¿Qué le falta a la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial en la Argentina?

La repuesta: La participación activa de la sociedad civil

La nueva ley de responsabilidad penal empresarial ha quedado por lo menos desactualizada o incompleta a la luz de lo que se conoce como el “caso de los cuadernos” o “la mafia los cuadernos”, que ha desatado un proceso de transparencia que -esperemos- puede erradicar la corrupción en la contratación y la actuación con el estado en la República Argentina.

Desde hace tiempo sostengo que si el responsable de integridad no tiene suficiente poder para moverse con independencia y libertad «caiga quien caiga», todo intento de cumplir el fin legal -y social- de luchar contra la corrupción será vano, nuevo Gatopardismo cambiando algo para que nada cambie.

A su vez, he señalado que creo que una forma de generar un verdadero y positivo conflicto de interés que justifique e incentive al responsable de integridad a «patear el tablero» ante un caso de corrupción es enfrentarlo, esta vez sí a un dilema no sólo ético sino vital: o investigo y denuncio, o salgo perjudicado en lo personal. Pero, a la luz de los acontecimientos, parece no alcanzar tampoco.

El periodista Hugo Alconada Mon del diario La Nación de Buenos Aires comentó que tras entrevistar a las máximos responsables de procesos similares en el Brasil (Lava Jato) y más atrás en el tiempo en Italia (Mani Pulite), concluyó que su éxito tuvo que ver con la presión pública que se ejerció desde la ciudadanía en cada uno de sus casos; sin ella no se hubiese podido avanzar tanto como se avanzó en esos procesos.

En la Argentina nos encontramos con una ley dictada hace poco tiempo, reglamentada recientemente y con una muy baja tasa de implementación; las empresas están expectantes, preguntan, van a seminarios y charlas, pero en la práctica todavía no se han visto resultados concretos y generalizados de la implementación de un sistema de integridad, y no “por cumplido”, sobre todo en aquellas empresas que obligatoriamente deben hacerlo como son las que contratan con el estado en cualquiera de sus niveles.

De antemano se puede señalar que el sistema diseñado y pensado por la ley, por su reglamentación, e incluso por el proyecto que está manejando la Oficina Anticorrupción y que fue lanzado a consulta pública, no conoce los resortes de la toma decisiones en las empresas tan profundamente como se requiere.

Hay que tener presente que las empresas no son organizaciones democráticas; el verticalismo es la norma, y quien se aparte de ella puede ser duramente castigado, directa o indirectamente; cualquiera que haya trabajado o trabaje en empresas en cargos directivos gerenciales de alta dirección lo sabe, y son normas no escritas que influyen a la hora de la toma de decisiones y de la acción de los directivos, aún en los de más alto rango. Imaginemos cómo puede hacer un responsable de integridad, por más alto cargo que tuviere, para apartarse de esa regla no escrita de no denunciar a su jefe, debiendo hacerlo aún en el caso de que ese jefe sea el gerente general, el dueño de la compañía, o un accionista mayoritario.

Incluso fuera de la Argentina, en el llamado “viejo mundo”, he tenido que intervenir en casos en forma personal de denuncias de hechos de corrupción interna en empresas de clase mundial, en los que pese a contar con un sistema de denuncias formal y supuestamente confidencial, y un ombudsman externo a cargo de su recepción, nada pasó. Puro marketing mal entendido. Y mucha frustración e impotencia.

Es por eso que, en paralelo con lo relatado por el prestigioso periodista en los casos de Italia y Brasil, y adaptándolo a la realidad empresarial, distinta a la pública, se torna imprescindible incorporar a la sociedad civil en los procesos de integridad de las empresas.

Cómo hacerlo?

El sistema debe contar con un responsable interno de integridad, un ombudsman corporativo de reputación comprobada y un comité de integridad conformado además con por lo menos tres miembros de ONGS: una dedicada a temas de transparencia, una a lo ambiental y una a lo social.

El ombudsman deberá contar además con el apoyo de personas con experiencia en iniciativas de diálogo social y de coordinación de grupos de interés (Stakeholders).

El procedimiento, con los acuerdos y resguardos de confidencialidad necesarios, contemplará el monitoreo permanente tanto en el sistema de prevención como ante la detección o denuncia de hechos de corrupción.

Es una propuesta preliminar -pero necesaria- para evitar que, una vez más, cambie algo para que nada cambie como enseñó Lampedusa en su Gatopardo.

La resistencia inicial será un escollo a vencer. En uno y otro mundo (el empresario y el de la sociedad civil). Con distintos motivos pueden surgir los prejuicios.

Pero ese es un tránsito que la transparencia nos exige como sociedad diezmada por sistemas corruptos de dobles discursos y contabilidades paralelas casi ancestrales.

PE

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