales, atacar líderes que luchan por derechos, amenazar y criminalizar defensores y defensoras del medio ambiente, indigenistas, entidades y organizaciones de la sociedad civil. “El ataque es hacia todos aquellos que se colocan contra el proyecto de explotación indiscriminada de las tierras y de los recursos en ella existentes. No es casualidad que la misma medida provisoria, determina que una Secretaria de Gobierno, comandada por un militar, haga el monitoreo de actividades y acciones de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales en el territorio nacional”, remarcaron.

 

Finalmente, consideraron que “a partir del protagonismo de los Pueblos Indígenas, de las demás Comunidades y grupos sociales afectados por las medidas arbitrarias del gobierno de Bolsonaro, creemos que serán desencadenadas intensas articulaciones, campañas y movilizaciones – en el país y en el exterior – con el objetivo de llamar la atención de los organismos y sociedad, para percibir la desastrosa política puesta en práctica en Brasil, llamando a todos a que se manifiesten junto a las autoridades, en la perspectiva de que la Medida Provisória 870/2019 sea rechazada por el Congreso Nacional asegurando entonces que los derechos individuales y colectivos se tornen prioritarios frente a los intereses políticos y económicos corporativos”, concluyeron en el documento.

 

Fuente: EDEPA/CIMI

Fotos: Guilherme Cavalli y Tiago Miotto (CIMI)

 

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